Los operativos en busca de documentación sensible para la investigación judicial fueron realizados, en simultáneo, en cinco sedes distintas de las empresas Autopistas del Sol (Ausol), Concesionario Oeste y Natal inversiones por efectivos de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, detallaron las fuentes.
En la causa se investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión a pesar de que las firmas Ausol y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.
De acuerdo a la denuncia formulada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, para avanzar con la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.
La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera la presidencia de la Nación en 2015 y retirada años después, sin mayor trámite, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.
En los allanamientos se buscaron documentos vinculados con la negociación, el trámite ante el Ciadi, los balances de las empresas y las composiciones accionarias, por lo que fueron secuestrados discos rígidos, entre otros elementos, según las fuentes consultadas.
La firma Natal Inversiones, situada en la Ciudad de Buenos Aires, fue la que en 2017 le compró a Sideco, una de las sociedades del Grupo Macri, su participación accionaria en Autopistas del Sol, transacción que también está siendo analizada por la justicia.
En esta causa se investiga el eventual papel en las supuestas maniobras irregulares del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, del ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y del propio Macri, entre otros.
La relación de Macri con Ausol fue formalmente reconocida cunado la ex vicepresidenta Marta Gabriela Michcetti debió firmar el decreto de la prórroga de la concesión, para evitar eventuales conflictos de interés, por recomendación de la entonces jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.