En medio de un clima de tensión en las cárceles del país con motines y enfrentamientos dentro de los establecimientos, el presidente Alberto Fernández avaló este lunes que los presos comunes que integren los grupos de riesgo de contagio de coronavirus salgan de prisión y accedan al beneficio de la domiciliaria.
«Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad», arrancó el Presidente, que se mostró a favor de las «libertades restringidas» con dispositivos electrónicos para controlar a los detenidos fuera de las cárceles.
Fue la primera vez que el Presidente se refirió directamente a la bomba de tiempo en que se convirtieron las cárceles tras la expansión de la pandemia. En las últimas semanas hubo motines en la cárcel de Devoto, y en los penales de Florencio Varela, Santa Fe y Corrientes. Este lunes esa situación se repitió en la cárcel de Mendoza.
«Intento que podamos controlarlo de manera racional, pero no es un problema solo de la Argentina», dijo Fernández en una entrevista radial y pidió «seriedad» a la oposición para tratar el tema.
En el centro de las críticas puso a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «Cada dos por tres leo un tuit donde dice que queremos indultar. Acá en la Argentina algunos no hacen un análisis y dicen ‘quieren liberar para buscar la impunidad’. No es eso», dijo Fernández.
Este lunes, desde la oposición salieron a cuestionar el apoyo del Presidente a las domiciliarias de los presos comunes.
Pero también hubo gestos de diferenciación dentro del Frente de Todos. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió que los jueces que liberen a presos sin cumplir con la ley de la víctima, podrían ser sometidos a juicio político, marcando una distancia con la postura del Presidente.
Para sostener su posición a favor de la morigeración de las condiciones de detención, el mandatario recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había recomendado a los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia.
«Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control», indicó Fernández.
Es casi el mismo argumento que había sostenido el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, cuando pidió a la Justicia la semana pasada que le dieran domiciliaria a Ricardo Jaime, detenido por la tragedia de Once, por sus supuestos problemas de salud
Fernández también recordó que la Cámara de Casación Penal recomendó que se otorgue prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a los presos no violentos.
«Es un tema complicado porque además se mezcla con criterios de Justicia. Hay gente que está detenida, no tienen condena aún y están exponiéndose peligrosamente», dijo y señaló que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, indultó y liberó a 1.300 presos.
La mención a Piñera no es menor ya que el chileno está en la antípodas ideológicas del que comanda Fernández. La situación en los penales y con los presos que vienen tratando de salir de las cárceles por el coronavirus le trajo muchos dolores de cabeza al Gobierno.
La semana pasada, hubo un motín en el penal de Devoto y una serie de enfrentamientos en la Unidad N23 de Florencio Varela. Ambos disturbios arrancaron por el reclamo de los presos que buscan salir de las cárceles.
En el Gobierno hay un sector, representado por el kirchnerismo más duro, que ideológicamente apoya las salidas y la morigeración de penas para los presos comunes como las prisiones domiciliarias. Allí se anota el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, entre otros. Ambos responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner y llegaron a los cargos con su apoyo.
Mena tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario Federal y es quien estuvo en las negociaciones del viernes pasado en el penal de Devoto donde acordó un documento con los presos, en el que se definió una mesa de diálogo para avanzar con las domiciliarias para los grupos de riesgo e incluso para quienes están cerca de cumplir su condena. O sea, presos que no terminaron de purgar su culpa pero que podrían salir igual por el efecto pandemia.
Pietragalla fue el funcionario que la semana pasada pidió a la Justicia le otorguen la domiciliaria a Ricardo Jaime, preso por la tragedia de Once, y que liberen al hijo de Lázaro Báez, Martín, que tiene una preventiva y está en pleno juicio por la Ruta del Dinero K. Ambas movidas del kirchnerismo fueron rechazadas por la Cámara de Casación Penal.