Reducir la brecha cambiaria, una de las condiciones habituales del Fondo Monetario Internacional en sus programas de estabilización, podría tener efectos inmediatos sobre la pobreza. Más puntualmente, al menos 2 millones de pobres más en un promedio de 6 meses.
El número surge de los cálculos de la consultora Analytica, que estimó cuál sería el efecto en los precios de una devaluación del tipo de cambio de oficial del 20%, como un primer paso para acercar los $99,18 del Mercado Único Libre de Cambios a los $177 del contado con liquidación y empezar a cerrar la brecha.
De acuerdo a su modelo, “un aumento del tipo de cambio del 20% supone un traslado a los precios de los alimentos cercano al 10% en un periodo de entre 3 y 9 meses. En este escenario, como muestra el cuadro el ingreso individual requerido para no caer por debajo de la línea de pobreza pasaría de $22.123 a $25.879 mensuales, generando 2,1 millones de nuevos pobres. Así el porcentaje de personas en situación de pobreza llegaría a 45,1%, 4,5 puntos más que en la última medición”.
Este modelo supone que, en el transcurso de este período, no hay un aumento de los ingresos familiares ni un incremento sobre el nivel de empleo para aislar el impacto inmediato y directo de la corrección cambiaria.
En cambio, de buscar una devaluación del orden del 50% que cierre de una vez la brecha cambiaria, se sumarían 4,6 millones de pobres adicionales al 40,6% de las personas bajo la línea de pobreza que relevó el Indec en el primer semestre de este año, valores que no se observan desde la salida de la convertibilidad.
“De la simulación también surge una conclusión muy contundente: no es posible salir del cepo de manera instantánea. Un salto del 50% del tipo de cambio, que llevaría la brecha a la zona del 20%, supondría niveles de pobreza propios de la crisis del 2001-02, en torno al 50%. En este sentido, aunque involucre devaluaciones de “shock” la salida de las restricciones cambiarias tendrá que ser gradual”, sintetiza el último informe de la consultora.
El estudio de Analytica simuló el impacto de avanzar en el corto plazo con una de las condiciones infaltables de los programas de estabilización macroeconómica del Fondo Monetario Internacional, como el que estuvo en negociación esta semana en Washington: no usar al tipo de cambio como ancla para combatir la inflación ni el atraso tarifario. Y, en consecuencia, se cuestionó con cuánto en materia de transferencia de ingresos se podría contener de forma transitoria el efecto pobreza del reordenamiento cambiario.
“La política económica siempre debe pensarse de manera integral. Seria esperable que la respuesta a un salto del tipo de cambio se acompañe con una política fiscal expansiva que compense a quienes resulten perjudicados. Por caso, para evitar un nuevo escalón en la pobreza el gobierno debería subsidiar a todos aquellos que hoy son pobres. El problema es que una política así atenta contra la reducción del déficit fiscal que exige el FMI y dificulta aún más el financiamiento en pesos. Este aumento del gasto encontraría severas restricciones para monetizarse y a su vez el financiamiento en el mercado de pesos no sería muy receptivo luego de una devaluación”, explicaron.
“Otro dilema es durante cuánto tiempo debería expandirse el gasto. En principio, depende de la duración de la recesión. Si tomamos el evento de 2016, la recesión duró cuatro meses (medida en la serie sin estacionalidad del EMAE). En 2013 la situación fue algo distinta: la economía empezó a caer en septiembre y mantuvo esa tendencia en 9 de los 11 meses comprendidos entre esa fecha y julio del 2014. En 2017, la recesión comenzó en diciembre y se extendió por 7 meses. Por lo tanto, como mínimo podemos asumir compensaciones necesarias durante 6 meses”, explicaron desde la consultora que dirige Ricardo Delgado.
Así, para sostener la pobreza debajo del 41%, sería necesario una transferencia a todas esas familias de $2.000 mensuales por adulto equivalente, es decir, de $6.180 para una familia tipo (que pondera 3,09 adultos equivalentes en la metodología del Indec) y sostener esta transferencia por al menos 6 meses. Esto tendría un impacto sobre el déficit fiscal primario de 0,26% del PBI.
En cambio, compensar por 6 meses el efecto en la pobreza y la indigencia de una devaluación del 50%, elevaría el gasto público por 0,69% del PBI.
Fuente: El Comodorense
