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Los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, que permanecen alojados en la Alcaidía de Melchor Romero a la espera del juicio oral aún se encuentran aislados del resto de la población carcelaria para evitar cualquier tipo de agresión, aunque están adaptados a la rutina diaria del pabellón en el que se encuentran.

Los ocho detenidos por el crimen permanecen alojados en la Alcaidía de Melchor Romero aislados del resto de la población carcelaria.

Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que Máximo Thomsen (20), como Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21) se encuentran desde el 12 de marzo del año pasado en el Pabellón 3 de la Alcaidía, ubicada en la localidad platense de Melchor Romero, y están alojados juntos pero en calabozos para dos personas.

La vida carcelaria

Los voceros explicaron que los ocho se mueven siempre en grupo: de lunes a viernes, y al igual que el resto de la población carcelaria, tienen permitido permanecer tres horas al aire libre.

Ellos lo hacen en el patio del Pabellón 6, donde suelen caminar, sentarse al sol y compartir charlas.

“Se los ve bastante bien adaptados”, dijo uno de las fuentes consultadas, que aclaró que “reciben la misma comida que los demás internos, más lo que le acercan sus familias”.

Es que desde mediados de noviembre pasado, los presos volvieron a recibir la visita de sus familiares tras el inicio del aislamiento por el coronavirus: una vez por semana, apenas un familiar por detenido puede ingresar a visitarlo, bajo medidas estrictas de bioseguridad.

Los familiares aprovechan la oportunidad y les llevan libros, ropa, elementos de higiene, yerba y cigarrillos.

Según los voceros, los rugbiers reciben eventualmente asistencia espiritual de parte de un pastor.

Sin embargo, allegados a los ocho detenidos cuestionaron la ayuda psicológica y psiquiátrica que reciben dentro del penal y dijeron que los ven “sufriendo bastante”.

Uno de esos allegados -que prefirió mantenerse en el anonimato para evitar, según dijo, posibles represalias contra los detenidos- cuestionó “principalmente a una psicóloga, que juzga y pide que se arrepientan de un proceso que todavía no tiene sentencia”.

Los abogados que representan a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado a golpes el 18 de enero pasado en Villa Gesell, pidieron que nueve de los rugbiersvayan a juicio por el crimen. Para uno de ellos, la fiscal del caso había solicitado el sobreseimiento, y los abogados pidieron que sea juzgado junto a los otros ocho acusados por su muerte.

Según consignó Télam con información de fuentes judiciales, Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de la querella, solicitaron a David Mancinelli, juez de Garantías de la localidad balnearia que Alejo Milanesi, de 19 años, también vaya a juicio oral por el crimen.

Actualmente el joven se encuentra en libertad y es uno de los dos imputados para los que la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, había pedido el sobreseimiento al requerir la elevación a juicio. Milanesi está acusado como partícipe necesario, al igual que Juan Pedro Guarino (19), y la fiscal había pedido el sobreseimiento de ambos.

Los abogados de la familia de Fernando, mediante una presentación en el Juzgado, compartieron lo expuesto por Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6, pero consideraron que en el caso de Milanesi el pedido de sobreseimiento es «prematuro», y que no se puede «descartar la participación» en el crimen ocurrido esa madrugada frente al boliche Le Brique.

«Si bien no hay videos en los que se lo muestre pegándole a Fernando, ello no demuestra con el grado de certeza requerido para un sobreseimiento que no participó en un principio de la golpiza o inclusive del plan para darle muerte», indicaron los letrados.

Apuntaron a que, si bien esa circunstancia fue la que generó que no se su prisión preventiva, “de ninguna forma alcanza para beneficiarlo con una medida de carácter definitivo». En ese marco, consideraron que la situación de Milanesi «corresponde sea evaluada con la amplitud del debate oral», junto a la de los ocho rugbiers que cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».

Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).

Por otro lado, los abogados de los padres de Fernando señalaron además que se debe seguir investigando la posible intervención del denominado «sospechoso número 11», identificado en el expediente como Tomás Colazzo. Pidieron que el joven, quien no fue imputado por la fiscal, sea indagado antes de que se resuelva la elevación a juicio.

La noche del crimen

Los abogados consideraron probado durante la instrucción que «entre las 4.41 y las 5» del 18 de enero, Fernando fue asesinado a golpes frente al boliche ubicado en Avenida 3 y Paseo 102, en línea con lo que estableció la fiscal.

