Se trata de Dora Verón, quien estaba internada en la Clínica Osecac de la localidad bonaerense de Merlo, dijo a Télam el abogado de las familias de las víctimas, Ignacio Trimarco, quien agregó que otros 18 adultos mayores que fueron evacuados de ese establecimiento continúan internados con la Covid-19.
Por su parte, las familias de las víctimas reclamaron la detención e indagatoria de los dueños del geriátrico, aunque para la fiscalía la primera medida no es necesaria, dado que no fue acreditado el peligro de fuga, los imputados se presentaron espontáneamente, constituyeron domicilio junto con su abogado y demostraron tener arraigo, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
“La mayoría de los internados están delicados y algunos están mejorando”, aseguró Trimarco a Télam esta tarde.
Entre el martes y miércoles, Trimarco indicó que se tomaron “15 testimoniales de los familiares de los damnificados”.
También agregó que “llegó a la fiscalía el material secuestrado luego de un período de desinfección” de las pruebas, entre ellos, “computadoras, historias clínicas y los ingresos y egresos al geriátrico del personal que trabajaba” allí.
Trimarco destacó que entre el material de prueba figura el disco rígido de las filmaciones del exterior y el interior del geriátrico, que permitirá saber cómo se encontraban los adultos mayores “en todo este tiempo que se está investigando”.
“El disco rígido permitirá, por ejemplo, saber si estaban aislados, en qué condiciones de seguridad se encontraban y si se les tomaba o no la temperatura”, dijo el abogado.
Añadió, además, que comenzaron a “analizar las historias clínicas de todos los residentes” y que están examinando la posibilidad de derivar la causa “a la justicia federal”.
Al respecto, los familiares también reclamaron que la causa pase al fuero federal y se investiguen posibles delitos contra la salud pública, algo que deberá resolver la jueza Lorena Tula del Moral, del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que por ahora investiga el caso como “abandono de personas”.
El pasado 22 de abril los ancianos del geriátrico Apart Incas fueron evacuados tras una denuncia realizada por empleados infectados con Covid-19.
El fiscal Maximiliano Vence ordenó la evacuación y luego dispuso un allanamiento a la clínica para retirar los libros de ingreso y egreso al establecimiento, las historias clínicas y otros elementos de prueba.
El fiscal imputó por «abandono de persona seguido de muerte» y «propagación de una enfermedad» al propietario de la residencia geriátrica y a otro médico, mientras se investiga por incumplimiento de deberes de funcionario público a miembros del gobierno porteño.