La Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció esta noche que reducirán un 25% sus salarios debido a la pandemia de coronavirus y que esa plata será donada para la compra de insumos sanitarios.
Según publicó el Centro de Información Judicial, los cinco miembros de la Corte decidieron «destinar esos fondos al Hospital Francisco J. Muñiz para la adquisición de los bienes o insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria».
La resolución que lo dispuso expresa que, si bien el Estado ha adoptado medidas a nivel nacional, provincial y municipal para afrontar la emergencia sanitaria, es necesario —dada la magnitud de la crisis— que ese esfuerzo sea complementado con todas las contribuciones personales y de la sociedad civil que sean posibles.
Además, decidieron que podrán disponer la extensión de la medida en caso de que las necesidades así lo exigiesen.
La resolución lleva las firmas del presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y de los jueces Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.
Si bien Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti no suscribieron el documento, aclararon que estaban de acuerdo con la medida.
De esta forma, la Corte Suprema se sumó a las iniciativas de distintos sectores de la política y de la justicia que decidieron donar parte de sus remuneraciones para el sistema sanitario, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.
En tanto, hoy el alto Tribunal dispuso que se efectivicen los pagos electrónicos, consentidos o no, en juicios por alimentos, indemnizaciones por despidos y accidentes de trabajo, y que además se liquiden los honorarios de los abogados intervinientes.
En la misma acordada, la número 9, se encomendó a los tribunales nacionales y federales que «arbitren los medios necesarios para que cada juez natural pueda atender los pedidos de esas libranzas de manera remota».
Así la Corte respondió al pedido del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que se implementaran todos los trámites procesales posibles de forma electrónica.
«Resulta imperioso adoptar medidas complementarias rápidas y eficaces a las directivas ya impartidas (la interrupción de la actividad hasta el 12 de abril, entre otras), para asegurar a los destinatarios de los procesos judiciales y a los abogados que intervienen en las distintas causas, ingresos que, de otro modo, perjudicarían el sustento diario en esta emergencia sanitaria», señalaron.
