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Será a las 15 horas, momento en el que está previsto que los jueces de la misma den a conocer culpabilidad o inocencia de los ocho imputados que desde hace dos meses son sometidos a juicio oral y público.

Se trata de los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales que durante más de una semana estuvieron deliberando luego de las extensas jornadas de desfile de testigos y disputas entre los fiscales investigadores y los defensores de los imputados.

Las audiencias que se llevan a cabo en la Oficina Judicial de Rawson en el juicio oral y público por la causa “Revelación” se han convertido en extensas debido las largas exposiciones de las partes en la etapa de los alegatos.

La complejidad de los hechos investigados, la gran cantidad de pruebas exhibidas, los numerosos testigos que desfilaron, la cantidad de imputados y la variedad de imputaciones, hace que en estos días los jueces que integran el Tribunal intenten acelerar el proceso. Pero se encuentren enfrente con pedidos de más prórroga de tiempo por parte de algunos defensores que necesitan analizar con mayor profundidad la línea argumental a exhibir como conclusión final de sus posturas.

Esto hizo que cerca de las 20.30 del miércoles pasado, al intentar organizar las próximas jornadas, los jueces coincidieran en no dar más prórroga a algunos defensores y confeccionaran un listado con el orden de las exposiciones. “No aceptaremos más dilaciones”, indicaron. Fue tras los alegatos de los abogados Fabián Gabalachis (defensor de Diego Correa y Pablo Oca) y de Carlos Villada (defensor de Alejandro Pagani).

Citaron además a todas las partes a continuar a las 14.30 del jueves santo. A su turno y tal como lo ha venido argumentando en los últimos debates en los que le ha tocada participar en causas contra la administración pública, el abogado Gabalachis cuestionó una vez más la gura penal de la asociación ilícita.

Luego el defensor de Alejandro Pagani, entre otros conceptos cuestionó la investigación respectos de la lo que a su criterio son deficiencias en cuanto a la descripción de los hechos.

“Los fiscales hablan de cheques y de empresas, pero nada dicen en referencia a las obras ejecutadas y los lugares donde se hicieron”, ejemplificó. Destacó que su cliente no tenía injerencias en los pagos y que las pruebas en su contra “son forzadas y mero maquillaje”.
En las primeras horas de la tarde de este jueves fue el turno del experimentado abogado de Trelew Emilio Galende. Deende a Víctor Cisterna, considerado como una de las cabezas de la presunta asociación ilícita cuando ocupaba su cargo de Ministro de Economía de la Provincia.

Concierto

Calicó a la investigación como “un concierto de indicios incomprobables” preguntándose si su cliente, “puede enriquecerse ilícitamente con un sobresueldo de 30.000 pesos”.
A lo igual que sus antecesores, Galende pidió también la absolución para su cliente.

Luego fue el turno de Jorge Rubiolo, defensor de Martín Bortagaray. Dijo que se cliente “no formó parte de una asociación ilícita”. Citó dichos de varios testigos que a su entender benefician a su cliente, entre ellos aquellos que daban cuenta de que Bortagaray cumplía órdenes y que esta conducta “no alcanza para ser parte de una asociación ilícita” ya que ese tipo penal “reúne muchas más condiciones”. Dijo que tampoco fue parte de los cinco casos de “cohechos” que le imputan al ex funcionario. Cuestionó también a los fiscales por no haber investigado a otros funcionarios que figuran en la lista de renombrada Lista de Luters cobrando sobresueldos.

La justicia de Chubut rechazó el pedido de sobreseimiento que presentó la jueza civil y comercial de esa provincia Alicia Arbilla, investigada penalmente en el marco de una causa donde, a través de demandas laborales, hubo una maniobra de desapoderamiento de activos pertenecientes al Grupo Indalo.

El juez Ricardo Rolón ordenó el embargo de un generador que pertenecía a la firma Ganadera Santa Elena SRL y que había sido rematado “a precio vil” a partir de autorizaciones judiciales que había conseguido el presidente del Colegio Público de Abogados de Esquel, José María Venancio.

