El juicio oral y público contra cuatro dirigentes gremiales por el incendio y destrozos ocurridos en septiembre del año 2019 en Casa de Gobierno y Legislatura pasó a un cuarto intermedio a la espera que la jueza penal María Tolomei resuelva un pedido de suspensión de juicio a prueba.
La petición fue efectuada por Miguel Angel Moyano, defensor público que patrocina a Matías Schierloh, uno de los acusados por los destrozos sufridos en esos dos edificios públicos, en el marco de una protesta docente.
Tras escuchar la exposición de la Fiscalía y de la querella al pedido, la jueza Tolomei dispuso un cuarto intermedio para dar a conocer su resolución, aunque el debate no continuará hasta tanto la situación del acusado quede zanjada.
La acusación en la causa está a cargo de la fiscal Florencia Gómez, quien estuvo acompañada de los funcionarios Leonardo Cheuqueman y Janet Davies, mientras que Martín Castro actúa como querellante en representación de la Fiscalía de Estado.
Los imputados Santiago Goodman y Marcela Ancaleo son representados legalmente por Erica Fossati y por Sergio Miranda Alcazar, mientras que Moyano defiende a Marcela Ancaleo y Matías Schierloh.
CUESTIONES PREVIAS
La audiencia se realizó en la mañana de ayer en la sala de audiencias de la Oficina Judicial Rawson y en un principio, se plantearon tres cuestiones previas, de las cuales dos fueron rechazadas y la restante está pendiente de resolución.
El defensor público, Miguel Angel Moyano se opuso a la intervención de la Fiscalía de Estado como querellante en el juicio, situación que fue desestimada por la jueza Tolomei. En tanto que ante un planteo respecto al principio de igualdad procesal y la crítica a que intervinieran tres representantes de la fiscalía en la audiencia, se convino que solo dos de ellos actuarían de manera directa en el proceso.
COMPENSACION
Finalmente, Moyano pidió la suspensión de juicio a prueba para Schierloh por el plazo de tres años, ofreciendo una compensación económica de 60 mil pesos a abonar en seis cuotas iguales, además de una donación para un comedor comunitario y clases de apoyo gratuitas, teniendo en cuenta que el acusado es docente de nivel medio.
La fiscalía rechazó el pedido por considerar que los daños imputados fueron de importancia e índole pública, además que, por la expectativa de pena y las instrucciones de persecución dispuestas por la Procuración, esa figura no era aplicable al caso. La querella adhirió a este planteo.
La jueza escuchó a las partes, y consultó si se esperaría la resolución respecto al pedido del abogado de Schierloh, o bien se continuaría con el debate, a lo que las partes consideraron adecuado que el debate se continue, después de resuelta la situación de dicho imputado. En un plazo de tres días hábiles se notificará por escrito a las partes la resolución de la jueza.