La gente de Andalgalá no tiene nada que ver con Wall Street pero sabe lo que vale el agua. Aprendió a lavar los guardapolvos con agua amarilla, a defender el río por el que pasa -aunque esté prohibido- un mineroducto y a disfrutar la lluvia como a un gol de Maradona. Llevan 15 años denunciando el impacto ambiental de la minería en su tierra. Ahora tuvieron que volver a presentar un amparo contra el gobierno de Catamarca, que en diciembre habilitó la actividad pese a estar prohibida por fallos anteriores. Los diagnósticos médicos son la prueba del costo humano, y la impunidad de Agua Rica evidencia cómo operan las multinacionales extractivistas en nuestros países. Ensayo fotográfico de Magalí Druscovich.
Las 20 mil personas que viven en Andalgalá, Catamarca, no tienen nada que ver con Wall Street pero saben lo que vale el agua. Llevan 15 años denunciando su contaminación y los daños ambientales que genera la explotación minera en la zona. Antes, con el emprendimiento La Alumbrera. Ahora, con Agua Rica.
En el pasado, los tumores malignos eran raros en el pueblo. Ahora son parte de la rutina. Hay dos muertes por cáncer cada semana. Los principales son los que afectan el tracto digestivo: lengua, garganta, estómago, hígado. También están en alza los casos de diabetes, lupus e hipertiroidismo.
En el 2010, un grupo de científicos catamarqueños presentó un informe que les llevó cinco años de estudio. Detallaron la aparición de enfermedades raras para la zona, y compararon su incidencia a nivel país. “El cáncer de hueso es tres veces más alto. La incidencia de Esclerosis Múltiple, 500% más alta. Los casos de cáncer son 800% más frecuentes. Las respiratorias en niños son superiores al 300%.” Conclusión: la explotación minera a cielo abierto, en actividad desde los últimos 12 años, contamina el medio ambiente. Los diagnósticos médicos son la evidencia.
“Es un gran negocio a costa de nuestra salud”, explica Griselda ‘Chela’ Igna, líder de la asamblea que reúne a los vecinos contra la minería. Ella sufre de lupus e hipertiroidismo. En el 2016, un equipo del CONICET liderado por Margarita Diana Do Campo investigó los componentes hidroquímicos de cinco ríos del departamento de Andalgalá. El informe mostró que “los niveles de Cobre, Cromo y Plomo exceden los niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática”. Y que tres de esos ríos, los que por ser de mayor caudal abastecen al pueblo de agua potable y riego, presentan Manganeso “en valores que exceden los máximos permitidos para agua de consumo humano del código alimentario argentino”.
La lucha de los vecinos tiene un objetivo claro: no permitir el avance de otra minera en la región. “Agua Rica”, operada por la empresa canadiense Yamana Gold, a 17 km de Andalgalá, llegó en 2006. Después de 15 años de activismo ambiental, el grupo de abogados que representa a los residentes obtuvo una orden judicial que frena el trabajo en la minera. Pero la medida fue ignorada por la empresa, que sigue con las excavaciones respaldada por el gobierno provincial. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia: “Los vecinos de Andalgalá tienen derecho a vivir en un ambiente sano (..). En cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”. El caso de Andalgalá es un patrón de cómo operan las multinacionales extractivistas en nuestros países, cambiando nombre de sus empresas para evadir órdenes judiciales. Yamana Gold también tiene denuncias de violación de derechos humanos en otras partes de la región: Perú (Lagunas Norte), Chile (Proyecto Pascua Lama y Honduras (Proyecto Entre Mares). Y otras empresas canadienses con mismos inversores pero otras empresas suman denuncias en Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá.
“Agua Rica” planea usar dos ríos que son fuente para el consumo humano y la agricultura. Las exploraciones de la minera ya están en marcha.
