Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de ex jueza de cámara en lo penal de Trelew, a fin de expresar mi más profunda preocupación por el mecanismo que, según las noticias publicadas, habría diseñado el Sr. Gobernador de la Provincia para seleccionar los nombres de quienes cubrirán los cargos actualmente vacantes en el Superior Tribunal de Justicia provincial.
Se ha convocado a una mesa de “acuerdo político” para definir esos nombres y los medios de comunicación, explícitamente, indican que en dicho ámbito el Mandatario tratará de “conseguir los votos” que le aseguren en la Legislatura la aprobación de los respectivos pliegos. Así, como si se tratara de un poroteo o un toma y daca de cúpulas partidarias de los distintos sectores de la política provincial.
Sin desconocer el sesgo político que tiene este tipo de designaciones, y aún a riesgo de parecer ingenua, el mero anuncio del mecanismo ideado debería provocar un escándalo público si no fuera porque hemos naturalizado en este país todo tipo de atropello a las instituciones. Asistimos impávidos a la configuración de una “mesa judicial”, traslado de jueces por decreto, presiones públicas a magistrados para que fallen en determinado sentido o que renuncien a sus cargos, y varios etcéteras que hoy más que nunca es preciso desterrar.
Sería absolutamente preocupante que la clase política chubutense “legitimara” este tipo de proceder, porque es evidente que la profunda crisis por la que atraviesa el Poder Judicial de la provincia se agravaría mucho más si el Tribunal que lo gobierna se integrara con personas seleccionadas de una manera tan oscura. Máxime teniendo en cuenta que es esta una oportunidad histórica, pues implica que un gobernador pueda seleccionar una cantidad de miembros que configurarán la mayoría absoluta en la Corte provincial.
No es posible olvidar en esta hora la vocación republicana puesta de manifiesto en el histórico decreto 222/03, por el cual el Presidente Kirchner autolimitó su poder con el objetivo de concretar valores como los de transparencia y participación ciudadana en la selección de aquellos cuya función sería, ni más ni menos, que el gobierno del más alto tribunal judicial del país.
Transparencia surgida del escrutinio público sobre la idoneidad, el compromiso con los derechos humanos, la sensibilidad social y la independencia de criterio frente a los poderes fácticos de cada uno de los candidatos, y que avanzara en el camino de lograr igualdad de género en su integración. Participación ciudadana, garantizada con la aportación de los colegios de magistrados y funcionarios, de abogados de la matrícula, de universidades, de organismos de derechos humanos y de toda organización social representativa de los intereses públicos que la cuestión involucra.
Me permito escribirles sin ningún interés personal, en el absoluto convencimiento de que quienes tienen un rol de protagonismo institucional en la cuestión deben estar a la altura de las circunstancias y ejercer su rol político, de cara a la sociedad toda, con la responsabilidad y la transparencia republicanas que exige la hora. Sólo así podremos comenzar a transitar una senda virtuosa que permita revertir el desprestigio que sufre el poder judicial de la provincia.
Sin más, me despido de Uds. con mi mayor con atenta consideración
Mónica Rodríguez, ex jueza de cámara en lo penal de Trelew – DNI 10957295