En el boletín oficial del pasado 11 de noviembre, el gobernador de Chubut Mariano Arcioni, junto a su ministro de seguridad Federico Massoni y el subsecretario de la misma cartera Félix Soto Mayor, dió luz verde a la Resolución 145/2020 que legaliza el gatillo fácil en la provincia, tal como hiciera la ex ministra Patricia Bullrich respecto de las fuerza federales en 2018, con la recordada Resolución 956/2018 que consagró normativamente la “doctrina Chocobar” del disparo a personas desarmadas y por la espalda.
La situación de la provincia de Chubut es de suma gravedad hace años. Bajo el mandato del gobernador Arcioni, se profundizó un constante atraso salarial en toda la provincia, especialmente para lxs trabajadorxs estatales, quienes no perciben su sueldo desde el mes de agosto. A este escenario, en el contexto de pandemia, se suman la emergencia sanitaria y la escasez de recursos en escuelas y hospitales, el permanente hostigamiento que sufren los pueblos originarios (en especial, el pueblo mapuche) y las enormes movilizaciones contra los intentos de avanzar con la megaminería que dieron origen al movimiento NoALaMina. Esta desidia sostenida le costó la vida a las compañeras docentes María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, que murieron en un accidente automovilístico en la ruta de regreso a Comodoro Rivadavia, luego de participar en una de las marchas masivas por condiciones laborales dignas.
La respuesta a los reclamos del pueblo chubutense ha sido, una y otra vez, la persecución y la represión. Con el apoyo explícito del lobby mediático y de las empresas mineras, el ministro Massoni ha instalado un clima de guerra y criminalización contra los sectores que luchan para evitar un desastre medioambiental en Chubut, haciendo referencia a lxs compañerxs militantes y a lxs miembros de la comunidad mapuche como “ecoterroristas”. Así es cómo, en las últimas convocatorias multitudinarias contra esta nueva avanzada para imponer la megaminería en la provincia, prácticamente ignorada por la prensa hegemónica nacional, a la represión de las fuerzas locales se sumó la sistemática persecución y los interminables allanamientos selectivos a quienes encabezaron los reclamos. Una clara metodología que busca socavar la convicción de la lucha medioambiental a fuerza de imprimir miedo en el pueblo. Por supuesto que Arcioni, Massoni y compañía no están solos: las últimas reuniones con el ministro de Medioambiente nacional Juan Cabandié y el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, muestran la intención del gobierno nacional de avanzar en este sentido.
En declaraciones a la prensa, tanto Hensel como Cabandié sostuvieron que esto no se llevaría a cabo sin “licencia social”. Sin embargo, vemos una vez más cómo aquello que llaman “diálogo” se traduce en políticas represivas para el pueblo. De esta manera, para profundizar la intención de instalar un clima hostil por parte de la militancia local, el miércoles 11 de noviembre, Arcioni Massoni y Soto Mayor firmaron la Resolución 145/2020, que legaliza el gatillo fácil, en una especie de réplica de la Resolución 956/2018 de Patricia Bullrich en 2018. Esta resolución, al igual que la de la ex ministra, habilita a disparar, sin voz de alto, contra toda persona que, a criterio de las fuerzas represivas, represente “un peligro” en un contexto de pocas personas o, peor aún, multitudinario. En criollo, como denunciamos hace dos años, la laxitud de la resolución habilita a que si un policía entiende que alguien que se lleva la mano al bolsillo en una movilización representa algún tipo de “peligro”, pueda disparar bajo el manto del legítimo ejercicio del uso de la fuerza y por la espalda.
Tal como lo hicimos con la infame resolución de la ex ministra Bullrich, que encabezaba nuestro pliego de exigencias al actual gobierno, que logró que esa resolución se derogue en diciembre de 2019, exigimos YA la derogación de la Resolución 145/2020 del gobierno provincial de Chubut, así como la libertad y el cierre de todas las causas de lxs presxs por luchar, el cese de la persecución y de la represión de lxs chubutenses que reclaman día a día por condiciones laborales dignas y de respeto por el medioambiente de la provincia, señaló Correpi.
