Se trata del fiscal Rivarola, que se refirió a la violación en manada en Chubut como un «desahogo sexual». La denuncia fue elevada al Consejo de la Magistratura y asegura que “no solo no avisó de la situación (del médico) al Superior Tribunal de Justicia y permitió que revise ginecológicamente a menores, sino que intentó acallar el caso y solucionarlo en forma silenciosa».
Pese a una alerta internacional emitida el 2 de abril -dándose aviso a la fiscalía chubutense en el mes de mayo- un médico forense imputado por consumir material de una red de pornografía infantil recién fue apartado de su cargo en el mes de octubre.
Tal como informó ADNSUR en un informe exclusivo publicado a principios de noviembre, durante todo ese tiempo, el hombre (identificado como J.O.J., de 70 años y funcionario judicial de Trelew) continuó con su trabajo que incluyó pericias en el cuerpo de menores que eran víctimas de denuncias de abuso sexual.
La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito de Chubut, que conduce el fiscal Fernando Rivarola, recibió el aviso en mayo, pero ninguna autoridad judicial fue anoticiada de las sospechas contra el funcionario, cuyo domicilio en Trelew recién fue allanado el 8 de julio. Recién se le dio aviso al Superior Tribunal de Justicia tres meses después de secuestrar el material.
Ante este accionar, la licenciada Viviana Camino elevó una denuncia al Consejo de la Magistratura contra Rivarola -conocido por hablar de «desahogo sexual» en el caso de violación en manada en Chubut- proponiendo que “se realice una investigación por una serie de hechos y posteriormente se realice su destitución”.
“No solo Rivarola no avisó de la situación (del médico) al Superior Tribunal de Justicia y permitió que revise ginecológicamente a menores, sino que intentó acallar el caso y solucionarlo en forma silenciosa, a lo que se suma que incluso no había siquiera peritado los dispositivos, lo cual era fundamental. Esto, es un actuar gravísimo, ya que al no cumplir con su deber de investigar, estaba incluso evitando poder analizar si el delito no es aún más grave”, argumentó.
“El Dr. Rivarola es fiscal desde hace años y sabe perfectamente las funciones que cumplen los médicos forenses e incluso el mismo ha trabajado en casos de abuso infantil, por lo que sabe el tipo de peritajes que les deben realizar. En consecuencia, porque no dio aviso inmediato al Dr. Mario Vivas, quien es el presidente de Superior Tribunal de Justicia. Para esto no era necesario una condena ni nada por el estilo, él debió avisar en forma urgente al Superior Tribunal para que también en forma inmediata lo aparte de esas funciones”, reclamó.
En su denuncia, Camino consideró “gravísimo que un Funcionario Público y más un Fiscal General no priorice el cuidado de los menores, los cual es un deber. Si el Fiscal General Rivarola, no solo no dio aviso a los organismos de protección de los menores, como son la Asesoría de Menores entre otros, sino que tampoco dio aviso al Superior Tribunal para que separe a este médico de la revisión de menores, estamos ante un caso muy complejo”, añadió.
“¿El Dr. Rivarola tenía tiempo de negociar un juicio abreviado y no tenía la posibilidad de avisar al Superior Tribunal de Justicia? ¿Por qué el Dr. Rivarola negocia un juicio abreviado cuando tiene la prueba plena del delito? ¿Cuál es la motivación que lo lleva a buscar un arreglo en un caso como éstos? ¿Por qué ocultó o al menos disimuló el caso? ¿Por qué buscaba que el caso no se haga público? ¿Por qué negociaba hasta la renuncia del médico para evitarle un sumario?», se preguntó la denunciante.