Un audaz e impresionante operativo de contrabando internacional quedó desbaratado con duras penas de prisión efectiva.
La Sede Fiscal Descentralizada de Orán, bajo la conducción del fiscal federal subrogante Marcos Romero, logró una condena mediante acuerdo pleno contra dos choferes de nacionalidad boliviana, identificados como Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García. La jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 1 de Salta, los sentenció a cuatro años y ocho meses de prisión como coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos con documentación adulterada en grado de tentativa, sumado al ingreso no autorizado de dichas sustancias a la zona fronteriza.
Documentación trucha, tambores con químico y un cargamento millonario
El procedimiento que disparó la causa ocurrió el 16 de marzo de 2026 en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron a los dos camiones. En los trailers transportaban 35.144 kilogramos de acetato de etilo repartidos en 191 tambores, un solvente vital utilizado para el refinamiento de clorhidrato de cocaína cuya sustancia incautada fue valuada en $167.608.459. Los papeles presentados indicaban que debían cruzar por Salvador Mazza hacia Cochabamba, pero circulaban por una ruta no autorizada con patentes adulteradas y permisos falsos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) creados para imitar el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
El fallo judicial incluyó la inhabilitación absoluta durante la condena, sanciones accesorias del Código Aduanero y el decomiso de los teléfonos celulares, la carga química y el tractor junto con el semirremolque pertenecientes a Puma García.
Conexión con el narcotráfico en Bolivia y trabajo de la PROCUNAR
Las investigaciones epidemiológicas e internacionales no dejaron dudas sobre el destino ilícito de la mercadería. Gracias al trabajo articulado entre la PROCUNAR y la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica (RFAI) con las autoridades bolivianas, se logró constatar que el galpón de destino final consignado en Cochabamba ni siquiera contaba con habilitación para manipular sustancias químicas, consolidando la certeza de que el cargamento iba directo a cocinas de producción ilegal de cocaína.