La Justicia de Tucumán, resolvió revocar la prisión domiciliaria para Gregorio Evaristo Leiva, un violador condenado por embarazar a su propia hija.
El abusador, de 71 años, había recibido en junio pasado por ser un paciente de riesgo ante la pandemia del coronavirus.
La niña, de iniciales J., sufría un verdadero calvario a diario, al punto de tener que abandonar su casa y esconderse en casa de familiares.
“Después de mucho trabajo y gestión, se consiguió ya el traslado del abusador en el caso de J., luego de 24 horas de emitida la resolución. El cuerpo de abogados, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, ejercerá el patrocinio, que fue aceptado ayer por la familia”, explicaron a Infobae desde la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán.
El primer hecho
El hecho se originó en la localidad Alderetes, cerca de San Miguel de Tucumán. Leiva cumple una condena desde 2017 por abuso sexual agravado luego de haber violado y embarazado a su propia hija hace algunos años. En el marco del arresto domiciliario, se instaló en su casa ubicada a dos cuadras de la de J. y su madre.
El primer caso de acoso ocurrió el 27 de junio. Aquel día, organizó una reunión con sus amigos y comenzó a tomar. Al ver a J. jugando en la calle, le dijo groserías por lo que Eliana, madre de la niña, fue a increparlo tras el llanto de su hija. La mujer buscó hacer la denuncia pero en las comisarías hicieron caso omiso. No solamente buscaba denunciar lo que había sucedido, sino que ya pedía la custodia policial para evitar que Leiva se acerque a J. En medio de varias idas y vueltas, el violador seguía acosando de la nena.
Si bien la denuncia se terminó radicando el 10 de agosto, no hubo avances judiciales hasta recién en los últimos días, donde pudo ampliar la denuncia. La madre contó que en las últimas semanas, el hombre de 71 años volvió a acercarse a la niña, a quien le ofreció una fruta. Aterrorizada por la situación, la menor pudo escapar del acosador.
La intervención de la Provincia
Tras tomar estado público la situación de esta familia, intervino la Provincia. El Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia Contra la Mujer, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, ofreció asesoría a la familia. Posteriormente, llegó la noticia sobre la revocatoria de la prisión domiciliaria. De esta manera, llega paulatinamente la calma para J. y su familia.