La reunión se concretó este miércoles entre el intendente Adrián Maderna y un grupo de vecinos del barrio 22 de Agosto, quienes reclaman al IPV que se redefina el valor de las cuotas de sus viviendas.
En este sentido, pidieron al Intendente Maderna, acompañamiento en el reclamo y previo a este encuentro, la coordinadora de Intendencia, Sandra Tribuzio, había participado de una reunión gestionada por el Municipio con autoridades del IPV.
Vale señalar que el reclamo de los vecinos comenzó tras recibir una notificación por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la que se les informaba el inicio del cobro de la primera cuota de las viviendas, luego de 4 años, con montos que rondaban los 30 mil pesos.
Así mismo, se informaba la elección de sistema de amortización de deuda francés o UVI, con un plazo de respuesta de 4 días.
Ante esto, los vecinos argumentaron que en el 2016 los valores de las viviendas rondaban el millón de pesos y en la actualidad se impuso un plan de pago por encima de los $ 8 millones.
De esta forma, se acordó una próxima reunión para la semana que viene, entre la totalidad de los vecinos que reclaman por esta situación y funcionarios del Municipio.
Maximiliano Brandón, en representación de los vecinos del barrio 32 viviendas, expresó que “es increíble que nos quieran imponer una cuota de 30.000 pesos, cuando en realidad no tendría que llegar a los 10.000 ya que las viviendas fueron entregadas en 2016, con un valor de 14.120 pesos por M2 y la superficie de cada dúplex es de 65.93 M2”.
“Una vivienda que vale un millón de pesos, la quieren cobrar en 8 millones”, cuestionó el vecino.
Si bien reconoció que la voluntad de las familias es pagar, señaló la necesidad que dichas cuotas sean “accesibles y dignas”. Además, denunció que pese a haber sido entregadas hace 4 años, ya presentan problemas estructurales en pisos y paredes.
Por su parte, otra vecina, Natalia Davies, explicó que el objetivo es lograr “cuotas fijas en pesos y especialmente pelear el valor final de los inmuebles”, ya que “el monto de 8.700.000 pesos es irracional, para casas que ya están destruidas, con humedad y agujeros en el techo”.
