El mapa de las rutas argentinas se prepara para una transformación drástica que impactará directamente en el bolsillo de miles de conductores.
Un ambicioso proyecto legislativo busca revolucionar el mantenimiento de las calzadas nacionales, abriendo la puerta para que empresas privadas tomen el control e instalen garitas de cobro en trayectos que hasta hoy permanecían libres de pago y bajo la tutela estatal.
El plan para privatizar y cobrar peajes en corredores secundarios
La iniciativa parlamentaria apunta a reconfigurar la gestión de aquellos tramos administrados de forma directa por Vialidad Nacional que registran un flujo vehicular de volumen medio o bajo. A través de este mecanismo, el sector privado asumiría la construcción, reparación y operación de los caminos a cambio de instalar estaciones de cobro, un cambio rotundo para vastas zonas del país que hasta ahora no resultaban lucrativas para la concesión tradicional.
Beneficios impositivos masivos para atraer a las empresas privadas
Para seducir a las compañías en tramos poco transitados, la propuesta establece el Régimen de Incentivo de la Infraestructura Vial Estratégica (RIIVE). Este sistema contempla un esquema de alivio fiscal proporcional a la escasez de tránsito: cuanto menor sea la circulación, mayor será el incentivo. Entre los beneficios destacan una rebaja en la alícuota del Impuesto a las Ganancias (al 25% para tránsito medio y 15% para bajo), amortización acelerada, actualización de quebrantos, crédito fiscal para el IVA y pagos a cuenta mediante el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Apoyo del Gobierno y los plazos para su discusión en el Congreso
El proyecto fue presentado en el Senado por el legislador rionegrino Enzo Fullone, integrante del bloque La Libertad Avanza, quien fundamentó la medida en la necesidad de integrar territorialmente al país y potenciar las economías regionales. El expediente ya ingresó a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte; aunque no se debatirá en el período legislativo en curso, cuenta con el visto bueno del Poder Ejecutivo nacional para ser tratado formalmente durante 2027.