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La audiencia de apertura de investigación en la causa por negociados en la reparación de escuelas del interior provincial quedó interrumpida este jueves debido al planteo previo de una de las abogadas defensoras para que el proceso continúe con otro juez, en la jurisdicción de Lago Puelo.

Esto implica la designación de otro juez de garantías y, por lo tanto, la incompetencia de Karina Breckle. El planteo sobre a quién le corresponde iniciar y controlar el proceso penal en contra de nueve imputados fue realizado por la abogada de una de ellos, la defensora particular Gladys Olavarría.

Lo solicitado por la defensora lo deberá resolver la misma jueza Breckle, que se tomó un plazo de 72 horas para hacerlo, oportunidad que además será aprovechada para localizar a uno de los imputados que actualmente reside en Italia y que desde hace varios meses ni siquiera pudo ser contactado por su abogado, el defensor oficial Miguel Moyano.

La decisión de la jueza de garantías de Rawson acerca de su competencia en el caso se conocerá por escrito y se hará conocer a las partes vía web.

Hasta que no se resuelva este aspecto de la competencia y el pedido de cambio de jurisdicción judicial, la audiencia de apertura de investigación no podrá seguir para que los nueve imputados conozcan los hechos y la imputación bajo la cual comenzarán a transitar el proceso penal.

Entre los nueve imputados hay funcionarios de segunda línea de los ministerios de Educación y de Infraestructura de la Provincia, además de representantes de empresas contratistas del Estado.

Se encuentran involucrados en una investigación por negociados en la reparación de escuelas del interior provincial tras un escape de monóxido de carbono en una escuela de El Maitén que puso en riesgo la salud de alumnos de esa escuela y en donde además surgieron indicios de presuntas irregularidades y negociados en el proceso de contratación para la reparación de al menos 30 escuelas de pueblos del interior provincial del Chubut.

Desde el gremio de ATECh denunciaron que las trayectorias escolares se verán perjudicadas dado que el concurso de ingreso a la docencia se realizó en mayo y no en octubre-noviembre como lo indica la normativa, perjudicando tanto a los estudiantes como a los trabajadores de educación que ahora deben tomar posesión de dichos cargos Así como indicaron que existieron varias irregularidades.

Ayer en instalaciones del SUM de la Escuela Nº 172 se desarrolló el concurso de ingreso a la docencia, y desde la Regional Sur de ATECh decidieron convocar en el mismo lugar a una asamblea unificada para los niveles inicial y primario, en pos de denunciar las irregularidades con el concurso y volver a reclamar por la situación general que vive el sector docente.

Al respecto Carina Mardones, secretaria Gremial de la Regional Sur de ATECh, en diálogo con Crónica expresó que “estamos en el concurso de ingreso a la docencia, donde están titularizando a compañeras y compañeros de nivel inicial y primario y sus modalidades, un concurso viciado de irregularidades y de ilegalidades”, y detalló: “este concurso debería realizarse en octubre-noviembre que es lo que indica la normativa, la ex Ley 1829 y la toma de posesión de cargos se debería realizar en febrero del año lectivo siguiente, es decir en febrero de 2024 que es lo que estamos exigiendo”.

“Las trayectorias quedan a mitad de camino”

Asimismo, planteó: “esto es lo que estamos exigiendo y a su vez con docentes que se inscribieron y que fueron cancelados por el departamento central de educación sin respuestas al día de hoy en cuanto a sus reclamos, o sea que esos docentes quedan afuera de este concurso y sin la posibilidad de estar hoy con una titularidad”.

De igual forma, cuestionó que “con este concurso a mitad de año donde la mayoría de nuestros compañeros y compañeras ya realizaron un diagnóstico en cuanto al grupo de alumnos que tienen para poder ver qué estrategia es la mejor para llevar adelante durante todo el ciclo lectivo, va a quedar trunca en mayo, porque se tienen que ir a otras escuelas y la mayoría de esos estudiantes se van a quedar con docente nuevo que tiene que volver a hacer el diagnóstico con todo lo que conlleva. Las trayectorias quedan a mitad de camino y siendo que tenemos un Ministerio de Educación que dice que la educación es la prioridad, en este caso borran con el codo lo que muy hábilmente han salido a decir y han esquito en resoluciones que después desconocen”.

