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Tal cual como fue anticipado por Cholila Online en el artículo «El incendio le habría servido a Miquelarena para eliminar pruebas que pondrían en riesgo su cargo y su libertad», el procurador general habría conseguido un “beneficio político” gracias a los destrozos perpetrados en diciembre del despedido 2021 contra la sede del Ministerio Público Fiscal de Rawson, en el marco de las protestas contra la aprobación del proyecto de Megaminería.

Según el procurador general se perdieron 754 investigaciones como consecuencia de las llamas, y la causa “Lotería” estaría entre esas carpetas pulverizadas.

Federico Verdeau, marido de Mariví Das Neves, fue gerente general del Instituto de Asistencia Social de la provincia durante el mandato del extinto Mario Das Neves, y estaba imputado hasta el año pasado en la causa “Lotería”, donde se encontraba con un pie adentro de la cárcel junto a Correa, Luthers, Dahhur, Salinas, “chito” Alarcón, Villegas y Ñonquepán, por haber cometido una presunta batería de hechos de corrupción durante el año 2015, que habría consistido en lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado de servicio y falsificación de instrumento privado.

Esta gentuza habría hecho lo siguiente: el gerente general del IES Federico Verdeau y el gerente de Relaciones Institucionales Josué  Dahhur, habrían simulado formalidad legal a través de la Lotería de la provincia, contratando con la empresa “Sono Eventos” para proveer de imagen y sonido a las fiestas y actos que desarrollaba el gobierno. El problema es que al parecer los titulares de esa empresa no eran los titulares y el verdadero propietario era Dahhur, en pocas palabras el gerente general de Relaciones Institucionales de la provincia Josué Dahhur, se habría contratado a sí mismo “auto-remunerándose” con dinero del estado.

Según la investigación fiscal, Dahhur falsificaba los presupuestos de otras empresas competidoras con su puño y letra, le elevaba la solicitud del servicio a Federico Verdeau y éste aprobaba la contratación saliendo victoriosa de la licitación “Sono Eventos”.

A la izquierda, Federico Verdeau, ex – gerente general del Instituto de Asistencia Social; a la derecha, Josué Dahhur, ex – gerente general de Relaciones Institucionales.

En “Sono Eventos” figuraban como titulares Jordán Salinas y Martín Villegas, primo éste último de Dahhur. La empresa facturó, a valor actual y según las pericias, una suma de $ 12.622.071.

De todo ese negociado habrían salido también beneficiados pecuniariamente Diego Correa y Martín Luthers, en lo que respecta a que idéntica operatoria habrían efectuado con “Sepat S.R.L.”, sociedad en la cual era propietario Correa.

Toda esa causa se vendría abajo como castillo de naipes como consecuencia de la cantidad de carpetas que se incineraron en los incendios provocados durante los disturbios del jueves 16 de diciembre del 2021.

Declaraciones como “la causa –Lotería- se quemó por completo” y “No sé de qué modo se va a poder reconstruir” fueron las expresadas este miércoles pasado por Miquelarena, muy sueltito de cuerpo, vaticinando un posible sobreseimiento de las acusaciones a todo el grupo señalado en un principio por lo investigadores como una verdadera “asociación ilícita”.

“Hay causas que se han perdido en su totalidad, otras que hay que reconstruir. Muchas de ellas podrían caerse porque desaparecieron las pruebas o por extinción de los plazos procesales. Esto afecta a las víctimas, detrás de cada investigación y los expedientes hay personas” dijo Miquelarena.

Asi que Federico Verdeau y compañía estarían contentos como perros con dos colas con los incendios provocados por un grupo de “dudosa procedencia” en el mes de diciembre. La razón por la que utilizamos esa adjetivación, es porque circulan fuertes rumores en donde se considera que habría existido “falsa bandera” durante los disturbios, es decir, una alta probabilidad de que un grupo de personas enviadas por un sector poderoso se haya hecho pasar por un conjunto de manifestantes “anti-mineros”, con el objeto de incendiar la sede de fiscalía de Rawson y eliminar determinada documentación.

