Cruzaron la cordillera de Los Andes y siguieron el ejemplo chileno. Las marchas multitudinarias en defensa de los recursos naturales vencieron en la provincia argentina de Mendoza. Contra el cambio a una ley que prohibía el uso de químicos para potenciar la extracción, las protestas lograron que el Gobierno local frenara la contaminante iniciativa.
Durante la semana navideña, la famosa «grieta» que separa a los simpatizantes de los principales partidos políticos de Argentina se cerró, pero solo porque se abrió otra división transversal entre quienes están a favor de profundizar el modelo extractivista minero a través del uso de contaminantes, con sus riesgos medioambientales, y aquellos que se oponen.
Luego de movilizaciones en distintas ciudades de la provincia andina de Mendoza y una masiva marcha de decenas de miles de personas a la capital local, que concluyó en una brutal represión de parte de la policía local, el gobernador Rodolfo Suárez anunció hoy que no reglamentará los cambios a la ley 7.722, cuya modificación fue aprobada el pasado viernes 20 de diciembre pese a los reclamos de la ciudadanía.
«No es marcha atrás, no conocemos que haya nada escrito. No será de plena aplicación pero la nueva ley está vigente, no se vuelve a la situación previa a la sanción de la modificación», aclaró con preocupación Marcelo Giraud, geógrafo y representante de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap).
La legislatura mendocina, con apoyo de la mayoría del arco político, tanto del oficialismo como de la oposición, eliminó una prohibición en el uso de químicos como cianuro y ácido sulfúrico para la extracción minera a cielo abierto, aunque mantuvo la exclusión del mercurio. La vigencia de este permiso está ahora en cuestionamiento.
«Nuestra postura no es determinística, no decimos que inevitablemente cualquier mina va a contaminar gravemente, aunque todas tienen varios tipos de impactos negativos. Los riesgos de la minería son muy altos, estadísticamente y a nivel mundial, entonces le toca a la sociedad decidir qué niveles de riesgo son aceptables, y no a un puñado de funcionarios que le hacen el juego a los grandes capitales transnacionales», denunció Giraud.
La clase política, en la mira
El accionar de la clase política fue ampliamente criticado por gran parte de la sociedad mendocina, que rechaza abiertamente desde hace semanas la propuesta de modificación de la ley debido a los altos riesgos de contaminación del agua en una provincia con graves problemas de escasez y sequía.
«El gobernador, en campaña, dijo que la ley no se iba a tocar y el mismo día que asumió presentó el proyecto de modificación», dijo a Sputnik Julieta Lavarello, abogada de la dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte provincial, quien contó que fue detenida durante la represión policial el lunes pasado cuando asistía a un manifestante herido.
«No hay que olvidar que hubo un acuerdo entre el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Mendoza con una especie de intercambio de favores en el cual Juntos para el Cambio se comprometió a votar a favor de la ley de emergencia nacional a cambio de que los legisladores del Partido Justicialista en mendoza dieran el apoyo necesario para la modificación de la ley 7.722», aseguró Lavarello, también parte de Ampap.
La particularidad de este caso es que las posturas superan la discusión partidista para enfocarse en una relativa al modelo productivo. A pesar de que el gobierno provincial mendocino a nivel nacional es oposición a la administración del presidente, Alberto Fernández, comparten una postura similar.
En ambos casos se apuesta al desarrollo de industrias extractivistas como la minería, de la misma manera que lo hacía la gestión del expresidente Mauricio Macri (2015-2019). Acá no hay grieta. Lo que prima es la necesidad de generar empleo y potenciar un sector exportador que produce dólares, defienden desde el oficialismo nacional y provincial, a pesar de tener diferente bandera.
Sin embargo, existen amplios cuestionamientos desde sectores de izquierda, del peronismo independiente y de la academia acerca del poder de cabildeo de estas corporaciones y los beneficios económicos reales que ofrece impulsar la explotación de los recursos para que las ganancias sean repatriadas a casas matrices en el exterior al tiempo que se los beneficia con reducción de impuestos.
Por lo pronto, tanto la represión policial como la modificación a la ley fueron denunciadas a la Justicia.»A comienzos de siglo se sancionó en Argentina la Ley General del Ambiente (25.675), que incluye los principios de clásicos internacionales como el de precaución, prevención, equidad intergeneracional y el de progresividad, que lleva incluido el de no regresión, es decir, que no se puede retroceder en las normas», explicó Giraud. (Sputnik)