La causa impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE-AyDA) de Comodoro Rivadavia incluye cargos por matanza de guanacos en época de veda, encubrimiento por acopio de casi 200 kilos de carne y tenencia ilegal de armas de fuego.
En una audiencia celebrada en la Oficina Judicial del barrio Roca, en Comodoro Rivadavia, el juez penal Alejandro Soñis dio por formalizada la apertura de investigación preparatoria contra cinco personas implicadas en una causa por caza furtiva, encubrimiento y tenencia ilegal de armas de fuego en la localidad de Camarones.
La presentación estuvo a cargo de las representantes de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE-AyDA), la procuradora Andrea Serer y la abogada de fiscalía Belén Martini, quienes expusieron una trama delictiva sostenida entre octubre de 2025 y abril de 2026, en la que se encuentran involucrados dos empleados policiales en actividad.
El inicio de la maniobra en el campo «La Ernesta»
De acuerdo con la teoría del caso planteada por el Ministerio Público Fiscal, los hechos se iniciaron el 21 de octubre de 2025 en el establecimiento rural «La Ernesta», situado en las afueras de Camarones. Según la imputación, el empleado policial Héctor Eleuterio Frintt ingresó al predio sin autorización de su propietario y en plena época de veda, dando muerte a al menos un ejemplar de fauna silvestre de la especie Lama guanicoe (guanaco), al que luego trasladó sobre el capot de su vehículo.
Los investigadores sostienen que Frintt sostuvo esta práctica bajo la modalidad de delito continuado en distintos días, horarios y sectores aledaños a Camarones hasta el 30 de marzo de 2026. En un allanamiento posterior practicado sobre sus bienes, la Policía secuestró dos armas de fuego equipadas con miras telescópicas que carecían de la correspondiente autorización legal para su tenencia.
Acopio clandestino de casi 200 kilos de carne de guanaco
La pesquisa también determinó que, entre el 21 de octubre de 2025 y el 30 de marzo de 2026, autores aún no identificados ejecutaron cacerías furtivas de guanacos cuyas piezas fueron distribuidas entre terceros. En ese circuito de comercialización y ocultamiento aparecen vinculados dos de los coimputados, quienes recibieron la mercadería entre octubre del año pasado y el 25 de abril de 2026 a sabiendas de su procedencia ilícita.
Por un lado, la empleada policial Karen Gacitúa receptó un cargamento de 123 kilogramos de carne de guanaco, volumen que fue incautado durante los procedimientos y posteriormente incinerado previo informe veterinario y labrado del acta de rigor. Por otro lado, Rogelio Contreras recibió 71,145 kilogramos de carne de la misma especie; además, en el allanamiento realizado en su vivienda se le secuestró un fusil de uso civil con mira telescópica sin documentación habilitante.
Secuestro de armas sin registro en un establecimiento rural y una carnicería
Los operativos ordenados por la Justicia alcanzaron también a otros dos residentes de la zona vinculados a la tenencia irregular de armamento. En el caso de Guillermo Bonicatto, encargado de la estancia «La Ernesta», un primer allanamiento derivó en el secuestro de una carabina calibre .22 sin papeles; en simultáneo, durante la inspección al casco del campo, el propio Bonicatto entregó de manera voluntaria una segunda carabina calibre .22 que tampoco contaba con inscripción ante el RENAR ni permiso legal.
En tanto, durante un allanamiento efectuado en el domicilio particular y en el local comercial de Javier Mauricio Sardón —la carnicería «El Faro», ubicada en Camarones—, los efectivos incautaron un revólver marca Tala calibre .22 largo que el imputado mantenía bajo su custodia sin registro oficial ni credencial de legítimo usuario.
Calificaciones legales provisorias para los cinco acusados
A partir de la evidencia recolectada en los distintos procedimientos, la UFE-AyDA encuadró provisoriamente las responsabilidades penales de cada uno de los sospechosos en carácter de autores. A Héctor Frintt se le atribuyó el delito de caza furtiva en infracción a la Ley Nacional N° 22.421 (de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre) en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (dos hechos).
Para Rogelio Contreras, la fiscalía formuló cargos por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional y encubrimiento por receptación, ambos en concurso real, mientras que a Karen Gacitúa se le imputó exclusivamente el delito de encubrimiento por receptación. Por su parte, Guillermo Bonicatto quedó imputado por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil (dos hechos en concurso real) y Javier Mauricio Sardón por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, conforme al artículo 45 del Código Penal.
Planteos de las defensas y resolución del juez Soñis
Durante el desarrollo de la audiencia en los tribunales del barrio Roca, el defensor oficial de Sardón, Alejandro Varas, no formuló objeciones al inicio de la investigación y manifestó que su representado tenía intención de prestar declaración. En cambio, el abogado particular Diego Cruceño —quien ejerce la defensa técnica de Frintt, Gacitúa, Contreras y también interviene en la causa— rechazó la apertura respecto de Gacitúa y Contreras al argumentar que no se encontraban reunidos los elementos típicos para atribuirles el delito de encubrimiento.
Tras escuchar a las partes, el juez penal Alejandro Soñis resolvió desestimar los cuestionamientos de la defensa particular y sostuvo que, más allá de las objeciones planteadas, el Ministerio Público Fiscal aportó elementos de convicción suficientes para avanzar con la pesquisa. De este modo, declaró formalmente abierta la investigación preparatoria contra los cinco imputados, dándolos por anoticiados de los hechos y de las calificaciones legales provisorias que pesan en su contra.