No podía faltar el dato de color como moño para este artículo a los efectos de demostrar una conexión palpable entre todos estos personajes: El hermano de Federico Verdeau, Eric Paul Verdeau, es socio en la escuela de boxeo «Dream Box» junto a Rodrigo Miquelarena, el sobrino del procurador general.

Ese establecimiento está ubicado sobre la calle Lopez y Planes al 156 en la ciudad de Trelew.

Casualmente un artículo periodístico de Cholila Online en el que revelábamos esta íntima asociación entre los Verdeau y la familia Miquelarena por medio de «Dream Box», fue eliminado durante un ataque cibernético en el que se sospecha que participaron funcionarios del gobierno provincial y hasta el mismo Rodrigo Miquelarena.

El sobrino del procurador fue identificado en una pericia informática realizada luego de los ataques donde se lo descubre solicitando las credenciales de acceso de la página ¿Con qué finalidad? ¿Borrar los artículos periodisticos?

Nota relacionada: «El incendio le habría servido a Miquelarena para eliminar pruebas que pondrían en riesgo su cargo y su libertad»

El tribunal dio a conocer este jueves el veredicto para los 12 imputados, exfuncionarios y comerciantes, por la compra irregular de productos para los damnificados por el temporal de marzo de 2017. Entre ellos Diego Correa, Diego Luters, Leticia Huichaqueo y Marcelo Suárez.

El tribunal conformado por los jueces Miguel Caviglia presidente, Jorge Novarino y Fabio Monti dieron a conocer este jueves el veredicto en juicio oral y público por la causa de la “emergencia climática”. Además, convocó a las partes y a los ahora imputados hallados culpables, a la audiencia de cesura de pena que se realizará el martes de la próxima semana.

En el juicio se conoció modalidad bajo la cual ex funcionarios y comerciantes defraudaron al Estado por más de 15 millones de pesos por sobreprecios y expedientes fraguados por la venta de elementos de ayuda para los damnificados durante el temporal de marzo de 2017 en Comodoro Rivadavia.

Con un total de 12 personas imputadas, entre e funcionarios de la provincia comerciantes proveedores del Estado se llevó a cabo el juicio en Rawson con una importante cantidad de testigos y pruebas.

Para los ex funcionarios provinciales Diego Correa, Diego Luters, Leticia Huichaqueo y Marcelo Suárez, la imputación fue por los delitos de “defraudación con administración fraudulenta, en carácter de coautores en la modalidad de delito continuado”. Para Estanislao Finiguerra, Orsi, Barale, Marta Fracasso, Bruno Taurelli Chiribao, Cecilia Sabada y César Hughes, las imputaciones por el delito de “defraudación y administración fraudulenta en carácter de partícipes primarios».

El tribunal resolvió minutos antes de las 12 de este jueves 23 de septiembre declarar en forma unánime culpables los ex funcionarios acusados, Diego Correa, Diego Luters, Vanina Barale, Marcelo Suarez y Leticia Huichaqueo.

Entre otros aspectos de la resolución, el tribunal indicó que Luters cumplía órdenes de Correa para armar los expedientes con ida y vuelta hacia Marcelo Suárez y Vanina Barale. Para ello en el fallo citaron a testigos, entre comerciantes, empleados y funcionares públicos, que dieron cuenta del armado de este circuito para el armado de los expedientes.

“Se trata de maniobra con el armado de expedientes apócrifos con el objetivo de justificar contrataciones a fin de obtener un lucro indebido”, indicaron los jueces para agregar que “se armaron expedientes cuando aún ni siquiera había empezado a llover en Comodoro Rivadavia” y sin que el ex gobernador Mario Das Neves “haya firmado los decretos declarando la emergencia climática”. Desestimaron los dichos de algunos de los imputados, como Marta Fracasso, al momento de hablar ante el tribunal sobre el final del juicio oral y público.

