Luego de casi un mes y medio de audiencias en las que desfilaron unos 70 testigos, para este jueves a las 10 hs. en la Oficina Judicial de Rawson, está previsto que se conozca el veredicto para los 12 imputados en la causa “Embrujo”. La decisión está a cargo del tribunal de enjuiciamiento que integran los jueces definidos por sorteo, Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón.
Los imputados son Diego Correa, Federico Gatica, Diego Luters, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Juan Ramón, Sandro Figueroa, Giuliana Mc Leod, Domingo Correa, Jorge Godoy, Cristian Gisande y Rubén Reinoso.
Con distintos grados de participación y responsabilidad se les imputan los delitos de fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito, negocios incompatibles con la función pública y lavado de activos. Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez comenzaron la investigación a fines del año 2017 y en marzo del año siguiente se produjeron las primeras detenciones. Consideran que mediante la conformación de tres empresas y el accionar con obras públicas contratadas y direccionadas de manera ilícita, el grupo logró hacerse del dinero suficiente como para comprar siete vehículos en general de alta gama, además de hacerse de terrenos, chacras y propiedades en Rawson, Trelew, Playa Unión y Lago Puelo.
Los querellantes representantes de la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción, la agrupación política Iniciativa Ciudadana y los diputados provinciales denunciantes del Frente Para la Victoria, acompañaron la investigación de los fiscales a excepción de estos últimos que pidieron la absolución para tres de los imputados.
Entre los imputados, algunos de ellos están detenidos en la Alcaidía de Trelew o comisarías de la zona, otros siguieron el proceso con arresto domiciliario y otros permanecieron en libertad, aunque con obligaciones de presentarse periódicamente antes la Justicia.
De manera coincidente los fiscales y todos los querellantes pidieron la absolución para Darío Domingo Correa. En el proceso estuvo imputado del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.