Paro nacional universitario: docentes exigen recomposición salarial.
El sistema de educación superior en Argentina atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Este lunes 16 de marzo, las principales federaciones gremiales, CONADU y CONADU Histórica, iniciaron una medida de fuerza de alcance nacional ante el drástico deterioro de los ingresos de los trabajadores del sector. El paro afecta de manera directa el comienzo del ciclo lectivo en instituciones emblemáticas como las universidades nacionales de Córdoba y La Plata, mientras que en la Universidad de Buenos Aires (UBA) la situación escala hacia una huelga por tiempo indeterminado.
La principal demanda de los sindicatos es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, la cual contempla una recomposición salarial del 55,4 % para equiparar la pérdida frente a la inflación acumulada. Según La Iguana, el salario real de los docentes universitarios se encuentra actualmente un 35,6 % por debajo de los niveles registrados en 2023, una cifra que sitúa el poder adquisitivo del sector incluso por debajo de los niveles críticos de la crisis económica del año 2004.
Pérdida del poder adquisitivo y conflicto presupuestario
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, brindó detalles alarmantes sobre la situación del personal académico. Según la referente, los docentes han perdido el equivalente a once sueldos en el último año, debido a que los incrementos otorgados por el Ejecutivo quedaron extremadamente rezagados frente al costo de vida. La huelga, programada en dos tramos durante marzo, coincide con el periodo de mayor actividad académica por el inicio de clases en la mayoría de las facultades del país.
Por otro lado, el escenario legislativo añade una capa de incertidumbre al conflicto. A pesar de que la Ley de Financiamiento fue ratificada por el Congreso tras un veto presidencial fallido, el Gobierno nacional ha enviado un nuevo proyecto parlamentario. Actualmente, una medida cautelar mantiene en suspenso la ejecución de los fondos estipulados por la normativa vigente. En paralelo, el presupuesto proyectado para el año 2026 prevé una caída real del 3,5 % para las casas de altos estudios, profundizando el desfinanciamiento.
Hacia una marcha federal y el riesgo de colapso operativo
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha emitido una advertencia contundente: para evitar un colapso financiero y operativo, el sistema requiere una partida presupuestaria un 61 % superior a la asignada originalmente. Los datos son elocuentes respecto a la desinversión: durante 2025, el presupuesto educativo superior perdió casi un 9 % de su valor real, acumulando una caída del 30 % desde el inicio de la actual gestión administrativa. Esta asfixia económica pone en riesgo no solo los salarios, sino el funcionamiento básico de las universidades.
Como parte del plan de lucha, los sindicatos confirmaron la realización de una gran marcha federal para el próximo 23 de abril. El objetivo de la movilización es visibilizar el reclamo por la educación pública, la soberanía científica y la dignidad laboral. De no mediar una respuesta favorable por parte de las autoridades nacionales, la continuidad de la huelga por tiempo ilimitado marcaría un hito de conflictividad gremial sin precedentes, amenazando con paralizar por completo el año académico en toda la Argentina.
