La jueza penal de Puerto Madryn Patricia Asaro elevó a juicio oral y público la acusación contra un exfuncionario del Gobierno del Chubut que intentó sobornar a una inversora canadiense que buscaba instalar un hotel en Puerto Pirámides, a quien le reclamó un monto de dinero a cambio de agilizar los trámites para facilitar la construcción, informó la fiscalía que interviene en el caso.
El delito detallado por los fiscales Daniel Báez y Juan Pablo Santos en la elevación a juicio tiene como imputado al expresidente de Lotería del Chubut, Alberto Vargas, por la figura de “tráfico de influencias”, tras la denuncia que realizó el desarrollador hotelero Marcelo Battilana, socio de la empresaria canadiense Amy Sharilyn.
Según el informe de la fiscalía, “a fines de 2018, mientras el hotel se encontraba en proceso de aprobación de permisos, el desarrollador hotelero Marcelo Battilana recibió una solicitud de soborno consistente en desembolsar 300 mil dólares a cambio de obtener la aprobación final de la obra, que por razones de índole administrativas vinculadas al municipio de dicha localidad no había sido aprobada”.
Battilana y la socia canadiense decidieron realizar la denuncia tras notar que el pedido de dinero corría en paralelo con las trabas que existían para que se les otorgue el permiso de construcción.
“Le pidieron 300 mil dólares y le indicaron que Vargas, por sus vínculos políticos obtenidos durante su mandato como funcionario y su cercanía con los concejales de la comuna de Puerto Pirámides, iba a influir sobre estos para que aprobaran la modificación de la ordenanza que le permitiese obtener la aprobación”, detalla el informe de la fiscalía.
La denuncia fue impulsada por Battilana en representación de la sociedad, para lo cual les “siguió el juego a los coimeros interactuando con Marcela Montero, la mujer que se había ofrecido como nexo”, quien según los fiscales aparece como cómplice de Vargas en la maniobra y también fue acusada.
Como prueba se brindaron filmaciones de cámaras ocultas, grabaciones de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp que fueron registrados para la investigación.
“Battilana se reunió con Montero y con Alberto Vargas en un restaurante, lo que fue filmado y grabado por la División de Investigaciones de la Policía del Chubut”, relata la elevación a juicio.
En los registros obtenidos por medio de cámaras ocultas quedó en evidencia que a cambio de un anticipo darían la aprobación final del desarrollo hotelero, y el pago se completaría luego “como si fuera en cuotas”, recordó Battilana en su denuncia.
En el escrito presentado por los fiscales Báez y Santos se indica que “los imputados sostenían que los 300 mil dólares eran necesarios para ‘arreglar’ a cuatro concejales de Pirámides para que voten a favor de la modificación de la ordenanza porque Alberto Vargas estaba vinculado políticamente con Javier Roldán, el intendente de Pirámides de entonces”.
“Con las pruebas, se realizaron allanamientos en los domicilios de Vargas, donde se secuestraron elementos electrónicos, armas de fuego de tenencia ilegítima y hasta se descubrieron múltiples archivos con videos e imágenes de contenido pornográfico con la participación de menores de edad, a raíz de lo cual se derivó un nuevo caso por la presunta comisión del delito de ‘tenencia de pornografía infantil”, indicó la fiscalía.
Alberto Vargas fue el secretario privado del gobernador de Mario Das Neves y luego ocupó la presidencia del Instituto de Asistencia Social (lotería) durante la gobernación de Martín Buzzi.
La localidad de Puerto Pirámides, donde se desarrollaron los hechos, está ubicada dentro de la Península Valdés, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, estatus que establece muchos requisitos para la construcción al tratarse de un ambiente con altos estándares de conservación.
Fuente: Metadata Noticias