El caso es un escándalo que sacude a los tribunales chubutenses y que puede tener otras repercusiones: uno de los bienes que no logra recuperarse es un Sampi (un autoelevador Toyota) que pertenecía a una de las empresas en concurso de acreedores del holding, lo que puede entrar en colisión con las actuaciones de la justicia comercial de la Capital Federal.

La causa fue impulsada por la fiscal María Bottini que imputó a Arbilla, Venancio y a Elías Simeoni, el “ganador” del remate que se quedó por $97 mil con un generador Caterpillar cuyo valor de mercado era de u$s160 mil.

Todo eso fue autorizado por Arbilla en su calidad de jueza, quien podría ser acusada de violación de los deberes de funcionario o directamente como partícipe necesaria de robo si, según como se investiga, pudo tener acuerdo con Venancio en llevar adelante la maniobra, y no fue simplemente engañada.

En su descargo, la jueza redobló la apuesta: insistió en apuntar contra Ganadera Santa Elena por no haber apelado dentro del plazo. Sin embargo, para la fiscalía hubo posibles delitos que ocurrieron ante la vista de la jueza. El Consejo de la Magistratura local abrió un proceso disciplinario pero mira de reojo lo que está ocurriendo en la causa penal para avanzar en su destitución.

Arbilla quería que la exculpen y salir de la causa. No lo consiguió y por el contrario, obligó al juez Rolón a enfrentarla con un panorama que tiene, por impulso fiscal, a la provincia de Chubut litigando y que además sumó como querellantes a las empresas del Grupo Indalo, perjudicadas patrimonialmente con el desapoderamiento de bienes.

Los denunciantes pidieron que se excluya a Venancio como depositario judicial. Termina siendo insólito que quede con la guarda de los objetos quien, en paralelo, es investigado por su participación en el simulacro de demanda laboral que terminó llevándose activos por montos exorbitantes. Venancio dio a las autoridades tres domicilios -o falsos o inexistentes- donde presuntamente se hallaría la variopinta cantidad de objetos y bienes que se llevó del frigorífico con el argumento de los embargos para cobrar indemnizaciones laborales.

Algunos bienes fueron hallados en una cuarta locación. Lo cierto es que oficialmente nunca se había comunicado esa dirección por lo que ahora la deriva es investigar cómo el abogado proporcionó esa información sin seguir los carriles habituales. Hay un teléfono en custodia sobre el que Simeoni se negó a facilitar acceso que debe ser peritado.

La secuencia tiene todos los ribetes de escándalo y no pasa desapercibido en la interna judicial de la provincia en la que un juez y una fiscal apuntan contra una jueza y abogados locales que pisan fuerte en el terreno y que, evidentemente, no preveían que nadie les fuera a reclamar el desguace de una de las empresas. Tanto así que no dejaron asentado ninguno de los datos precisos sobre vehículos secuestrados (algo en lo que Arbilla debió haber reparado) y que llevaron a confundir uno que era propiedad de una de las empresas concursadas de Indalo. Es decir que desapareció uno de los bienes que están bajo la órbita de un juzgado comercial, algo que agrava aún más el conflicto.

En las últimas horas se sumaron seis nuevos imputados en la causa que investiga los incidentes que se registraron durante la visita del presidente de la Nación a la provincia, tres de ellos fueron detenidos durante los allanamientos de este jueves y tres se presentaron espontáneamente ante la Justicia.

El fiscal Díaz Mayer confirmó que hay seis nuevos imputados en la causa por la agresión a la comitiva presidencial ocurrida el pasado sábado en Lago Puelo.

Según explicó, se demoró e imputó a tres personas a partir de y hubo tres más que se presentaron de manera espontánea en la Comisaría de Lago Puelo. Estas últimas también habían sido identificadas y eran buscadas por la Justicia.