Los rugbiers que aún están detenidos, detallaron, «acordaron darle muerte» al joven estudiante de derecho, «para lo cual previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles luego de que minutos antes, al encontrarse en el interior de Le Brique tuvieran un altercado» con Fernando, quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos.

Luego de que personal de seguridad del local expulsara a ambos grupos del lugar, los acusados «abordan por detrás a Fernando, aprovechándose de que estaba de espaldas e indefenso, y de ésta manera, actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica y física, lo rodean, se abalanzan sobre él y comienzan a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo».

Al quedar Báez Sosa inconsciente, «con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, le propinaron allí en el suelo, varias patadas en su rostro y cabeza, causándole lesiones corporales internas y externas, las cuales provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo».

Asimismo, detallaron que agredieron a los amigos de Fernando, «posibilitando fundamentalmente la comisión del hecho e impidiendo de ésa forma que pudiese defenderse por sí solo e incluso recibir defensa» de ellos.

Fuente: Perfil

Los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en enero pasado en Villa Gesell volvieron a recibir a sus familiares en la Alcaidía de Melchor Romero, en La Plata, a partir del retorno a la visitas en las cárceles bonaerense, luego de ocho meses en los que estuvieron prohibidas por la pandemia.

Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aseguraron a Télam que tanto Máximo Thomsen (20), como Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), recibieron el último fin de semana a sus familiares.

De acuerdo con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades carcelarias, los presos solo pueden recibir una visita por vez y recién podrán volver a ser visitados dentro de 14 días.

Las fuentes consultadas aseguraron a esta agencia que, en el caso de Thomsen, uno de los principales protagonistas del hecho, fue visitado por su madre, mientras que su padre recién lo hará en la próxima visita.

«Fue una alegría inmensa volver a verlo después de tantos meses», dijo a Télam uno de los padres que concurrió a la visita y que prefirió no ser identificado.

Como medida de seguridad, los ocho jóvenes permanecen alojados en el pabellón 3 de la Alcaidía Departamental La Plata 3, ubicada en Melchor Romero, en cuatro celdas contiguas con capacidad para dos detenidos cada una y no cuentan con ningún privilegio.

Según las fuentes, los ocho amigos se mueven siempre en grupo: de lunes a viernes, y al igual que el resto de la población carcelaria, tienen permitido permanecer tres horas al aire libre. Ellos lo hacen en el patio del Pabellón 6, donde suelen caminar, sentarse al sol y compartir charlas.

Desde el 20 de marzo pasado, cuando se decretó el aislamiento preventivo por la pandemia del coronavirus, los rugbiers dejaron de recibir visitas, al igual que todos los presos.

De esta manera, los familiares solo podían acercarles algunos alimentos y distintos elementos de entretenimiento, como libros o revistas.

Además, los acusados del crimen de Fernando cuentan con un solo teléfono celular que comparten los ocho y con el cual se comunicaron todo este tiempo con el exterior mediante llamadas o mensajes de texto, ya que no tienen habilitada ninguna red social.

Los jueces penales Marcelo Francisco Orlando, Raquel Susana Tassello y Carla Jesica Yamila Flores –esta última actuando como juez de refuerzo – redefinieron la pena impuesta en un fallo de primera a instancia a Johnston, luego de que el Superior Tribunal de Justicia a principios de este año hiciera lugar de manera parcial a una impugnación planteada por los defensores del condenado.

A principios de este año la Sala Penal del STJ confirmó las sentencias de primera instancia y también de la Cámara Penal de Puerto Madryn en cuanto a la materialidad, autoría y calificación legal del hecho por el cual fue condenado Isaac Johnston, pero revocaron la sanción impuesta y reenviaron la causa para la realización de una nueva cesura de pena.

El hecho por el cual fue juzgado Johnston, junto a otra persona identificada como Iván Almonacid, ocurrió en las primeras horas del viernes 9 de junio de 2017 sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de Puerto Madryn, cuando tres personas –incluidos ambos condenados – abordaron al jubilado Santos Ramos en momentos que este y una mujer ascendían a un vehículo. El ataque que en principio se inició como un robo se transformó en una agresión física por más de una hora.

