Somos noticia en los medios nacionales por el escándalo de lo ocurrido en el barrio INTA, de Trelew, en donde un operativo de seguridad encabezado por el ministro Federico Massoni, dio lugar a una grave denuncia tras acusar los vecinos a la Polícia, por su accionar violento y desmedido, que causó numerosos heridos y damnificados.
En este sentido, pudieron verse las imágenes en las que desde una Traffic, se realizan disparos contra vecinos que estaban en la vereda, alertados movimiento frenético de las fuerzas policiales.
La propia Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic aludió al accionar represivo en el Chubut y en el de otras provincias, poniendo a la administración arcionista otra vez en un incómodo lugar en materia del respeto por los derechos humanos.
En efecto, por las redes sociales, la funcionaria nacional, señaló: “Tras nuevos hechos de violencia institucional, vuelvo a recomendar a los gobiernos provinciales que, tal como hacemos en el Ministerio de Seguridad de la Nación, repudien, investiguen y condenen cada vez que las fuerzas de seguridad violen la ley. La violencia institucional es un delito”, expuso.
Inclusive se supo la noticia que legisladores provinciales y nacionales alzaron enérgicamente sus voces contra el desempeño del ministro, y le hicieron llegar sus reclamos al gobernador Arcioni. Quien, a esta altura, pareciera ser, continúa manteniendo caprichosamente en el cargo a su amigo y par en los tiempos del Liceo General Roca, de Comodoro Rivadavia, contra lo que pide la inmensa mayoría de los chubutenses.
Pero, Massoni ya tiene una causa penal dando vueltas por los tribunales de Trelew que aún, curiosamente, no tiene definiciones pese a que los hechos por los que se lo ha denunciado datan de varios meses.
Es la de unos productores rurales a los que Massoni los habría apuntado con un arma de fuego y detenido confundiéndolos con delincuentes, en un operativo que él y el subjefe de la policía, Néstor Gómez, llevaron a cabo en la Ruta Nacional 3 camino a Comodoro Rivadavia.
Las fuentes consultadas por este medio dicen que ahí no se ha registrado movimiento alguno porque las víctimas -según parece- querían desistir de seguir impulsando alguna acción penal, pero la denuncia está y el caso podría cobrar vida en cualquier momento. Hasta se podría desarchivar si los denunciantes o damnificados se presentan a la Justicia y pidan llevar a juicio al funcionario.