Sin cobrar

Bajo este panorama, Mardones, planteó que aún persisten varios otros reclamos dado que existen unos 1.000 docentes en toda la provincia que aún no cobraron su sueldo, “no queremos que esta situación ocurra nuevamente en mayo con aquellos compañeros que cesan y que tienen que ir a tomar esta posesión de otro cargo y que ese salario lo estén cobrando dentro de dos meses más” lamentó, y destacó que siguen solicitando la reapertura de paritarias y que se solucionen los problemas edilicios que están sufriendo diversas instituciones educativas que hoy están sin clases en esta ciudad.

La acusación fue presentada por cuatro concejales ante el Tribunal de Cuentas provincial y es contra integrantes del Departamento Ejecutivo. Es por el cobro de impuestos municipales sin la ordenanza que habilita el incremento.

Los concejales de Esquel Osvaldo González Salinas, María Martínez, Martín Reynoso Escalona y Hernán Alonso presentaron este martes una denuncia en el Tribunal de Cuentas de Chubut.

La acusación, que los ediles piden que sea tratada con urgencia, es por supuestas irregularidades en la administración financiera de la Municipalidad local.

De acuerdo al documento, al cual tuvo acceso Radio 3, los denunciantes expresaron que «configura -cuanto menos- una grave irregularidad administrativa en la administración financiera del Municipio por parte de integrantes del Departamento Ejecutivo comunal».

«La misma consiste en el dictado de una resolución “ad referéndum” del Concejo Deliberante, mediante la cual se pretende disponer -ilegítimamente- la ultraactividad de la vigencia del Código Tributario Municipal que rigió durante el año 2022; y la realización de actos administrativos consecuentes con dicha resolución ilegal, concretamente: el cobro de tributos», manifestaron los ediles.

Ante esta situación, González Salinas, Martínez, Reynoso Escalona y Alonso sostuvieron que «la facultad-deber de prevenir irregularidades, tomando las medidas necesarias, constituye una manda constitucional que asigna la Constitución de la Provincia del Chubut a ese Tribunal de Cuentas, en virtud de lo cual y atento la gravedad de la irregularidad denunciada, solicitamos al Tribunal el más urgente tratamiento de esta presentación y la adopción de las medidas preventivas que entienda corresponder para hacer cesar los hechos violatorios del ordenamiento jurídico y restablecer el Estado de Derecho».

 

Un ex funcionario municipal de Rawson denunció que la aprobación de la nueva Ley de Pesca, ocurrida en la última sesión de la Legislatura el 22 de diciembre de 2022, se habría realizado en el marco de irregularidades y digitación en la entrega de permisos de pesca, y de posibles pagos de sobornos. Y pidió que la cuestión sea investigada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia a través de la unidad Anticorrupción que encabeza el fiscal Omar Rodriguez.

La cuestionada ley fue sancionada con 17 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones. El diputado Carlos Eliceche, autor del proyecto convertido en ley, dijo que con ella se apunta a sostener y aún incrementar el empleo en la actividad pesquera y, según el legislador, la iniciativa recibió el aporte de todos los sectores que conforman la pesquería chubutense.

Durante el debate legislativo, en la última sesión ordinaria del año, la diputada Rossana Artero planteó sus reparos, especialmente con respecto a la adjudicación de los nuevos permisos pesqueros, y protagonizó cruces con algunos de sus pares.

Irregularidades y pedido de investigación

En la última semana del año 2022, el exDirector de Discapacidad municipal de Rawson, Jorge Dorado envió una carta al secretario de Pesca del Chubut, Gabriel Aguilar, en la que advierte las posibles irregularidades cometidas en el marco de la sanción de la nueva ley pesquera, y adjuntó copia al fiscal de Estado, Andrés Giacomone y al jefe de la Unidad Anticorrupción, el fiscal Omar Rodriguez, a quienes solicita la urgente y minuciosa investigación del caso.

En la misiva, Dorado hace alusión a la pronunciada demora en el inicio de la sesión -prevista para las 13 y comenzada pasada las 22.30-, que atribuye “aparentemente a las negociaciones para poder ‘consensuar’ y lograr los votos necesarios para su aprobación”. Finalmente, cabe recordar, la norma se terminó sancionando ya en los primeros minutos de la madrugada del viernes 23.

Dorado recuerda, en la carta, que durante la sesión legislativa la diputada Artero había solicitado transparencia en el otorgamiento de permisos y que los mismos sean licitados con importantes montos de base, para permitir el ingreso de fondos a las arcas provinciales, y estableciendo además obligaciones laborales a los beneficiarios de los permisos. Sin embargo, acota Dorado, “no fueron escuchadas ni tenidas en cuenta sus propuestas”.