La comerciante imputada Cecilia Sadaba fue absuelta al considerarse que los sobreprecios por los cuales estaba imputada “no constituye delito alguno”. En este hecho el resto de los imputados también fueron absueltos. Finalmente también fue absuelto Cristian Orsi por el hecho en el que se hallaba imputado, además de Guillermo Williams para quien los mismos fiscales habían reconocido no tener las pruebas suficientes durante el debate, al quedar desestimado un testigo que había sido clave para la investigación.

Este martes por la tarde se realizó en los Tribunales de Esquel, la audiencia de control de detención de los tres imputados por la muerte de Brian Esposito, el joven de 23 años que murió ayer lunes tras sufrir intensas quemaduras en el incendio de su casa.

Los detenidos fueron imputados por homicidio agravado por ensañamiento, por un medio para crear un peligro común y con el concurso premeditado de más de dos personas.

En la audiencia, la Procuradora Fiscal, Débora Barrionuevo vía telefónica, con la presencia en los tribunales de Esquel del Fiscal Jefe de la Oficina Fiscal de la Comarca, Carlos Díaz Mayer, requirió la formalización de la investigación del crimen de Brian Alejandro Espósito.

Tres son las personas que asistieron detenidas a la audiencia. Se les imputó coautoría en el delito de homicidio calificado por ensañamiento, peligro común y con el concurso premeditado de dos o más personas. Barrionuevo pidió la prisión preventiva de los tres imputados hasta la realización de la Audiencia Preliminar.

La defensora Pública, Valeria Ponce, se opuso al pedido de prisión preventiva por entender que no se respeta el principio de inocencia y la medida puede sustituirse por una menos gravosa.

Finalmente, el juez Jorge Novarino resolvió dictar la prisión preventiva de los tres imputados por el término de cuatro meses.

El hecho

Barrionuevo indicó que se investiga un hecho ocurrido entre las 23:00 hs. del 18 de abril y las 00:00 hs del 19 de abril, en el interior de la vivienda en que residía Brian Alejandro Esposito, sita en Callejón Juárez, Paraje Isla Sur, Lago Puelo.

Brian estaba en su casa junto a dos amigas cuando cuatro o cinco sujetos golpearon a su puerta, abrieron e ingresaron vestidos con ropa oscura y con pasamontañas. Les gritaron a las mujeres que se retiraran de la vivienda, mientras golpeaban en el piso a Brian, para luego rociarlo con combustibles flamables (presuntamente NAFTA), que llevaban en un bidón. Luego rociaron gran parte de la vivienda con el mismo combustible, prendieron fuego y huyeron.

Brian resultó con quemaduras que afectaron el 90% de su cuerpo. El mismo 19 de abril, en horas de la tarde, falleció cuando se hallaba internado en el Hospital Zonal de Esquel.

Las conductas fueron calificadas provisoriamente como constitutivas de homicidio agravado por haber sido perpetrado con ensañamiento por un medio para crear un peligro común y con el concurso premeditado de más de dos personas en carácter de coautores.

La Defensora Pública Valeria Ponce desconoció los hechos tal como fueron narrados en la apertura de la investigación. Los imputados declararon relatando una situación previa en la que la víctima había incendiado la vivienda de uno de ellos. Sostuvieron que fueron a pedirle cuentas, con la intención de pelear, pero que no llevaron combustible, ni prendieron fuego la vivienda.

Barrionuevo y Díaz Mayer pidieron el dictado de la prisión preventiva de los tres imputados por peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, hasta la audiencia preliminar. Ponce se opuso solicitando una medida menos gravosa como la presentación semanal en la Comisaría de Lago Puelo y prohibiciones de acercamiento, o en caso de ser insuficiente a criterio del juez, el arresto domiciliario. También cuestionó el plazo solicitado.

El juez Jorge Novarino entendió necesario el dictado de la prisión preventiva, debidamente fundado, pero entendió que este debe establecerse por un plazo menor, para revisar la necesidad de su mantenimiento. Fijó la medida por cuatro meses.

