El fiscal que les hizo el favor ya sueña con lo que le prometieron y dentro de poco largarían en los medios del “gordo” González la campaña mediática que lo haría aparecer ante la sociedad como un “paladín de la Justicia”. Mientras tanto, en la Justicia Federal se hacen los distraídos: no dan información oficial acerca de la causa en la que están involucrados la ex mujer y un hijo del millonario sindicalista, dueño del diario Jornada de Trelew.
Lo que no va a poder la justicia (que comete injusticias) es borrar de la memoria de la gente lo que la policía descubrió aquel 19 de mayo de 2020, en la casa donde vive la familia del gremialista: un patio poblado de un verdadero bosque de más de 100 plantas de marihuana y un lugar acondicionado para el tratamiento, fraccionamiento y venta de esa droga, a metros de una escuela primaria, en un barrio de clase media alta de la zona sur de Trelew.
En aquella oportunidad, el diario Jornada no puso la noticia, fue un hecho que para ellos no existió. No hubo un “duro golpe al narcotráfico”, como acostumbraban a titular cada vez que el payasesco exministro de Seguridad Massoni, hacía detener a algún pibe con “un porro”.
La policía quizás sin saber al principio de quién era ese chalet de la calle Cangallo al 100, lo allanó después de recibir aparentemente una denuncia anónima y en un procedimiento sin precedentes hasta ese momento terminó incautando un total de “14 kilos de marihuana” con los que –según un peritaje que mandó a hacer la Justicia Federal– podrían prepararse 29.270 cigarrillos o porros” y representarían la cantidad de 167.240 dosis de umbrales de tetrahidrocannabinol (THC); el componente psicoactivo que tiene la droga y que la hace sustancia alucinógena prohibida por la Ley”.
Además, se supo que el lugar había sido acondicionado para el acopio, la siembra, el cultivo y la cosecha de marihuana, y que la policía también encontró 500 plantines de cannabis en masetas adentro de una especie de depósito y más de una decena de cactus “San Pedro”; una especie de la que –al igual que el cannabis– se extrae una sustancia altamente alucinógena.
Fue por eso que el juez Federal de Rawson Gustavo Lleral terminó endilgándoles una sucesión de gravísimos delitos –por los que cualquiera hubiera ido a prisión inmediatamente– a Alicia Consuelo Rivas, la ex pareja del sindicalista lucifuercista Héctor González y a Juan Manuel González, uno de sus hijos.
Lleral los procesó, “extrañamente” sin ponerlos presos, por “cultivo de plantas destinadas a la producción de estupefacientes. Elaboración de estupefacientes. Almacenamiento y/o guardado de semillas utilizables para la elaboración de estupefacientes”; todo ello agravado por haberse cometido en las inmediaciones de un establecimiento educativo. Y también les atribuyó en el mismo procesamiento, el delito de “ejercicio ilegal del arte de curar”. Todo en concurso real.
¿Por qué lo del ejercicio ilegal de la medicina? Porque según se habría desprendido de algunos testimonios, los procesados además de vender –aparentemente– extendían recetas de aceite de cannabis y daban consejos para su aplicación como si fuesen médicos.
La familia del gremialista González tenía en el patio principal de la casa más de un centenar de plantas de “cannabis sativa”, de más de un metro y medio de altura: el juez los consideró “comercializadores” de esa sustancia y hoy se dice que esa causa no llegaría nunca a juicio y que el proceso por el que la ex y un hijo del millonario gremialista iban a terminar en la cárcel, si resultaban condenados, quedaría en la nada porque un fiscal cree que en el procedimiento policial donde se secuestró los 14 kilos de marihuana hubo un error ¡Indignante!
