“Los presidentes pasan, los jueces siguen”, reflexionó uno de los magistrados de mayor renombre público de los Tribunales de Comodoro Py. La frase puede sintetizar algo que caracteriza a la justicia federal, y es su “tiempismo” y los reacomodamientos a los tiempos que la política atraviesa. En quince días Mauricio Macri dejará de ser presidente de la Nación y algunas causas en su contra comenzaron a reactivarse, mientras que otras, recién inician involucrándolo a él y a parte de su gabinete. Imputaciones recientes, llamados a indagatoria y avances sobre expedientes que llevaban un ritmo más pausado, marcan los “tiempos M” en los tribunales de Retiro.
Antes del 10 de diciembre, cuando Macri deje el poder, algunos de sus funcionarios deberán dar explicaciones ante la Justicia. Una de ellas es la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso. La semana pasada pasó por el despacho del juez Luis Rodríguez el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. ¿Por delante? No se descarta que el primer mandatario sea citado a indagatoria una vez que deje de ejercer el poder.
Los expedientes contra el macrismo se fueron acumulando a lo largo de estos cuatro años con distinta suerte: algunas causas no prosperaron, en otras se avanzó hasta dictaminar el sobreseimiento de los investigados, en otros casos sólo quedaron en etapa embrionaria con la imputación de los fiscales, pero en estos tiempos, algunos casos toman impulso, propio de los cambios de aire que se comienzan a vislumbrar en los pasillos de Comodoro Py.
La semana pasada, fue el turno del ex ministro de Energía Juan José Aranguren quien tres años después de iniciada la causa, fue citado a indagatoria por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública por la suba de tarifas y la compra de gas a Chile mientras aún tenía acciones de la petrolera Shell, de la que había sido CEO en la filial Argentina. Después de negar las acusaciones en su contra, dijo sentirse “tranquilo porque el juez recibió las respuesta a las dudas que tenía». «Estoy muy conforme con la oportunidad que me dio para aclarar dudas», aseguró.
En esta causa este miércoles deberá declarar también como imputada, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso quien había dictaminado ante una acusación, que Aranguren se desprenda de sus acciones de la firma Shell.
El 15 de noviembre, el fiscal Jorge Di Lello imputó a Macri, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, al secretario de Energía Gustavo Lopetegui, al ex de la cartera Juan José Aranguren y al canciller Jorge Faurie por su participación en negociaciones con el Reino Unido que perjudicarían la soberanía nacional, por el vuelo a Malvinas. Pese a que pidió la suspensión del viaje aéreo, el juez Luis Rodríguez no hizo lugar a dicha medida.
Antes de ello, otro funcionario del Gobierno también resultó imputado. Se trata del titular de la AFIP, Leandro Cuccioli quien fue acusado por Fabián De Sousa (socio de Cristóbal López) por persecución al Grupo Indalo. La acusación del fiscal Guillermo Marijuan y que le dio curso a la investigación alcanzó al presidente de la Nación, a Alberto Abad, Nicolás Caputo, Mario Quintana, José Torello y Javier Iguacel. La causa la instruye la jueza María Servini.
A la lista, se suma la imputación del fiscal Franco Picardi contra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, por supuesta persecución a los mapuches. Se incluyó a la plana mayor de dicha cartera, y se busca determinar si «se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones» para perseguir a la comunidad mapuche. Se trata de una denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) por la presunta «existencia de un plan criminal contra las comunidades mapuches, con la presunción que el mismo fue elaborado desde las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación».
Hay más causas y algunas que resultan más sensibles al Presidente. Se trata de la negociación de la deuda del Correo Argentino con el Estado. Están investigados Oscar Aguad como entonces ministro de Comunicaciones y la principales autoridades de la firma de la familia Macri. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita ya impulsaron varias medidas de prueba para determinar si se cometió un delito en perjuicio del erario público por el acuerdo.