Díaz Mayer confirmó a Notas de Radio por FM SOL que son once personas imputadas, más la menor. Los procedimientos consisten en la demora para identificación donde se completa el prontuario policial y se realiza el reconocimiento médico de lesiones. Luego quedan en libertad, pero notificados de la imputación en la causa penal, y de la obligación de presentarse en la próxima audiencia.

El fiscal precisó que resta peritar los celulares y las prendas de vestir secuestradas, así como la determinación por fisonomía del material fílmico que fue aportado, apunta EQSNotas.

«No descarto algún planteo respecto de la competencia federal o provincial en los próximos días por la figura del delito de atentado a la autoridad presidencial», mencionó Diaz Meyer.

Fuente: ADNSUR

Hay seis nuevos imputados en la causa de la agresión a la comitiva presidencial. Según confirmó el fiscal a cargo, Díaz Mayer, se demoró e imputó a tres personas a partir de un allanamiento y hubo tres más que se presentaron de manera espontánea en la Comisaría de Lago Puelo, que estaban siendo buscadas.

Díaz Mayer confirmó a Notas de Radio por FM SOL que son once personas imputadas, más la menor. Los procedimientos consisten en la demora para identificación donde se completa el prontuario policial y se realiza el reconocimiento médico de lesiones. Luego quedan en libertad, pero notificados de la imputación en la causa penal, y de la obligación de presentarse en la próxima audiencia.

Mientras tanto continúa la investigación y la producción de la prueba. El fiscal precisó que resta peritar los celulares y las prendas de vestir secuestradas, así como la determinación por fisonomía del material fílmico que fue aportado.

Asimismo, Díaz Mayer recordó: «no descarto algún planteo respecto de la competencia federal o provincial en los próximos días por la figura del delito de atentado a la autoridad presidencial».

En el marco de la audiencia que se llevaba a cabo este martes por la causa Revelación, uno de los imputados se descompensó y se suspendió el juicio.

Un momento de tensión se vivió en la Oficina Judicial de Rawson, cuando a poco de comenzar una nueva audiencia del juicio por el caso que investiga el presunto pago de retornos en la obra pública durante la gestión de Mario Das Neves, uno de los imputados se descompensó y fue trasladado de urgencia en una ambulancia.

El fiscal Anticorrupción Mario Romeo confirmó a ADNSUR que comenzaron con testimoniales y -en especial- las declaraciones de la empleada del banco del Chubut (oficial de cuentas) eran reveladoras. «Pero el señor Bortagaray tuvo un accidente en la Sala, se cayó de una silla y se lo tuvo que llevar para que lo observen en el hospital de Rawson. Mañana donde comenzarían los testimoniales de las defensas», dijo.

Juan Martín Bortagaray, el extitular del IPV y exintendente de Dolavon, se descompensó y a pedido de su abogado, Jorge Rubiolo, finalmente fue asistido por una ambulancia que lo trasladó a un centro sanitario de la localidad.

El Tribunal dictó un cuarto intermedio porque no se podía seguir con el juicio con la ausencia de uno de los acusados. La audiencia fue suspendida hasta el miércoles a las 9 de la mañana, ya que los médicos recomendaron a Bortagaray un reposo de 24 horas

Romeo indicó: «Calculamos que para el 29 de marzo ya estaríamos en condiciones de comenzar con los alegatos. A fin de mes, van a estar las pruebas y con los alegatos de las partes, se podrá explicarle la conclusión valorada al Tribunal de la prueba que se produjo en el juicio para que se determine la culpabilidad o inocencia de cada uno de los imputados en el caso», agregó.

Tras ello, los jueces ordenaron que el imputado sea revisado por el Cuerpo Médico Forense, que deberá realizar un informe para primera hora del miércoles y determinar si Bortagaray puede seguir siendo parte del juicio.

Los dos nuevos imputados son Nancy Forlini, la médica que desde la mencionada prepaga coordinaba la internación domiciliaria de Maradona, y Mariano Perroni, quien era el coordinador de los enfermeros aportados por la empresa Medidom, según informó Télam.