Fuente: ADNSUR

Será a las 15 horas, momento en el que está previsto que los jueces de la misma den a conocer culpabilidad o inocencia de los ocho imputados que desde hace dos meses son sometidos a juicio oral y público.

Se trata de los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales que durante más de una semana estuvieron deliberando luego de las extensas jornadas de desfile de testigos y disputas entre los fiscales investigadores y los defensores de los imputados.

Las audiencias que se llevan a cabo en la Oficina Judicial de Rawson en el juicio oral y público por la causa “Revelación” se han convertido en extensas debido las largas exposiciones de las partes en la etapa de los alegatos.

La complejidad de los hechos investigados, la gran cantidad de pruebas exhibidas, los numerosos testigos que desfilaron, la cantidad de imputados y la variedad de imputaciones, hace que en estos días los jueces que integran el Tribunal intenten acelerar el proceso. Pero se encuentren enfrente con pedidos de más prórroga de tiempo por parte de algunos defensores que necesitan analizar con mayor profundidad la línea argumental a exhibir como conclusión final de sus posturas.

Esto hizo que cerca de las 20.30 del miércoles pasado, al intentar organizar las próximas jornadas, los jueces coincidieran en no dar más prórroga a algunos defensores y confeccionaran un listado con el orden de las exposiciones. “No aceptaremos más dilaciones”, indicaron. Fue tras los alegatos de los abogados Fabián Gabalachis (defensor de Diego Correa y Pablo Oca) y de Carlos Villada (defensor de Alejandro Pagani).

Citaron además a todas las partes a continuar a las 14.30 del jueves santo. A su turno y tal como lo ha venido argumentando en los últimos debates en los que le ha tocada participar en causas contra la administración pública, el abogado Gabalachis cuestionó una vez más la gura penal de la asociación ilícita.

Luego el defensor de Alejandro Pagani, entre otros conceptos cuestionó la investigación respectos de la lo que a su criterio son deficiencias en cuanto a la descripción de los hechos.

“Los fiscales hablan de cheques y de empresas, pero nada dicen en referencia a las obras ejecutadas y los lugares donde se hicieron”, ejemplificó. Destacó que su cliente no tenía injerencias en los pagos y que las pruebas en su contra “son forzadas y mero maquillaje”.
En las primeras horas de la tarde de este jueves fue el turno del experimentado abogado de Trelew Emilio Galende. Deende a Víctor Cisterna, considerado como una de las cabezas de la presunta asociación ilícita cuando ocupaba su cargo de Ministro de Economía de la Provincia.

Concierto

Calicó a la investigación como “un concierto de indicios incomprobables” preguntándose si su cliente, “puede enriquecerse ilícitamente con un sobresueldo de 30.000 pesos”.
A lo igual que sus antecesores, Galende pidió también la absolución para su cliente.

Luego fue el turno de Jorge Rubiolo, defensor de Martín Bortagaray. Dijo que se cliente “no formó parte de una asociación ilícita”. Citó dichos de varios testigos que a su entender benefician a su cliente, entre ellos aquellos que daban cuenta de que Bortagaray cumplía órdenes y que esta conducta “no alcanza para ser parte de una asociación ilícita” ya que ese tipo penal “reúne muchas más condiciones”. Dijo que tampoco fue parte de los cinco casos de “cohechos” que le imputan al ex funcionario. Cuestionó también a los fiscales por no haber investigado a otros funcionarios que figuran en la lista de renombrada Lista de Luters cobrando sobresueldos.

La justicia de Chubut rechazó el pedido de sobreseimiento que presentó la jueza civil y comercial de esa provincia Alicia Arbilla, investigada penalmente en el marco de una causa donde, a través de demandas laborales, hubo una maniobra de desapoderamiento de activos pertenecientes al Grupo Indalo.