Uno de los asaltantes se fue con pertenencias del jubilado y los otros dos continuaron con la agresión a la víctima hasta que el mismo perdió el conocimiento y allí iniciaron la fuga, pero fueron detenidos minutos después por personal policial que fue alertado por la mujer que acompañaba al fallecido.

Por esos hechos tanto Johnston como Almonacid fueron condenados, pero a raíz de la revisión solicitada por el STJ, un nuevo tribunal cumplió con ese acto y tras analizar los planteos efectuados tanto por la fiscalía, como por la querella y el defensor público que representó al condenado, redefinió la pena a cumplir por el mismo, estableciendo en 12 años de prisión la misma por considerarlo coautor de Homicidio en Ocasión de Robo en el hecho ocurrido el 9 de junio de 2017 en Puerto Madryn, y del cual resultaran víctimas Santos Eliberto Ramos y Miriam Paola De La Torre.

Diego Hernández es el principal sospechoso del homicidio del marinero Oscar Aguirre. Amplían plazo para que Fiscalía investigue.

Los jueces Martín Cosmaro y Mariel Suárez presidieron la audiencia en la que la fiscal Camila Banfi informó que si bien se ha avanzado con varias medidas de investigación todavía restan dos muy importantes: el análisis de ocho celulares secuestrados y una pericia de ADN en el CENPAT de Madryn. Por ello pidió una prórroga del plazo de investigación de cuatro meses.

Luego de la protesta del defensor Mauro Fonteñez, el tribunal avaló la prórroga.

Posteriormente, en otra audiencia presidida por el juez Alejandro Soñis, se resolvió la prórroga de la investigación de la audiencia anterior por tres meses, mismo lapso que mantener la prisión preventiva para el imputado, quien fue detenido un año después del hecho.

“No podía desconocer que era requerido por la Justicia”, aseguró el juez al disponer la prisión preventiva por tres meses para Hernández.

El homicidio de Aguirre ocurrió el 8 de abril de 2019 en una vivienda del barrio Las Américas cuando por causas que se investigan Hernández le asestó a Aguirre dos puñaladas en el abdomen afectando una de ellas el corazón.

Posteriormente, Hernández trasladó a Aguirre, quien aún estaba con vida, al vehículo Chevrolet Corsa de su propiedad, dirigiéndose hasta el domicilio de su madre sito en calle Granaderos al 3500 de esta ciudad a quien le manifestó que se había mandado “una cagada”; que había apuñalado a un hombre. Luego se dirigió en su vehículo hasta Las Margaritas y Huergo del barrio San Martín, iniciando un foco ígneo sobre el vehículo Chevrolet Corsa con Aguirre en su interior, quien estaba en el asiento trasero, sin conocimiento, situación que era conocida por el imputado, quien aprovechó dicha indefensión para cumplir su cometido.

Personal policial que tomó conocimiento del hecho por parte de los Bomberos que fueron al lugar se hicieron presentes en la zona y luego de apagado el fuego, abrieron el vehículo y hallaron el cuerpo incinerado.

Dos amigos de los rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes el 18 de enero pasado en la ciudad de Villa Gesell, declararon por videollamada como testigos en el marco de la causa, a raíz de la incorporación en el expediente de un peritaje sobre los teléfonos celulares de los acusados, informaron fuentes judiciales.

Estas declaraciones, realizadas a través de videollamadas en el marco del aislamiento social por la pandemia del coronavirus, forman parte de una serie de medidas de prueba ordenadas por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de la localidad balnearia, Verónica Zamboni, antes de avanzar en el pedido de elevación a juicio del caso.

El objetivo de la fiscal es precisar información surgida de las pericias realizadas por la Policía Federal (PFA) sobre los celulares de los imputados, donde estaban mencionados y aparecían mensajes de audio de los testigos Juan Neme y Alejo Arce, dos jóvenes oriundos de la localidad de Zárate, al igual que los rugbiers imputados.

Ambos fueron citados por el contenido de un grupo de Whataspp del que formaban parte, y en el que también participaba Máximo Thomsen (20), uno de los ocho detenidos acusados de ser coautores del homicidio.

En la audiencia por videollamada, según informó a Télam una fuente de la investigación, «se los interrogó sobre los diálogos en ese grupo con posterioridad al hecho», ocurrido frente al boliche Le Brique en plena temporada de verano.

