Se trata de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, quienes comenzaron a ser juzgadas este jueves por el aberrante asesinato del niño de 5 años. El hecho ocurrió en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa.
Los fiscales del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, asesinado en noviembre del 2021 en Santa Rosa, La Pampa, pidieron este jueves que se condene a la madre del niño de 5 años y a su pareja no solo por el homicidio, sino también por el «maltrato crónico» y las «agresiones físicas y sexuales» al que lo sometían, mientras que la querella, representada por el padre de la víctima, solicitó a los jueces que a las acusadas se les sume en una eventual condena el agravante del «odio de género».
En tanto, en los alegatos de apertura del juicio oral que comenzó cerca de las 9 ante un Tribunal de Audiencia, la defensa de Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, dijo que su defendida «no fue la autora material» del crimen del niño y que Lucio ya venía sufriendo agresiones por parte de la familia paterna, y la abogada de Abigail Páez, su pareja, rechazó la acusación contra la imputada y dijo que ella «procuró evitar» su muerte.
El juicio, que se desarrollará a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, se desarrolló en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, que desde este miércoles se encuentra fuertemente custodiada, en el marco de un operativo desplegado con 60 efectivos policiales.
Es que cuando se conoció el caso el 26 de noviembre del año pasado los vecinos salieron a la calle para expresar su reclamo por el crimen del niño y se produjeron serios incidentes en la comisaría donde estaban alojadas las detenidas.
La audiencia arrancó con los alegatos de apertura por parte del fiscal general Máximo Paulucci, el fiscal Walter Martos y las fiscalas Verónica Silvana Ferrero y María Mónica Rivero, quienes acusaron a la madre de Lucio de los delitos de «abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización; agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía».
Lo mismo solicitaron para Páez, aunque sin el agravante del parentesco familiar.
Sin embargo, el abogado José Mario Aguerrido, querellante por parte de Christian Dupuy, padre de Lucio, adhirió al pedido de la fiscalía, aunque solicitó al tribunal que se le sume el agravante del «odio de género», y que las imputadas fueron responsables «por acción u omisión» de las presuntas conductas violentas. «No importa quién fue la autora y quién cooperó porque ambas fueron autoras«, subrayó.
El defensor oficial Pablo Andrés De Biasi, quien representa a la madre del niño asesinado, negó en su alegato la acusación fiscal sobre su defendida, dijo ante los jueces que «hay dudas razonables» para poder probarle los hechos y reiteró que Lucio ya venía sufriendo agresiones por parte de la familia paterna.
A su turno, la defensora oficial María Silvina Blanco Gómez, expresó que su defendida Páez «procuró evitar» la muerte del niño y que existe «dudas razonables» sobre la imputación de abuso sexual y, al igual que su colega De Biasi, manifestó que tratará de probar la inocencia de las acusadas o alternativamente que haya un cambio en la calificación legal.
Tras la negativa de las dos imputadas por declarar, el tribunal llamó como primer testigo a Christian Dupuy, quien durante 45 minutos relató detalles de cómo había sido la vida familiar con Espósito Valenti y Lucio, cuál fue la relación con la imputada cuando se quedó a cargo de la víctima y cuándo fue la última vez que vio a su hijo, entre otras cuestiones.
Luego, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 8 cuando continuará la ronda de testigos.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el debate, que comenzó un día después de que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto de ley que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia, se desarrollará hasta el 22 de diciembre y declararán cerca de 105 testigos.