El gobierno español advirtió hoy que el barco de la ONG española Pro Activa Open Arms afronta una posible multa de casi un millón de euros a pesar de haber salvado la vida de más de 160 personas en su última misión en el Mediterráneo, que terminó con el desembarco de 83 migrantes la pasada madrugada en la isla italiana de Lampedusa por una orden judicial.
«El Open Arms no tiene permiso para rescatar, lo sabe el capitán del barco», afirmó hoy la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, al referirse a la sanción de hasta 900.000 euros que pesa sobre el barco, al que España autorizó a zarpar de Barcelona en abril con licencia exclusiva para transportar ayuda humanitaria, así lo informó Télam.
«Nuestro país es un Estado de derecho y las instituciones, poderes públicos y ciudadanos estamos sometidos todos a las leyes, nadie está a salvo de esto, incluido un barco», insistió Calvo en declaraciones a la radio española Cadena Ser.