Más adelante el denunciante tras señalarle a Aguilar que “el poder de policía en el control de la pesca es privativo de su Secretaría, el recurso de los langostinos son provinciales porque están dentro de las 12 millas”, le pregunta: “¿Cuál es el motivo por el cual se los tienen que seguir otorgando gratuitamente y porqué la provincia no buscaría dividendos y beneficios para el propio Estado provincial y para sus trabajadores? Es muy llamativo la liviandad y benevolencia con que se actuaría” consideró.

En otro párrafo de la carta, Dorado señala que “en las diferentes conversaciones sobre esta ley, que se viene intentando sacar desde hace meses y se logró en la última sesión y de madrugada, me aseguraron que los permisos ya tendrían dueños de antemano”, y menciona a las firmas multinacionales que serían las beneficiarias. Entre éstas figura, según el denunciante, Pescapuerta S.A., empresa que ha sido “seriamente cuestionada porque también bajo otra denominación pesca en Malvinas”.

Sobre este tema, el denunciante menciona una publicación de una revista especializada en pesca donde se alude a la supuesta “trampa” que realizaría dicha empresa para poder operar en Malvinas, “en perjuicio de nuestra Patria”.

En otra parte de la carta, Dorado también se refiere al permiso de la modalidad conocida como VACOPA, que estaría destinado a una empresa que opera en Comodoro.

“Estos datos que aporto se relacionan con charlas informales de gente del medio que pueden tener o no asidero, pero de cumplirse esta información que transmito sobre los beneficiarios estaríamos frente a una maniobra nada clara y a una ley hecha a medida y dirigida a determinados beneficiarios y posiblemente se incurriría en un delito” señala en otro párrafo el denunciante.

Sin embargo, Dorado en su carta también menciona a publicaciones de medios periodísticos chubutenses que sugieren sospechas de “supuestos arreglos”. Así, transcribe algunos párrafos de dichos artículos: “Una madrugada de diciembre alumbró una nueva ley de pesca en Chubut. Justo a la medianoche, pero dos día antes, Papá Noel pasó por la Legislatura con su bolsa cargada, y muchos diputados tuvieron una anticipada Nochebuena” señala uno de los medios aludidos. En la publicación de otro medio de comunicación se lee: “Ya pasó Nochebuena, ya pasó Navidad… No se pudo con la ley de lemas, ahora todos a pescar”. Y se lee también: “Los acuerdos son más fáciles y veloces, cuando el viento de cola lo aporta una actividad económica fuerte como es la industria pesquera. La ley se acordó rápido, hasta ahora nadie protestó y el 2023, para muchos el último de su vida política, termina con un buen cierre”. Y finaliza: “Al menos para algunos siguieron las alegrías después de Qatar”.

Ya en la parte final de la carta, Dorado reflexiona: “Cómo podemos pensar en semejante discriminación en el ‘reparto’ de los permisos cuando empresas locales, como es de público conocimiento, han dejado gente en la calle; como asimismo, empresas de Trelew y Rawson, con capitales locales, no tengan estas licencias y se termine beneficiando a multinacionales y alguna que incluso pesca en Malvinas”.

Por todo ello es que, según Dorado, elevó dichas consideraciones al fiscal de Estado y al fiscal Omar Rodriguez, “que los considero funcionarios serios” acota, con la intención de que se investigue a fondo y, al final, “para que no se cumplan los trascendidos detallados en la presente” concluye.

Denuncian irregularidades en licitación pública nacional de viviendas en Dolavon

El expediente de obra fue observado por integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia, quienes ahora denunciarian ante la justicia las irregularidades en el municipio que conduce Dante Bowen.

Se trata de 41 viviendas que el Gobierno Nacional construirá en la localidad del Valle en convenio con el Municipio local, mediante el programa nacional “Casa Propia”. Según un dictamen del organismo contralor provincial el intendente de Dolavon, Dante Bowen, le otorgó la realización de las viviendas a la empresa constructora SUDELCO, aún siendo ésta la oferta presentada más alta para su realización.

La obra fue anunciada en julio del año pasado, cuando el intendente local anunció que el gobierno nacional aprobaría los fondos para su realización, durante una reunión con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, de fracción camporista.