En una de estas conversaciones, que está incorporada a la causa, uno de los testigos citados se refiere a una serie de incidentes dentro del boliche entre algunos de los rugbiers y otro grupo de jóvenes, y al ataque posterior fuera del local.

En ese audio menciona a Thomsen, apodado «Machu», y Enzo Comelli (20), quienes están imputados por el delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».

Comelli y Thomsen se encuentran detenidos en la Alcaidía de Melchor Romero, en La Plata, junto a Ciro Pertosi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), acusados también como coautores.

Las declaraciones continuarán mañana y el próximo lunes, con otros cuatro testimonios de jóvenes oriundos de Zárate.

Uno de ellos será el de la novia de Juan Pedro Guarino (19), quien junto a Alejo Milanesi (19) están acusados de ser participes necesarios en el crimen y fueron excarcelados.

El defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, no prestó conformidad con estas declaraciones pedidas por Zamboni, ya que se opuso a que fueran realizadas por videollamada, aunque la fiscal desestimó este planteo.

Fuentes judiciales informaron por otro lado que el martes próximo se realizará una «pericia de video» y de «cotejo de registro fílmico y reconocimiento facial», que había pedido la fiscalía, y será efectuada por la División de Individualización Criminal de la PFA.

Los resultados de esos peritajes demorarán cerca de una semana y se sumarán a otras medidas de prueba que ya fueron incorporadas a la causa.

Una de ellas es la pericia scopométrica realizada por la PFA sobre una impronta detectada en el rostro del joven asesinado, que determinó que la marca corresponde a una zapatilla «Cyclone», que a su vez coincide con las huellas de pie tomadas a Thomsen.

Además, un peritaje de ADN realizado en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Junín, halló sangre de Fernando en la camisa de Benicelli, mientras que también fueron encontrados rastros genéticos de Cinalli en la uña de un dedo meñique de la víctima, según confirmaron fuentes judiciales.

De acuerdo al resultado de las pericias scopométricas realizadas en el laboratorio de la Policía Federal Argentina de Mar del Plata.

Una de las huellas de zapatilla que tenía en el rostro Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes de puño y patadas frente a un boliche de Villa Gesell el 18 de enero último, corresponde a la zapatilla del rugbier detenido Máximo Thomsen, informaron hoy fuentes judiciales.

De acuerdo al resultado de las pericias scopométricas realizadas en el laboratorio de la Policía Federal Argentina de Mar del Plata, una de las dos improntas detectadas en el rostro del joven asesinado corresponde a una zapatilla «Cyclone», que a su vez coincide con las huellas de pie tomadas al rugbier Thomsen, detallaron los voceros.

El magistrado consideró que el pedido para apartar del caso a la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, no tenía fundamentos suficientes, por lo que decidió rechazar el planteo, según informaron los medios locales.

El rol de la fiscal Mercado generó controversias desde el inicio de la causa e incluso Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que, entre otras cuestiones, reclamó que no participe de la instrucción por su parentesco con la mandataria provincial y la ex jefa de Estado.

Por su parte, el abogado Carlos Muriete, que representa a la familia Zaeta, había solicitado formalmente que fuera apartada de la causa al coincidir con la oposición en que no es prudente que una familiar directa de la ex Presidenta forme parte del expediente teniendo en cuenta los antecedentes de Gutiérrez, que fue secretario de CFK y habló como arrepentido en la causa de los cuadernos, señaló Infobae.

La investigadora es hija de Alicia Kirchner y del fallecido dirigente político Armando “Bombón” Mercado. Por lo tanto, Cristina Kirchner es su tía y el diputado Máximo Kirchner, su primo.

La abogada, que siempre ha mantenido un perfil muy bajo, es fiscal de El Calafate desde hace más de 10 años. Fue nombrada durante el gobierno de Sergio Acevedo, quien había sido vice durante la gobernación de Néstor Kirchner.

En 2008 investigó una venta de terrenos en El Calafate a un precio fiscal de 7,5 pesos el metro cuadrado, que un año antes había hecho el entonces intendente Néstor Méndez a distintos funcionarios políticos, entre ellos Néstor Kirchner. Por el parentesco con los investigados, la oposición pidió el apartamiento de la causa de Mercado, pero el juez del caso lo rechazó. Es el mismo magistrado que hoy investiga el homicidio de Gutiérrez.

