Mediante un comunicado, la Asociación de Magistrados y funcionarios judiciales emitió este viernes un comunicado en el que respaldó las declaraciones de su presidenta, Carina Estefanía, quien había mencionado la posibilidad de realizar en Chubut un proceso de destitución y juicio político al gobernador Mariano Arcioni.
Precisamente, a partir de dichas declaraciones, desde el gobierno, el Ministro de Gobierno, José María Grazzini, la tildó de “golpista” al afirmar que dichas expresiones “suenan a otras épocas, cuando se programaban golpes a los diferentes poderes”.
En este sentido, tras recibir el respaldo del SITRAJUCH, la Asociación de Magistrados respaldó a su Presidenta y remarcó que la “revocatoria de mandato”, el “juicio político” y la “intervención federal” son mecanismo previstos en la constitución de Chubut, en los artículos 264, 198; y 5 y 6 respectivamente.
Los mismos tienen “el claro objetivo de sanear el Estado, en resguardo del régimen federal, republicano y democrático de Gobierno”.
De esta forma, ante las expresiones del Ministro Grazzini, la Asociación consideró que el Ejecutivo pretende “desconocer la Constitución Provincial” al darle otro sentido a las expresiones de Estefanía.
Añaden que se intenta “causar desconcierto en la ciudadanía que tiene derecho a saber que el único reclamo que realizamos desde hace más de 2 años es que se cumpla con sus obligaciones y deposite en tiempo y forma los fondos para pagar salarios”.
De esta forma, subrayaron que desde la Asociación “históricamente hemos defendido el funcionamiento de las instituciones y el fortalecimiento del sistema republicano y democrático –lo cual- está en la base de cualquier discusión pública y de reivindicación de derechos”.
Así, la Asociación de Magistrados denunció que el atraso en el pago de salarios “incide en el desempeño y autonomía de un poder independiente”, como el Judicial.
Apuntaron así que el Estado Constitucional de Derecho es “incompatible con cualquier intento de condicionar el funcionamiento autónomo de la judicatura”, y que además “implica cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que el Estado provincial ha asumido con el Poder Judicial”.
Sobre el final, recuerdan que desde el inicio de la crisis, en 2018, se manifestaron “en favor del diálogo institucional sensato y constructivo”.
“Nuestras disidencias con las políticas públicas que nos perjudican (implementadas por el Gobierno) han sido comunicadas y debatidas dentro del marco de los más elementales principios constitucionales”, concluye el comunicado.