Ambos fueron notificados de que quedaban investigados como imputados de un posible “homicidio culposo” y fueron citados para que el próximo jueves, a las 11, se presenten en la Fiscalía General de San isidro a firmar el acta correspondiente.

Con Forlini y Perroni, ya son siete los imputados que hay en esta causa que tiene como principales sospechosos al neurocirujano Leopoldo Luque (39) y a la psiquiatra Agustina Cosachov (35). Pero, además, se encuentran imputados el psicólogo Carlos Daniel “Charly” Díaz (29), la enfermera del turno mañana y tarde Dahiana Gisela Madrid (36), y el enfermero de la noche, Ricardo Omar Almirón (37).

Forlini era la médica que coordinaba para Swiss Medical todo lo referido a la internación de Maradona en la casa del country San Andrés, mientras que Perroni era el jefe de todos los enfermeros que asistían a la casa.

“Recordemos que Perroni fue la persona que instó a la enfermera Madrid a falsear un informe para la empresa ‘Medidom’ en el que constaba que aquella mañana había intentado controlar a Maradona y que él se había negado, cuando en realidad la enfermera no había entrado a la habitación”, dijo a Télam una fuente judicial.

Los dos nuevos imputados, incluso, formaban parte del chat de WhatsApp denominado “Tigre”, donde los enfermeros reportaban todas las novedades sobre Maradona y donde –tal como reveló Telam al publicar la semana pasada los mensajes-, quedaron evidenciadas algunas falencias de la internación, como una indigestión con vómitos por haber cenado camarones provenzal, la caída en la habitación, las peleas con los médicos, las reiteradas negativas a que lo controlen y hasta un alerta de los profesiones para quedar cubiertos “en la parte legal”.

En tanto, el equipo de fiscales coordinado por el fiscal general de San Isidro John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, convocó para el 8 de marzo a la junta médica que definirá si hubo o no mala praxis.

Voceros judiciales informaron a Télam que nueve son los peritos oficiales de la junta. La primera reunión será ese día a las 10 y la sede será la Superintendencia de Policía Científica de la policía bonaerense, en calles 52 y 118 de la ciudad de La Plata.

De los nueve peritos oficiales, los cuatro primeros son los médicos legistas que practicaron o presenciaron la autopsia: el director de Medicina Legal de la policía bonaerense, Carlos Cassinelli; el jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, Federico Corasaniti; el jefe de la morgue de San Isidro, Agustín Grimoldi; y el jefe de la morge de La Plata, Javier Grubisa.

Los otros cinco médicos son especialistas en distintas disciplinas: Gustavo Di Niro, jefe del servicio de cardiología del Hospital Central de San Isidro; el psiquiatra José Luis Covelli, jefe de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Carlos Damin, jefe del servicio de toxicología del Hospital Fernández y jefe de la cátedra de esa disciplina en la UBA; Hernán Trimarchi, jefe de Jefe del servicio de nefrología del Hospital Británico; y Fernando Cairo, presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología.

La autopsia, las historias clínicas y toda la documentación médica que se haya secuestrado o aportado sobre Maradona y los estudios complementarios a la autopsia, serán el eje del análisis de la junta, según tienen planeado los fiscales.

La junta médica será la clave de la causa, ya que, a partir de sus conclusiones, los fiscales tendrán los elementos necesarios para saber cuál era el cuadro de salud de Maradona, si la casa de Tigre era un lugar adecuado para su internación, si la muerte se podría haber evitado y si, tal como sospechan, actuaron con negligencia algunos integrantes del equipo médico interdisciplinario que asistía al “10”.

El foco de la investigación penal está puesto en determinar si la internación domiciliaria era la adecuada para un paciente como Maradona, si hubo mala praxis médica y si la muerte del “10” se pudo haber evitado.

Fuente: Metadata

El equipo de fiscales de San Isidro imputó este lunes al psicólogo Carlos Díaz y a los dos últimos enfermeros que atendieron a Diego Armando Maradona, en la causa que investiga la muerte del Diez el pasado 25 de noviembre.