Tanto su esposo, Patricio Pereyra Arandía, como su hermana Romina Mercado, están procesados y elevados a juicio oral en la causa “Hotesur” junto a Cristina Kirchner, Máximo y Florencia. Romina era la presidente de “Hotesur” y Arandía integraba el directorio de la empresa, que manejaba los negocios hoteleros de los Kirchner.

Al mismo tiempo, la hermana también está procesada y elevada a juicio junto a Cristina, Máximo y Florencia en otra causa: “Los Sauces”. Ese era el nombre la compañía de la familia Kirchner que alquilaba propiedades. Las acusaciones que pesan en su contra son por lavado de dinero y asociación ilícita. Las causas están unificadas en el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py y todavía no tienen fecha de inicio de juicio.

Además de Zaeta, el caso por la muerte de Gutiérrez tiene otros tres imputados. La familia de la víctima cree que hubo un móvil económico detrás del hecho, vinculado a un negocio local que había realizado recientemente el ex funcionario.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó por «inadmisible» un habeas corpus para que se ordene la libertad de los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en la ciudad de Villa Gesell el pasado 18 de enero, por lo que los imputados permanecerán presos en la alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión que se conoció hoy fue adoptada el pasado 6 de julio por la sala II del tribunal de alzada, que rechazó un planteo formulado por la defensa de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).

La petición de habeas corpus había sido presentada por el abogado defensor, Horacio Henricot, quien solicitó que se ordene el cese de la «arbitraria privación de libertad» que padecen los imputados.

Según el fallo que lleva la firma de los camaristas Fernando Luis María Mancini y María Florencia Budiño, la defensa considera que los rugbiers están detenidos «como resultado de una estructura arbitraria que se construyó mediante la articulación aparente y contradictoria de dos resoluciones jurisdiccionales: el auto de prisión preventiva y la resolución confirmatoria del mismo por parte de la Cámara de Apelación».

Además, considera que existe «un intolerable quebrantamiento de garantías constitucionales y normas establecidas en tratados internacionales de jerarquía constitucional, como el ‘derecho a ser oído’».

«El argumento central del peticionante gira en torno a la pretensión de que se declare la nulidad de las declaraciones de los imputados prestadas el 19 de enero de 2020 en sede de la Fiscalía -a las que tilda de «inexistentes»- y de todos los actos que de ella dependen, ordenándose la inmediata libertad de aquellos», señala.

Ante este pedido, se le corrió vista a la fiscal adjunta de Casación, Daniela Bersi, quien se opuso al planteo y consideró que debía rechazarse el habeas corpus por «inadmisible» y «subsidiariamente por improcedente».

Finalmente, los camaristas Mancini y Budiño coincidieron con la fiscal y determinaron que el planteo era «inadmisible».

«No resulta admisible la interposición originaria en esta sede, cuando no existan motivos de excepcionalidad que la autoricen, porque ello implicaría alterar la función encomendada por la ley a este órgano jurisdiccional a través de la vía recursiva, así como la garantía convencional de la doble instancia», señalaron los camaristas.

Además, explicaron que «la presentación, entonces, no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en este supuesto, podrían estar involucradas cuestiones federales que deben ser atendidas por el superior tribunal de la causa».

De esta manera, los ocho rugbiers continuarán alojados en la alcaidía 3 de Melchor Romero, imputados como coautores del delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», en perjuicio de Báez Sosa.

En el marco de la misma causa, están acusados como «partícipes necesario» Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), aunque ellos fueron excarcelados.

El crimen de Fernando se cometió cerca de las 4.40 de la madrugada del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, cuando el joven fue atacado a patadas y trompadas por un grupo de jóvenes.

El ataque quedó grabado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares de eventuales personas que se hallaban en el lugar, por lo que horas después fueron detenidos los diez rugbiers que veraneaban en el balneario bonaerense.

A 48 horas de haber encontrado el cuerpo de Fabián Gutiérrez, descubren nuevos rastros del crimen del exsecretario de Cristina Kirchner , el juez Carlos Narvarte volvió a la casa donde lo mataron y realizó tres inspecciones en diferentes puntos de la ciudad en busca de elementos que permitan corroborar el testimonio de Pedro Monzón, el único de los cuatro jóvenes involucrados que prestó declaración indagatoria.

