El proyecto que apunta a combatir la violencia institucional por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, establece pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz».
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate sobre un proyecto integral contra la violencia institucional que buscan prevenir y erradicar estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.
La iniciativa se comenzará a analizar en una reunión de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos que se realizará a las 18 y estará presidida por los legisladores del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky.
El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.
El proyecto establece pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz».
Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.
Los detalles del proyecto
La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
Según el proyecto, se entiende por violencia institucional «todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas».
De acuerdo a la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a «toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias».
Asimismo, el proyecto establece que las víctimas de violencia institucional «tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima».
También podrán solicitar «acompañamiento psicosocial por parte del Estado» y dispone que cada «jurisdicción deberá instrumentar los mecanismos y protocolos específicos para brindar dicha asistencia».