Ya no es cierto que el aire es gratis, al menos en un Puerto Madryn, donde el Concejo Deliberante creó el impuesto al viento. Así, desde enero próximo, según lo aprobado por los concejales esta semana, las empresas que tienen molinos de viento en la zona deberán pagar una tasa municipal por el trabajo de las aspas. La medida disparó una alarma en el mundo de la energía renovable teniendo en cuenta que se deberá alrededor del 4,5% de la facturación.
Según detalla La Nación, la historia de gravar el soplido del viento empezó hace tiempo, cuando varios parques eólicos se instalaron en zonas cercanas a esa ciudad chubutense. Muchos se frotaron las manos al ver que gran parte de la inversión en energías renovables que impulsó en gobierno de Mauricio Macri se encontraba en ese sector de la meseta patagónica. Pero más allá de los impuestos provinciales, no había mucho más para cobrarles a esos emprendimientos de zonas rurales.
El ingenio de la política local, conjugado con el estado de insolvencia de la provincia, generó una alternativa para mejorar la recaudación.
Entre noviembre y diciembre de 2019, con estas inversiones instaladas, el municipio decidió extender su potestad tributaria sobre los parques eólicos de la zona.
Pese a que los campos donde se instalaban los molinos estaban cerca, el poder de imposición de la Municipalidad no llegaba, ya que los emprendimientos eólicos se habían instalado en tierras cercanas a Puerto Madryn, pero fuera de su ejido territorial.
Entonces, la legislatura provincial aprobó duplicar la extensión del ejido municipal (que hoy tiene 33.000 hectáreas, contra 20.000 de la Ciudad de Buenos Aires) y los emprendimientos quedaron dentro del territorio sometido a jurisdicción municipal. Así, los dos principales, uno de Aluar y el más grande, de Genneia (empresa del grupo Macro) empezaron a ser objeto de impuesto.
Así empezó la maniobra para cobrar el impuesto al viento, detalla el diario. La norma se aprobó pese a que el artículo 225 de la Constitución de Chubut establece que la determinación territorial del municipio «tiene en cuenta especialmente la zona en que se presten total o parcialmente los servicios municipales» y que en esos campos no hay ninguna prestación municipal.
Así fue como llegó «la tasa». Mediante la ordenanza 11.349, la municipalidad extendió a los titulares de los parques eólicos la responsabilidad por el pago de dos tasas.
La primera, por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental. De acuerdo al artículo 173 del Código Tributario, esta tasa supuestamente retribuye «los servicios municipales, de inscripción, habilitación, inspección, contralor, salubridad, seguridad e higiene y control ambiental, que tiendan al bienestar general de la población (.) aun cuando el ejercicio de la actividad comercial, industrial, profesional o de servicio no requiera de un establecimiento habilitado», dice un informe técnico de un estudio de abogados contratado por las cámaras. La segunda, por Construcción de Obras Particulares y Obras realizadas por empresas nacionales y provinciales, por la que se obliga a pagar esta tasa a los parques eólicos cuyas obras «se encuentren en ejecución o a ejecutarse a la fecha de entrada en vigencia de la norma el 24 de abril de 2020».
Esta semana hubo un cambio al respecto, ya que la primera de las tasas, que se calculaba en función de los metros cuadrados del predio, como cualquier otra empresa, varió su base de cálculo. Ahora, los parques eólicos, en vez de pagar por superficie, pasarán a hacerlo dependiendo de la producción. Se consagró el impuesto al viento.
La norma puso en alerta a la Cámara Eólica Argentina, teniendo en cuenta que el nuevo régimen de tasas significa alrededor de 4,5% de la facturación de los emprendimientos de energía limpia.
«Como dijo la Corte Suprema de la Nación, al cobro de una tasa debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente. Por estas razones, las llamadas ‘tasas’ constituyen en realidad verdaderos impuestos, vedados por el régimen constitucional general de reparto jurisdiccional en materia impositiva», dice una carta enviada por la Cámara a la Legislatura de la provincia de Chubut.
«Esta nueva modalidad dictaminada es mucho más preocupante y gravosa que el formato de tasa incorporado a principios de este año, el cual no corresponde para este tipo de proyectos», expresaron a La Nación fuentes de Aluar, una de las empresas que tiene un parque eólico que entrega energía al sistema interconectado, además de utilizar una parte de la producción para consumo de la planta de aluminio.
«El departamento de Legales está estudiando los pasos a seguir en base a esta nueva normativa», confirmaron en Aluar.
El principal argumento de las empresas es que la energía limpia, según el artículo 17 de la ley 27.191, eximió a «el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía» de «cualquier clase de tributo específico, canon o regalía».