En la recorrida descubren nuevos rastros del crimen , según revelaron a LA NACION fuentes del caso, los investigadores descubrieron una campera, elementos de limpieza y un palo, que se asocian con el homicidio y su posterior intento de encubrimiento.

Narvarte busca bajo la nieve que cayó en los últimos días sobre la ciudad. La noche en que habrían matado a Gutiérrez no había caído la helada por lo que las tareas de rastrillaje son ahora más complicadas. El sábado por la noche y las horas siguientes, una sucesión de nevadas intermitentes cambiaron el paisaje y complicaron la búsqueda.

El juez Narvarte hizo la recorrida junto con Pedro Monzón, el único involucrado que declaró, y su abogada.

Según revelaron, se encontró una campera en un desagüe tapado en la obra de construcción donde el viernes a la tarde se localizó el celular de Gutiérrez, en el Barrio 50 Viviendas.

Luego, en la oscuridad de la tarde llegaron a la casa del exsecretario presidencial . No ingresaron, sino que recorrieron un baldío ubicado al frente de la casa: entre matas, descubren un palo.

Uno de los cuatro detenidos al ingresar a la comisaría de El Calafate

En tanto, en otros descampados ubicados en Punta Soberana, cerca de la planta de agua de la ciudad, encontraron trapos, un bidón de lavandina, otro producto de limpieza, dos routers y una pala de plástico.

Los policías también buscaban un manojo de llaves: lo hicieron en un cesto de basura sobre la calle 17 de Octubre, denominada Ruta 15. Allí registraron varias bolsas, pero las llaves no aparecieron.

Todos los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa.

Los allanamientos empezaron a gestarse a las 11 de la mañana, cuando Pedro Monzón llegó al juzgado y pidió ampliar la declaración indagatoria. Cerca de las cinco de la tarde, Narvarte se encaminó para realizar las inspecciones, que se extendieron por mas de tres horas.

El juez espera que los elementos descubiertos permitan reconstruir las horas finales de Gutiérrez.

Cómo murió

Quien fue uno de los hombres más cercanos a Cristina Kirchner murió por «asfixia mecánica» al ser estrangulado con un elemento y apuñalado tres veces en el cuello, según informó la agencia Télam, y consignó que se trataba de resultados de la autopsia finalizada ayer en Río Gallegos.

La misma fuente consignó que el cuerpo mostraba que había recibido dos golpes en el cráneo y en otras partes.

El sábado al mediodía, a poco de encontrar el cadáver, el juez Carlos Narvarte había aludido a la existencia de golpes en la cabeza y puntazos con un arma blanca en el cuello y hematomas en varias partes del cuerpo.

El juez de instrucción Carlos Narvarte, a cargo de la investigación del asesinato

Los peritos analizan, a su vez, si el cuchillo con sangre encontrado en la casa de Fabián Gutiérrez es el arma blanca con la que lo habrían atacado.

El palo que descubren también podría haber sido usado para golpearlo o bien hubiera servido para romper el vidrio de la camioneta, una de las incógnitas aún abiertas. Los cuatro jóvenes detenidos se encuentran alojados en las dos comisarías de la ciudad.

Cada uno ocupa una celda. Un agente los controla para que no se comuniquen entre ellos.

Mientras tanto, los detenidos pueden recibir la visita de sus familias y sus abogados.

El joven más comprometido en la causa fue alojado en las dependencias de la comisaría segunda de El Calafate.

Las dudas

La causa tiene todavía muchos misterios por develar. El primero es cuál fue el verdadero móvil del crimen. ¿Fue un móvil económico o una desavenencia entre personas que se conocían? La búsqueda de dinero aparece, de todas formas, como la hipótesis más firme.

Tampoco saben todavía los investigadores a qué hora fue asesinado Gutiérrez, qué recorrido hizo la camioneta en la que trasladaron su cuerpo ni qué rol habría tenido cada uno de los acusados en el plan criminal. Y hay dos hechos extraños que llaman especialmente la atención a quienes siguen el caso. El primero es por qué estaba roto un vidrio lateral de la camioneta. El segundo, por qué el celular de Gutiérrez fue encontrado en un lugar visible, en un obra de construcción, cuando la ciudad está al borde del Lago Argentino y rodeada de estepa.