Además de Díaz, la decisión judicial alcanza a Dahiana Madrid, quien reconoció haber mentido en su reporte sobre la salud del «Diez», y a otro enfermero que se encontraba presente en el domicilio en el que Maradona pasó sus últimas horas.

Cabe destacar que la Fiscalia de San Isidro había imputado, días atrás, a la psiquiatra Agustina Cosachov por el delito de falsedad de documento público dado que certificó que Maradona se encontraba orientado en tiempo y espacio a finales de octubre cuando fue público y notorio, el día de su cumpleaños, que Maradona casi no podía hablar ni caminar.

Tanto Cosachov como Leopoldo Luque, médico personal del Diez, son los principales apuntados por los investigadores por el tratamiento previo a la muerte de Maradona, en una casa en el barrio privado San Andrés de Tigre, dos semanas después de su externación de la Clínica Olivos.

Fuente: Página 12

Desde las 9 de la mañana está previsto que se realice la audiencia preliminar que tiene al secretario general de la ATECh y a otros tres imputados como los responsables de los incendios provocados en la Legislatura de la Provincia del Chubut y en la Casa de Gobierno.

Hoy se llevará a cabo la audiencia sobre los incidentes se produjeron entre la noche del 17 de septiembre y la madrugada del día siguiente, primero en la Legislatura del Chubut y luego en la parte posterior de la Casa de Gobierno.

La cita está dispuesta para hoy a las 9 de la mañana, tras haberse presentado la acusación por parte de la fiscal general Florencia Gómez.

Además de Goodman, están imputados en la causa Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro; quienes deberán asisitir esta mañana a la Oficina Judicial de Rawson.

La investigación se basó en una importante cantidad de fotografías y filmaciones obtenidas en los incidentes, además de lo contado por 65 testigos presenciales que se tiene previsto declaren en el Juicio Oral y Público

La fiscal general Gómez ya anticipó que pedirá cinco años de prisión para cada uno de los cuatro imputados. El delito de incendio prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión.

Mientras tanto, la defensa del titular de ATECh, Sergio Miranda, adelantó a LaCienPuntoUno que tienen dos testimonios que favorecería a los gremialistas imputados, e indicó que se cuestionará en el accionar de la Brigada de Investigaciones.

Lo aseguró la fiscal Florencia Gómez en diálogo con LaCienPuntoUno y agregó que con las pruebas de fotogramas extraídos del video de lo sucedido «se puede hacer apertura de investigación con nuevas personas que queden identificadas».

El 11 de septiembre a las 9 horas está previsto que se realice la audiencia preliminar que tiene al secretario general de la Atech, Santiago Goodman, y a otros tres imputados como los responsables de los incendios en la Legislatura y Casa de Gobierno, ocurridos hace casi un año atrás. Al respecto la fiscal Florencia Gomez precisó en diálogo con LaCienPuntoUno: “Sigue abierta la posibilidad de imputar a más personas”.

«Fueron dos incendios, hubo un gran trabajo de la Brigada de Investigaciones para recabar la información y llegar a la imputación. Había mucha cantidad de gente, pero algunos pudieron ser identificados», recordó la fiscal, al tiempo que subrayó: «Es un caso grave donde participaron muchísimas personas, que estuvieron en los daños”.

En este marco, sostuvo que participaron varios gremios y que casi todo el personal policial estaba apersonado en el lugar, por lo que es un caso que cuenta con muchos testigos. Asimismo la Brigada de Investigaciones trabajó con las imágenes captadas por la prensa que estaba presente, y las cámaras de seguridad del lugar.

La causa

La audiencia se realizará en la Oficina Judicial de Rawson, el 11 de septiembre a las 9 horas. Además de Goodman, están imputados en la causa Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

Los incidentes se produjeron entre la noche del 17 de septiembre y la madrugada del día siguiente, primero en la Legislatura del Chubut y luego en la parte posterior de la Casa de Gobierno.