Mientras la provincia de La Pampa no sale del asombro y la conmoción por el brutal asesinato del niño Lucio Dupuy, por el que está detenida su mamá, Magdalena Espósito, y su pareja, Abigail Páez, la investigación del caso sigue su avance. Es que ahora la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) provincial ordenó la realización de un sumario administrativo para dilucidar las posibles responsabilidades que puede haber tenido el Sistema de Salud en no detectar la situación en la que estaba la víctima.
La información fue confirmada por PERFIL a través de fuentes del organismo que fiscaliza el funcionamiento del accionar del Gobierno pampeano. Fue a través del acceso a la resolución firmada por Juan Carlos Carola, titular de esa Fiscalía, en la que se ordenó «la instrucción de un sumario administrativo en el ámbito del Ministerio de Salud».
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El objetivo, según señala el documento, es «precisar las circunstancias del caso y, eventualmente, determinar si en el ejercicio de las funciones públicas, agentes y/o funcionarios/as actuaron con la debida diligencia reforzada». Es decir, si cumplieron con todos los protocolos pautados durante los episodios en el que el nene de cinco años fue atendido por diferentes motivos en distintos centros de salud de Santa Rosa y General Pico.
Vale recordar que tiempo atrás, PERFIL replicó en un artículo que medios locales habían publicado una serie de notas en base a fuentes de uno de los hospitales en donde detallaban que Lucio habría ingresado cinco veces a atenderse fracturas y lesiones. A propósito, la defensora nacional de la Niñez, Marisa Graham, le había dicho a este medio que «si es cierto que el Hospital Evita de Santa Rosa lo atendió tantas veces y nadie advirtió nada, el problema está ahí, en el Sistema de Salud».
El sumario en el Ministerio de Salud
En el documento donde se ordena el sumario investigativo, el fiscal labró pedidos de información a Salud pero también al Ministerio de Educación.
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En relación a la atención médica, Carola quiere determinar si en algún momento surgieron «indicadores de maltrato infantil que activaran la obligación de denunciar, en los términos de la normativa vigente». En esa línea, dejó sentado que el niño «tuvo una atención médica el día 13/3/21 a través del Servicio de Emergencias Médicas (ambulancia)» y que «desde esa fecha hasta el día de su fallecimiento, no obran en los registros médicos -obtenidos en ésta sede administrativa- prestaciones asistenciales al niño en el ámbito de salud pública».