La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciaba hace 40 años una visita a Argentina para verificar las denuncias que había recibido sobre torturas, persecuciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que perpetraba la dictadura militar como parte de un plan sistemático de terrorismo de Estado.
Las presentaciones ante la CIDH sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometían en Argentina se remontaban a 1975, pero tras el golpe de Estado del 24 de marzo del año siguiente, las denuncias se multiplicaron, sobre todo las referidas a casos de desapariciones.
La dictadura militar que encabezaba Jorge Rafael Videla se negaba a recibir a los integrantes de la CIDH, al punto de lanzar una campaña de desprestigio contra los organismos de derechos humanos.
La presión ejercida por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y su secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, permitieron que en diciembre de 1978 los militares argentinos aceptaran que una delegación de la CIDH llevara adelante una visita al país.
La delegación de la CIDH llegó a Argentina el 6 de septiembre de 1979 y permaneció en el país hasta el 20 de ese mes, y las oficinas de la OEA, ubicadas en Avenida de Mayo al 700, recibieron 5.580 denuncias por parte de las víctimas, y los organismos de derechos humanos aportaron otras 3.000.
“Llegué a la mañana muy temprano y tuve que hacer varias horas de cola para presentar mi caso. Era una fila larguísima que daba vuelta a la manzana. Todos éramos familiares que desde hacía años buscábamos a nuestros desaparecidos”, cuenta en diálogo con Télam Cristina Muro, esposa de Carlos Alberto Chiappolini, secuestrado por los grupos de tareas de la ESMA en febrero de 1977.