Un ex funcionario municipal de Rawson denunció que la aprobación de la nueva Ley de Pesca, ocurrida en la última sesión de la Legislatura el 22 de diciembre de 2022, se habría realizado en el marco de irregularidades y digitación en la entrega de permisos de pesca, y de posibles pagos de sobornos. Y pidió que la cuestión sea investigada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia a través de la unidad Anticorrupción que encabeza el fiscal Omar Rodriguez.
La cuestionada ley fue sancionada con 17 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones. El diputado Carlos Eliceche, autor del proyecto convertido en ley, dijo que con ella se apunta a sostener y aún incrementar el empleo en la actividad pesquera y, según el legislador, la iniciativa recibió el aporte de todos los sectores que conforman la pesquería chubutense.
Durante el debate legislativo, en la última sesión ordinaria del año, la diputada Rossana Artero planteó sus reparos, especialmente con respecto a la adjudicación de los nuevos permisos pesqueros, y protagonizó cruces con algunos de sus pares.
Irregularidades y pedido de investigación
En la última semana del año 2022, el exDirector de Discapacidad municipal de Rawson, Jorge Dorado envió una carta al secretario de Pesca del Chubut, Gabriel Aguilar, en la que advierte las posibles irregularidades cometidas en el marco de la sanción de la nueva ley pesquera, y adjuntó copia al fiscal de Estado, Andrés Giacomone y al jefe de la Unidad Anticorrupción, el fiscal Omar Rodriguez, a quienes solicita la urgente y minuciosa investigación del caso.
En la misiva, Dorado hace alusión a la pronunciada demora en el inicio de la sesión -prevista para las 13 y comenzada pasada las 22.30-, que atribuye “aparentemente a las negociaciones para poder ‘consensuar’ y lograr los votos necesarios para su aprobación”. Finalmente, cabe recordar, la norma se terminó sancionando ya en los primeros minutos de la madrugada del viernes 23.
Dorado recuerda, en la carta, que durante la sesión legislativa la diputada Artero había solicitado transparencia en el otorgamiento de permisos y que los mismos sean licitados con importantes montos de base, para permitir el ingreso de fondos a las arcas provinciales, y estableciendo además obligaciones laborales a los beneficiarios de los permisos. Sin embargo, acota Dorado, “no fueron escuchadas ni tenidas en cuenta sus propuestas”.
Más adelante el denunciante tras señalarle a Aguilar que “el poder de policía en el control de la pesca es privativo de su Secretaría, el recurso de los langostinos son provinciales porque están dentro de las 12 millas”, le pregunta: “¿Cuál es el motivo por el cual se los tienen que seguir otorgando gratuitamente y porqué la provincia no buscaría dividendos y beneficios para el propio Estado provincial y para sus trabajadores? Es muy llamativo la liviandad y benevolencia con que se actuaría” consideró.
En otro párrafo de la carta, Dorado señala que “en las diferentes conversaciones sobre esta ley, que se viene intentando sacar desde hace meses y se logró en la última sesión y de madrugada, me aseguraron que los permisos ya tendrían dueños de antemano”, y menciona a las firmas multinacionales que serían las beneficiarias. Entre éstas figura, según el denunciante, Pescapuerta S.A., empresa que ha sido “seriamente cuestionada porque también bajo otra denominación pesca en Malvinas”.
Sobre este tema, el denunciante menciona una publicación de una revista especializada en pesca donde se alude a la supuesta “trampa” que realizaría dicha empresa para poder operar en Malvinas, “en perjuicio de nuestra Patria”.
En otra parte de la carta, Dorado también se refiere al permiso de la modalidad conocida como VACOPA, que estaría destinado a una empresa que opera en Comodoro.
“Estos datos que aporto se relacionan con charlas informales de gente del medio que pueden tener o no asidero, pero de cumplirse esta información que transmito sobre los beneficiarios estaríamos frente a una maniobra nada clara y a una ley hecha a medida y dirigida a determinados beneficiarios y posiblemente se incurriría en un delito” señala en otro párrafo el denunciante.
Sin embargo, Dorado en su carta también menciona a publicaciones de medios periodísticos chubutenses que sugieren sospechas de “supuestos arreglos”. Así, transcribe algunos párrafos de dichos artículos: “Una madrugada de diciembre alumbró una nueva ley de pesca en Chubut. Justo a la medianoche, pero dos día antes, Papá Noel pasó por la Legislatura con su bolsa cargada, y muchos diputados tuvieron una anticipada Nochebuena” señala uno de los medios aludidos. En la publicación de otro medio de comunicación se lee: “Ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad… No se pudo con la ley de lemas, ahora todos a pescar”. Y se lee también: “Los acuerdos son más fáciles y veloces, cuando el viento de cola lo aporta una actividad económica fuerte como es la industria pesquera. La ley se acordó rápido, hasta ahora nadie protestó y el 2023, para muchos el último de su vida política, termina con un buen cierre”. Y finaliza: “Al menos para algunos siguieron las alegrías después de Qatar”.
Ya en la parte final de la carta, Dorado reflexiona: “Cómo podemos pensar en semejante discriminación en el ‘reparto’ de los permisos cuando empresas locales, como es de público conocimiento, han dejado gente en la calle; como asimismo, empresas de Trelew y Rawson, con capitales locales, no tengan estas licencias y se termine beneficiando a multinacionales y alguna que incluso pesca en Malvinas”.
Por todo ello es que, según Dorado, elevó dichas consideraciones al fiscal de Estado y al fiscal Omar Rodriguez, “que los considero funcionarios serios” acota, con la intención de que se investigue a fondo y, al final, “para que no se cumplan los trascendidos detallados en la presente” concluye.