El juez Ricardo Rolón ordenó el embargo de un generador que pertenecía a la firma Ganadera Santa Elena SRL y que había sido rematado “a precio vil” a partir de autorizaciones judiciales que había conseguido el presidente del Colegio Público de Abogados de Esquel, José María Venancio.

El caso es un escándalo que sacude a los tribunales chubutenses y que puede tener otras repercusiones: uno de los bienes que no logra recuperarse es un Sampi (un autoelevador Toyota) que pertenecía a una de las empresas en concurso de acreedores del holding, lo que puede entrar en colisión con las actuaciones de la justicia comercial de la Capital Federal.

La causa fue impulsada por la fiscal María Bottini que imputó a Arbilla, Venancio y a Elías Simeoni, el “ganador” del remate que se quedó por $97 mil con un generador Caterpillar cuyo valor de mercado era de u$s160 mil.

Todo eso fue autorizado por Arbilla en su calidad de jueza, quien podría ser acusada de violación de los deberes de funcionario o directamente como partícipe necesaria de robo si, según como se investiga, pudo tener acuerdo con Venancio en llevar adelante la maniobra, y no fue simplemente engañada.

En su descargo, la jueza redobló la apuesta: insistió en apuntar contra Ganadera Santa Elena por no haber apelado dentro del plazo. Sin embargo, para la fiscalía hubo posibles delitos que ocurrieron ante la vista de la jueza. El Consejo de la Magistratura local abrió un proceso disciplinario pero mira de reojo lo que está ocurriendo en la causa penal para avanzar en su destitución.

Arbilla quería que la exculpen y salir de la causa. No lo consiguió y por el contrario, obligó al juez Rolón a enfrentarla con un panorama que tiene, por impulso fiscal, a la provincia de Chubut litigando y que además sumó como querellantes a las empresas del Grupo Indalo, perjudicadas patrimonialmente con el desapoderamiento de bienes.

Los denunciantes pidieron que se excluya a Venancio como depositario judicial. Termina siendo insólito que quede con la guarda de los objetos quien, en paralelo, es investigado por su participación en el simulacro de demanda laboral que terminó llevándose activos por montos exorbitantes. Venancio dio a las autoridades tres domicilios -o falsos o inexistentes- donde presuntamente se hallaría la variopinta cantidad de objetos y bienes que se llevó del frigorífico con el argumento de los embargos para cobrar indemnizaciones laborales.

Algunos bienes fueron hallados en una cuarta locación. Lo cierto es que oficialmente nunca se había comunicado esa dirección por lo que ahora la deriva es investigar cómo el abogado proporcionó esa información sin seguir los carriles habituales. Hay un teléfono en custodia sobre el que Simeoni se negó a facilitar acceso que debe ser peritado.

La secuencia tiene todos los ribetes de escándalo y no pasa desapercibido en la interna judicial de la provincia en la que un juez y una fiscal apuntan contra una jueza y abogados locales que pisan fuerte en el terreno y que, evidentemente, no preveían que nadie les fuera a reclamar el desguace de una de las empresas. Tanto así que no dejaron asentado ninguno de los datos precisos sobre vehículos secuestrados (algo en lo que Arbilla debió haber reparado) y que llevaron a confundir uno que era propiedad de una de las empresas concursadas de Indalo. Es decir que desapareció uno de los bienes que están bajo la órbita de un juzgado comercial, algo que agrava aún más el conflicto.

En las últimas horas se sumaron seis nuevos imputados en la causa que investiga los incidentes que se registraron durante la visita del presidente de la Nación a la provincia, tres de ellos fueron detenidos durante los allanamientos de este jueves y tres se presentaron espontáneamente ante la Justicia.

El fiscal Díaz Mayer confirmó que hay seis nuevos imputados en la causa por la agresión a la comitiva presidencial ocurrida el pasado sábado en Lago Puelo.

Según explicó, se demoró e imputó a tres personas a partir de y hubo tres más que se presentaron de manera espontánea en la Comisaría de Lago Puelo. Estas últimas también habían sido identificadas y eran buscadas por la Justicia.

