Enojado por las denuncias que el dueño de Cholila Online le ha hecho en la Justicia y por las ilegalidades que públicamente le ha puesto en evidencia, logró convencer a un juez para que dicte una medida cautelar en su beneficio y le prohíba a este portal de noticias que lo nombre, lo cual bien podría considerarse como censura.
Debe ser el único lugar del planeta en el que a un funcionario público no se lo puede mencionar. Por lo general esas medidas judiciales son aplicables a un ciudadano común cuando se siente injuriado o víctima de una campaña de desprestigio; que casualidad, como la que está padeciendo en estos días el director de este portal de noticias por parte de medios mentirosos, pertenecientes a los grupos económicos a los que él ha venido denunciando por hechos de corrupción.
Este funcionario público, como cualquier otro, debe entender de una buena vez que sus actos son públicos y que la manera de refutar cualquier crítica, denuncia o acusación es aclarando, rindiendo cuentas a la ciudadanía; y no censurando o promocionando injuriosas campañas de desprestigio en contra de sus denunciantes u opositores.
