Ante la entrega de la corte y de Milei de nuestra soberanía, tenemos que defender nuestro territorio.
El legislador Leandro García cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales impulsada por el DNU 70/23 y advirtió sobre sus consecuencias para Río Negro.
El legislador rionegrino Leandro García expresó su preocupación por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó el fallo que había frenado el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
La Ley de Tierras establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones específicas para determinadas zonas y cuerpos de agua.
“La decisión de la Corte vuelve a dejar a nuestro territorio expuesto a una lógica donde la tierra aparece como una mercancía más. Y la tierra no es una mercancía cualquiera: es territorio, producción, arraigo, soberanía y futuro”, sostuvo García.
El legislador remarcó que la discusión adquiere una dimensión particular en Río Negro.
Según los últimos datos oficiales disponibles del Registro Nacional de Tierras Rurales, el 1,8% de la superficie rural rionegrina se encontraba en manos extranjeras, unas 317.496 hectáreas. Pero el promedio provincial no refleja las situaciones de concentración territorial existentes en determinados departamentos: Bariloche registraba un 13,61% y Pilcaniyeu un 10,48% de superficie rural en manos de extranjeros.
“No podemos mirar solamente el promedio provincial.
En nuestra provincia tenemos una enorme extensión territorial y zonas estratégicas donde se cruzan bienes naturales comunes, recursos hídricos, producción, turismo y frontera. Allí la discusión sobre quién tiene la propiedad y quién decide sobre el territorio es una discusión de soberanía”, afirmó García.
En ese sentido, recordó que la propia Ley 26.737 establecía restricciones para la titularidad extranjera de inmuebles rurales que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, así como determinadas limitaciones vinculadas a las zonas de seguridad de frontera. Mientras tanto, nuestros pobladores siguen esperando.
García puso también el foco en una contradicción que considera central para Río Negro: mientras se flexibilizan las condiciones para la adquisición de grandes extensiones de tierra por capitales extranjeros, numerosas familias y pobladores rurales de la provincia continúan atravesando procesos de regularización dominial después de décadas de ocupación, trabajo y arraigo.
“Es una contradicción enorme: un poblador que vive, trabaja y produce durante décadas en un territorio tiene que atravesar años de trámites para obtener la seguridad jurídica sobre su tierra, mientras el Gobierno nacional facilita que grandes capitales puedan acceder al territorio sin los límites que establecía la legislación argentina”, señaló.
Para García, el debate no debe reducirse a una cuestión de nacionalidad de los propietarios.
“No se trata de estar contra quien viene de otro país a invertir, producir o vivir en la Argentina. Se trata de discutir qué modelo de ocupación territorial queremos. Una cosa es la inversión productiva y otra muy distinta es la concentración de grandes extensiones de territorio estratégico en pocas manos”, explicó.
Finalmente, el legislador sostuvo que el Congreso debe recuperar la discusión sobre los límites a la extranjerización de tierras rurales.
“El DNU 70/23 no puede convertirse en una vía para desarmar las herramientas que durante años construyó el Estado argentino para proteger nuestro territorio. Tenemos que volver a discutir estos límites en el Congreso y defender una política de tierras que priorice el arraigo, la producción, el acceso a la tierra de nuestros pobladores y la soberanía territorial”, concluyó García.
“Río Negro necesita una política de tierras que garantice arraigo y producción. Nuestro territorio no puede quedar librado exclusivamente a la lógica del mercado.”