Díaz Mayer confirmó a Notas de Radio por FM SOL que son once personas imputadas, más la menor. Los procedimientos consisten en la demora para identificación donde se completa el prontuario policial y se realiza el reconocimiento médico de lesiones. Luego quedan en libertad, pero notificados de la imputación en la causa penal, y de la obligación de presentarse en la próxima audiencia.

El fiscal precisó que resta peritar los celulares y las prendas de vestir secuestradas, así como la determinación por fisonomía del material fílmico que fue aportado, apunta EQSNotas.

«No descarto algún planteo respecto de la competencia federal o provincial en los próximos días por la figura del delito de atentado a la autoridad presidencial», mencionó Diaz Meyer.

Fuente: ADNSUR

Hay seis nuevos imputados en la causa de la agresión a la comitiva presidencial. Según confirmó el fiscal a cargo, Díaz Mayer, se demoró e imputó a tres personas a partir de un allanamiento y hubo tres más que se presentaron de manera espontánea en la Comisaría de Lago Puelo, que estaban siendo buscadas.

Díaz Mayer confirmó a Notas de Radio por FM SOL que son once personas imputadas, más la menor. Los procedimientos consisten en la demora para identificación donde se completa el prontuario policial y se realiza el reconocimiento médico de lesiones. Luego quedan en libertad, pero notificados de la imputación en la causa penal, y de la obligación de presentarse en la próxima audiencia.

Mientras tanto continúa la investigación y la producción de la prueba. El fiscal precisó que resta peritar los celulares y las prendas de vestir secuestradas, así como la determinación por fisonomía del material fílmico que fue aportado.

Asimismo, Díaz Mayer recordó: «no descarto algún planteo respecto de la competencia federal o provincial en los próximos días por la figura del delito de atentado a la autoridad presidencial».

En el marco de la audiencia que se llevaba a cabo este martes por la causa Revelación, uno de los imputados se descompensó y se suspendió el juicio.

Un momento de tensión se vivió en la Oficina Judicial de Rawson, cuando a poco de comenzar una nueva audiencia del juicio por el caso que investiga el presunto pago de retornos en la obra pública durante la gestión de Mario Das Neves, uno de los imputados se descompensó y fue trasladado de urgencia en una ambulancia.

El fiscal Anticorrupción Mario Romeo confirmó a ADNSUR que comenzaron con testimoniales y -en especial- las declaraciones de la empleada del banco del Chubut (oficial de cuentas) eran reveladoras. «Pero el señor Bortagaray tuvo un accidente en la Sala, se cayó de una silla y se lo tuvo que llevar para que lo observen en el hospital de Rawson. Mañana donde comenzarían los testimoniales de las defensas», dijo.

Juan Martín Bortagaray, el extitular del IPV y exintendente de Dolavon, se descompensó y a pedido de su abogado, Jorge Rubiolo, finalmente fue asistido por una ambulancia que lo trasladó a un centro sanitario de la localidad.

El Tribunal dictó un cuarto intermedio porque no se podía seguir con el juicio con la ausencia de uno de los acusados. La audiencia fue suspendida hasta el miércoles a las 9 de la mañana, ya que los médicos recomendaron a Bortagaray un reposo de 24 horas

Romeo indicó: «Calculamos que para el 29 de marzo ya estaríamos en condiciones de comenzar con los alegatos. A fin de mes, van a estar las pruebas y con los alegatos de las partes, se podrá explicarle la conclusión valorada al Tribunal de la prueba que se produjo en el juicio para que se determine la culpabilidad o inocencia de cada uno de los imputados en el caso», agregó.

Tras ello, los jueces ordenaron que el imputado sea revisado por el Cuerpo Médico Forense, que deberá realizar un informe para primera hora del miércoles y determinar si Bortagaray puede seguir siendo parte del juicio.

