Una situación compleja se produjo hoy en lo que iba a ser el inicio del juicio oral y público por presuntas estafas multimillonarias en perjuicio de un jóven heredero de Gaiman, cuando varios de los defensores solicitaron al tribunal la reprogramación del evento ante dificultades para asumir la representación de sus defendidos.
En la sala de audiencias del sexto piso de tribunales los Jueces César Zaratiegui, oficiando de presidente, María Tolomei y Fabio Monti como vocales, escucharon las argumentaciones dadas por los defensores públicos Lisandro Benítez y Miguel Moyano, quienes ejercieron las defensas de Diego Armocida y Daniel González respectivamente.
Ambos aludieron a las deficiencias por las que está atravesando el Ministerio Público de la defensa, con varios integrantes con pedido de licencia por diversos motivos: algunos preparándose para un concurso en el consejo de la magistratura y otros con problemas de salud. Lo cierto es que señalaron haberse hecho cargo de las actuaciones en esos mismos momentos y marcaron las dificultades para poder llevar adelante una estrategia acorde desconociendo los pormenores del caso, lo que afectaría la legítima defensa de sus clientes.
Benítez solicitó se le de un tiempo prolongado hasta el 19 de noviembre aproximadamente, mientras Moyano también anotició de viajes previstos por González para llevar adelante actividades impostergables relacionadas con un posgrado, lo que haría que se ausente de la zona en varios días de noviembre y diciembre. Contaron con el apoyo de Ignacio Britos, defensor de Aristóbulo Villegas y Fabián Gabalachis, quien junto a Gustavo Uad representan legalmente al escribano Agustín Ojeda Ton.
El fiscal general Fabián Moyano se opuso a la petición indicando el tiempo de trabajo que ha llevado la investigación hasta llegar a juicio y exponiendo sobre los perjuicios que esto implica para todos los involucrados, incluyendo a los testigos ya citados que son mas de cuarenta. Aludió que en su momento pidió se determinara a este caso como complejo, lo que fue denegado y ahora resulta que la defensa habla de complejidad. Señaló que no puede acomodarse la fecha de juicio a los posgrados o actividades de cada uno e informó que el día 7 se llevó adelante la audiencia por el artículo 300 que es para programar los debates y no hubo ninguna objeción de las partes. En cuanto a las dificultades del ministerio de la defensa, expuso que en la fiscalía se viven las mismas dificultades y tal vez mayores aún, ya que los funcionarios no puede acudir a los juicios, y sin embargo se trata de cumplir con todo lo requerido.
A su turno tanto el querellante representante del jóven víctima, Jorge Enrique Ferrada como los asesores de familia Ivana Baskov y Pablo Rey expresaron su acuerdo con la postura fiscal y sugirieron que se podría dar una postergación del comienzo de este juicio pero por el término de hasta cinco días.
Luego de un cuarto intermedio, los integrantes del tribunal retornaron a la sala y manifestaron haber resuelto que la oficina judicial deberá fijar nueva fecha del juicio oral y público en un término de diez días y que la misma no podrá exceder a lo que falta del año. Es decir se deberá fijar una fecha para el mes de noviembre o diciembre, atento lo señalado por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la posibilidad de caducidad de la causa.
El Ministerio Público Fiscal imputa a Diego Armocida la comisión del delito de estafa por captación de incapaz del artículo 174 inciso 2 del código penal, diez hechos en concurso real ( artículo 55 del código), al abogado Daniel González y el escribano Agustín Ojeda Ton, de acuerdo a estafa por captación de incapaz, nueve hechos en concurso real. También se imputa a Aristóbulo Villegas por el delito de estafa por captación de incapaz en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta del artículo 173, inciso 7 del código penal, ya que este último participó en la administración de un bien inmueble perteneciente al jóven, el cuál vendió haciéndose de un poder, obteniendo un vehículo y varios cheques de tal operación. Subsidiariamente, para el caso de estimar el tribunal que no se dan los extremos para captar la conducta de los imputados en la figura del artículo 174 inciso 2 del código penal, el fiscal Moyano solicitó sean condenados por el delito de estafa, habiendo mediado abuso de confianza y engaño hacia la víctima. Según lo estimado por el fiscal general la estafa es sobre 12 propiedades con un valor estimado a los ochenta millones de pesos.