El juez Luis Rodríguez procesó este viernes (06/12) al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Al primero lo procesó por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que a la funcionaria la procesó por encubrimiento y abuso de autoridad.
Estas medidas las tomó el magistrado en el marco de la causa que investiga presuntos beneficios concedidos de manera irregular a la multinacional petrolera Shell.
La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes acusaron al entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su «doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.».
Los diputados denunciaron que en su declaración jurada patrimonial, Aranguren, ex presidente de la filial argentina de la petrolera, declaró poseer «más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell».
El 28 y 29 de marzo de 2016 se dictaron las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell.
También se autorizó la «compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia«, lo que, según la denuncia puso «en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino».
Aranguren ya había sido indagado el pasado 19/11 por negociaciones incompatibles con la función pública, y declaró que «en ningún momento» benefició a Shell. Explicó que “el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañía por el gas durante en el período 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración”.
“El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado”, explicó. «Las empresas no se beneficiaron con los aumentos, no fue a las empresas, sino que redujo los subsidios que se pagaban a los usuarios”.
También argumentó que “en ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público”.