Los dos nuevos imputados son Nancy Forlini, la médica que desde la mencionada prepaga coordinaba la internación domiciliaria de Maradona, y Mariano Perroni, quien era el coordinador de los enfermeros aportados por la empresa Medidom, según informó Télam.

Ambos fueron notificados de que quedaban investigados como imputados de un posible “homicidio culposo” y fueron citados para que el próximo jueves, a las 11, se presenten en la Fiscalía General de San isidro a firmar el acta correspondiente.

Con Forlini y Perroni, ya son siete los imputados que hay en esta causa que tiene como principales sospechosos al neurocirujano Leopoldo Luque (39) y a la psiquiatra Agustina Cosachov (35). Pero, además, se encuentran imputados el psicólogo Carlos Daniel “Charly” Díaz (29), la enfermera del turno mañana y tarde Dahiana Gisela Madrid (36), y el enfermero de la noche, Ricardo Omar Almirón (37).

Forlini era la médica que coordinaba para Swiss Medical todo lo referido a la internación de Maradona en la casa del country San Andrés, mientras que Perroni era el jefe de todos los enfermeros que asistían a la casa.

“Recordemos que Perroni fue la persona que instó a la enfermera Madrid a falsear un informe para la empresa ‘Medidom’ en el que constaba que aquella mañana había intentado controlar a Maradona y que él se había negado, cuando en realidad la enfermera no había entrado a la habitación”, dijo a Télam una fuente judicial.

Los dos nuevos imputados, incluso, formaban parte del chat de WhatsApp denominado “Tigre”, donde los enfermeros reportaban todas las novedades sobre Maradona y donde –tal como reveló Telam al publicar la semana pasada los mensajes-, quedaron evidenciadas algunas falencias de la internación, como una indigestión con vómitos por haber cenado camarones provenzal, la caída en la habitación, las peleas con los médicos, las reiteradas negativas a que lo controlen y hasta un alerta de los profesiones para quedar cubiertos “en la parte legal”.

En tanto, el equipo de fiscales coordinado por el fiscal general de San Isidro John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, convocó para el 8 de marzo a la junta médica que definirá si hubo o no mala praxis.

Voceros judiciales informaron a Télam que nueve son los peritos oficiales de la junta. La primera reunión será ese día a las 10 y la sede será la Superintendencia de Policía Científica de la policía bonaerense, en calles 52 y 118 de la ciudad de La Plata.

De los nueve peritos oficiales, los cuatro primeros son los médicos legistas que practicaron o presenciaron la autopsia: el director de Medicina Legal de la policía bonaerense, Carlos Cassinelli; el jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, Federico Corasaniti; el jefe de la morgue de San Isidro, Agustín Grimoldi; y el jefe de la morge de La Plata, Javier Grubisa.

Los otros cinco médicos son especialistas en distintas disciplinas: Gustavo Di Niro, jefe del servicio de cardiología del Hospital Central de San Isidro; el psiquiatra José Luis Covelli, jefe de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Carlos Damin, jefe del servicio de toxicología del Hospital Fernández y jefe de la cátedra de esa disciplina en la UBA; Hernán Trimarchi, jefe de Jefe del servicio de nefrología del Hospital Británico; y Fernando Cairo, presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología.

La autopsia, las historias clínicas y toda la documentación médica que se haya secuestrado o aportado sobre Maradona y los estudios complementarios a la autopsia, serán el eje del análisis de la junta, según tienen planeado los fiscales.

La junta médica será la clave de la causa, ya que, a partir de sus conclusiones, los fiscales tendrán los elementos necesarios para saber cuál era el cuadro de salud de Maradona, si la casa de Tigre era un lugar adecuado para su internación, si la muerte se podría haber evitado y si, tal como sospechan, actuaron con negligencia algunos integrantes del equipo médico interdisciplinario que asistía al “10”.

El foco de la investigación penal está puesto en determinar si la internación domiciliaria era la adecuada para un paciente como Maradona, si hubo mala praxis médica y si la muerte del “10” se pudo haber evitado.

Fuente: Metadata