La presentación es por el jury al juez de Familia, Martín Alesi. Alegan que todos los procedimientos realizados por los miembros del Superior Tribunal de Justicia fueron forzados por tratarse de un presunto hecho violento con el actual presidente de la Corte provincial, Mario Vivas.
Tal como destaca El Chubut, el pedido de juicio político será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Manuel Pagliaroni y de ahí podría derivar en la sala de Acusar y Juzgar siempre y cuando haya dictamen previo de la comisión.
La solicitud fue ingresada por Adriana Elisabeth Rogers, Angela Yanina Arrieta, María Alejandra Antilef, Sabrina Joana Ovelar, Cecilia Izarriaga, Yanina Vanesa Riberos, Miriam Dolores Miranda, Carolina Yevenes, Natalia Elizabeth Délia, Romina Inés Silvestre, Patricia Elisabet Rizzo y Mariana Valpreda Burgos, además de Oscar Jerónimo Díaz.
ESCÁNDALO INSTITUCIONAL
El documento deja de manifiesto que el accionar de Panizzi, Donet y Porras Hernández «es de un escándalo institucional» sin precedentes. «Es público y notorio que el ministro Mario Vivas, del Superior Tribunal de Justicia, denunció en mayo de 2018 que en horas del almuerzo en un restaurant de la ciudad de Trelew, el juez Alesi le habría impedido el paso, ejerciendo luego presión sobre uno de sus brazos y lo llamó ‘censor’ a los gritos, reprochándole la actitud asumida por el STJ, que días antes le impidió asistir a una invitación de la Legislatura para exponer sobre materias de su conocimiento», detalla el pedido de juicio político.
Las denunciantes advierten que «Vivas dice que Alesi le gritó, aspecto sumamente grave, dado que ha sido desmentido por la totalidad de los testigos que declararon en el sumario, inclusive los propios testigos de cargo propuestos por el denunciante». Calificaron que el proceso al que está siendo sometido Alesi «es totalmente falso».
En la presentación puntualizan que el entonces presidente del STJ, Alejandro Panizzi, «dispuso la formación de un sumario designando como instructor a su par Donnet», convirtiéndose «por primera vez en la historia del Superior Tribunal de Justicia, y de cualquier otra Corte de este país, en designar a los propios pares del denunciante para la substanciación y resolución del sumario».
«Aparece claramente que la destitución de Alesi ya estaba decidida de inicio. ¿Quién puede pensar que la instrucción sumarial de Donnet, y la Superintendencia a cargo de Panizzi, se atreverían a dejar en evidencia que su propio colega, Mario Vivas, incurrió en una falsa denuncia?», se preguntan las denunciantes.
No obstante, dejan otro interrogante: «¿Qué margen podrían tener para acoger favorablemente algún argumento o hecho defensista de Alesi, que dejara mal parado a un colega de la Corte Provincial?».
LOS MOTIVOS CONTRA PORRAS HERNÁNDEZ
En cuanto a Porras Hernández, las denunciantes alegan un presunto mal desempeño que deriva por no cumplir con lo que dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Aseguran que «convalidó el procedimiento inconstitucional de usurpación de funciones del Consejo de la Magistratura; ratificó que Alesi debía ser expulsado del Poder Judicial por haber incurrido en una inexistente falta grave en el ejercicio de sus funciones; avaló que el promotor del proceso de remoción de Alesi -Panizzi-, ejerza sin reproche alguno el cargo de presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, en abierta violación al derecho a un tribunal imparcial».