El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase dispuso ampliar la investigación de la causa “Loteria” al incluir seis nuevos imputados y rechazar además pedidos de sobreseimientos argumentando que el transcurrir del proceso permitirá la reformulación de los hechos y los cambios en las imputaciones tal como lo plantearon los abogados defensores.
Se trata de Héctor Ponce, un empleado de la Municipalidad de Lago Puelo, Daniel Cárdenas y Emanuel Salinas de la localidad de El Hoyo, Walter Ñonquepán, titular de Chubut Deportes, Denaris Molinero (contadora de Lotería) y Silvio Bourdagham (intendente de Cholila).
El nexo que vincula a los nuevos imputados con los hechos investigados, es la empresa Sono Eventos que manejaba David Dahhur que en carácter de gerente de relaciones institucionales de Lotería, hacía contratar a su empresa para que realice tareas de iluminación, sonido, servicio de viandas, entre otros, para festivales de box, juegos deportivos y fiestas populares como la del asado en Cholila o de la fruta fina en el Hoyo, entre otros eventos.
Respecto de quienes cumplían con cargos públicos al momento de los hechos investigados, el delito que se les imputa de manera provisoria es el de negociaciones incompatibles con la función pública. En algunos casos se investiga además el delito de cohechos, activo o pasivo.
La mayoría de los abogados defensores pidieron el sobreseimiento para sus clientes, a la vez que por distintos motivos se opusieron a la apertura de la investigación o en tal caso a la tipificación de los delitos que para cada uno, definió en esta etapa la acusación.
Esperar el proceso
El juez Nieto Di Biase rechazó uno a uno los planteos de los defensores. Dijo que “la reformulación de las imputaciones no corresponde que se realicen en la audiencia de apertura de investigación” y que en tal caso el momento apropiado para hacerlo “será en la audiencia preliminar, luego de presentada la acusación”. Concluyó en que “están dados los requisitos que en esta etapa debe cumplir el Ministerio Público Fiscal”.
Ante planteos realizados como por ejemplo el de los defensores Fabián Gabalachis y Juan José Servici, el juez Nieto Di Biase mantuvo esa postura a la vez que el fiscal general Alejandro Franco manifestó que para algunos de los nuevos imputados hay muchas evidencias como para seguir la línea de investigación planteada, mientras que para otros (Ñonquepán y Molinero en uno de los delitos que se los investiga, cohecho) se tendrán en cuenta los pedidos de diligencias y las pruebas aportadas por los defensores “que se analizarán a la mayor brevedad”.
Dahhur junto a su primo Martín Villegas (considerado un prestanombre o testaferro por los investigadores) ya están imputados en la causa desde hace varios meses. En la investigación, los fiscales Alejandro Franco y Marcos Nápoli investigan las responsabilidades penales en torno de auto contrataciones o contrataciones directas por servicios en el que el Estado pagó en total unos dos millones de pesos.
Cabe recordar que están imputado provisoriamente el ex gerente general de Lotería, Federico Verdeau, Diego Luters de la Unidad Gobernador durante la tercera gestión Mario Das Neves al frente de la provincia y Emanuel Salinas, considerado un “prestanombres” o testaferro al momento de la presentación de las facturas para el cobro de las mismas. Los servicios los realizaban con la empresa Sono Eventos o Sepat, de propiedad de Diego Correa que al frente de la Unidad Gobernador, está considerado el jefe de la asociación ilícita que se investiga.
Con distintos grados de responsabilidad, la imputación alcanzo a siete integrantes de lo que consideran los fiscales es una banda organizada, con jerarquías y roles bien diferenciados y una estructura vertical a los fines de cometer los ilícitos. A los imputados Verdeau, Luters y Salinas, se suman también David Dahhur (ex gerente de relaciones institucionales del IAS y se cree el verdadero propietario de Sono Eventos) Diego Correa (jefe de la asociación ilícita y ex secretario privado de Das Neves), Martín Villegas (primo de Dahhur y considerado también un testaferro) y Oscar Alarcón (ex jefe de ceremonial de la Gobernación del Chubut).