En un frente común de contundencia histórica, la provincia de Tierra del Fuego dio un paso crucial en los tribunales para frenar el megaproyecto de extracción hidrocarburífera en el Atlántico Sur.
Alingándose con la estrategia del Ejecutivo nacional, el gobierno fueguino busca congelar las operaciones británicas e israelíes en aguas que forman parte de la plataforma continental argentina.
Fuerte presentación judicial contra las petroleras Rockhopper y Navitas
El gobernador peronista Gustavo Melella formalizó la presentación de la provincia en la causa abierta contra las empresas Rockhopper (de origen británico) y Navitas (con sede en Israel). La acción judicial busca detener categóricamente las maniobras del proyecto León Marino (Sea Lion), ubicado a poco más de 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, hasta tanto no se realice una exhaustiva evaluación de impacto ambiental supervisada y aprobada por autoridades argentinas.
Desde la provincia advirtieron sobre los inminentes riesgos de desastre ecológico, las contingencias financieras y el eventual impacto sobre recursos naturales compartidos. Asimismo, el escrito fundamenta que los trabajos unilaterales configuran una violación flagrante a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, norma internacional que prohíbe introducir modificaciones de hecho en el territorio insular mientras persista la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
Diálogo institucional con Santilli por la agenda antártica y la soberanía
En este contexto de firmeza jurídica, Melella mantuvo una reunión clave con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, con el propósito de coordinar las prioridades del territorio fueguino y la proyección antártica. Durante el encuentro se abordaron temas estructurales como el desarrollo de la Base Naval Integrada, el Polo Logístico Antártico, las obras en el Puerto de Ushuaia, el esquema de inversiones y el sostenimiento del empleo.
El mandatario provincial subrayó a través de sus canales oficiales que el diálogo institucional no implica en absoluto resignar convicciones. Reafirmó que la Cuestión Malvinas constituye una causa irrenunciable e identitaria para los fueguinos, garantizando que el Estado provincial continuará agotando todas las instancias legales para defender los intereses nacionales en el Atlántico Sur.