Al momento de describir los hechos en la causa “ñoquis calientes”, el fiscal general Omar Rodríguez dijo en la audiencia de apertura de investigación que la ex diputada provincial y ministro de familia Cecilia Torres Otarola, “obligaba al resto de los imputados a dejar sus sueldos en provecho propio”. La audiencia se inició en la mañana de este martes y los abogados defensores cuestionaron algunos de sus términos por lo que la jueza de garantías Ivana González se tomó algunas horas para analizar su resolución.
En la audiencia y ante los presentes en el edificio de la Oficina Judicial de Rawson solo ocupada por periodistas y los presuntos querellantes en representación de la Fiscalía de Estado, acompañado por el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch, el fiscal general Omar Rodríguez realizó consideraciones sobre la investigación realizada hasta el momento.
Dijo que Torres Otarola “contrataba asesores sabiendo que no existiría contraprestación, porque la mayoría ni siquiera residía en la provincia del Chubut. Algunos de ellos ni siquiera se comunicaban telefónicamente con ella, trabajaban de manera informal de los que comúnmente se lo conoce como en negro”. Agregó que “aún no está cuantificado el monto total de los ilícitos y que ello estará a cargo de los contadores que trabajan con los fiscales en la medida que avance la investigación”.
Manifestó además que “estamos trabajando también en la presunción de estar frente al delito de enriquecimiento ilícito por parte de Torres Otarola. Oportunamente pediremos la apertura de investigación”, anticipó Rodríguez.
En la causa existe un total de 13 personas imputadas y está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de la ex funcionaria, se encuentran imputados Silvana Cañumil, Patricia Claudina Antonio, Alberto Gilardino, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira,Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, el ingeniero Carlos Cundari, Miguel Reto Trelles, Pamela Matamala y Facundo Jofré.
La mayoría de los abogados defensores no se opusieron a la apertura de la investigación aunque en general coincidieron en rechazar el pedido de los fiscales en cuanto a se considere al caso como “complejo” que permitiría extender el tiempo de la investigación. Los fiscales dijeron que la gran cantidad de hechos a probar, la gran cantidad de imputados y las dificultades para la investigación que genera la cuarentena por el COVID 19 justifican la extensión de los plazos.
La jueza Ivana González se cree que convocará nuevamente a las partes en horas de esta tarde para dar a conocer su resolución.