En diciembre del 2021 se realizó la licitación sobre la que tiene los ojos puestos el Tribunal de Cuentas Provincial. En ese acto se presentaron dos empresas, siendo SUDELCO la elegida que ofertó realizar las obras por $11.000.000, un monto muy por encima del que ofertó la empresa que perdió la licitación.

Sin embargo, más allá del elevado monto que se deberá pagar de más sin motivo alguno, el intendente en acuerdo con el Concejo Deliberante local le adjudicó a la empresa la realización de la obra, haciendo que el estado Nacional y el municipio paguen más dinero del necesario para su realización.

Técnicos del Instituto Provincial de Agua (IPA) realizaron un relevamiento y detectaron modificaciones en la tierra que ocasionaron la remoción de una de las defensas cerca del canal sur.

La comisión de técnicos a cargo del Ing. Juan Carlos Choque se hizo presente en la localidad ante los pedidos y las gestiones que viene realizando la intendente de 28 de Julio, hace más de un año, por diversas situaciones que preocupan a la comunidad.

Adriana Agüero, junto a funcionarios municipales de la Dirección de Obras Públicas acompañaron a una comisión de técnicos del IPA a cargo del Ing. Juan Carlos Choque, jefe del Departamentos de Estudios y Proyectos, en un relevamiento realizado en Boca Toma. Los representantes del Instituto Provincial del Agua llegaron a la localidad ante los reiterados pedidos realizados desde el Ejecutivo por situaciones que son de extrema preocupación para la comunidad, como los terraplenes de defensa de la margen sur del Río Chubut, próximos a la compuerta de origen del canal principal sur.

Estos terraplenes se construyeron en la década del 70′ aproximadamente y se reforzaron en la década del 90′ ante las inundaciones que sufrió la comunidad de 28 de Julio por eventos extraordinarios que pueden volver a suceder en cualquier momento, dado que el caudal del río se incrementa por la presencia de cauces aluvionales aguas abajo del Dique Florentino Ameghino.

Durante el relevamiento se observó que ambos terraplenes fueron modificados, tanto en su nivel de coronamiento, como en su estructura. La defensa ubicada a la izquierda del canal sur es la más afectada, fue removida en su totalidad y solo restituida en forma parcial y sin respetar las características originales. Por otro lado, se verificó una canalización nueva realizada por el mismo dueño para irrigar sus tierras que se ubica hacia el oeste del canal principal sur sobre esa misma margen del río. Se verifica un sistema de canales y compuertas hacia una sistematización de suelos.

CANAL DE CORFO

Tomando la preocupante situación planteada por los regantes del canal comunero conocido como el canal de CORFO, quienes manifestaron la problemática ante al Ejecutivo y le presentaron una nota al IPA donde reclaman su intervención para solucionar el problema de la falta de agua, en la oportunidad se constató que en este canal no ingresa el recurso.

INTERVENCIÓN DEL IPA

“La intervención del IPA como autoridad de aplicación de los recursos hídricos es muy importante para llevar soluciones a los regantes para que no pierdan sus cosechas” manifestó la intendente, quien permanece en contacto permanente con este grupo, y se comprometió a dar seguimiento a estas gestiones para que la solución sea inmediata.

Además, Agüero solicitó a los técnicos la elaboración y ejecución de un plan de limpieza y mantenimiento del cauce del río previendo de esta manera futuros desbordes, que frente a las alertas e informes de lluvias emitidos por Defensa Civil para los próximos días, se tornan indispensables para evitar futuras catástrofes como ya han sucedido.

La intendente expresó que ante la emergencia hídrica por falta de agua que estamos atravesando se debe realizar una distribución más equitativa y eficiente del recurso pero por otra parte, ante las tormentas aluvionales que se pueden sufrir en cualquier momento, el retiro de las defensas del río pueden traer graves consecuencias. A su vez si no se desarrolla un plan de limpieza y mantenimiento del río se pueden volver a sufrir los eventos ya sucedidos.

COMPROMISO DEL IPA

El Ing. a cargo del relevamiento, Juan Carlos Choque, se comprometió ante el ejecutivo a elevar el informe correspondiente sobre las problemáticas que se constataron en el relevamiento y a adjuntar las imágenes obtenidas en el lugar.

El espacio denunció ante policía y la Justicia Electoral la presencia de cartelería partidaria frente a un establecimiento educativo donde se vota.

Esta mañana fiscales generales de la Escuela 703 de Puerto Madryn denunciaron ante policía y la Justicia Electoral la presencia de cartelería partidaria frente al establecimiento educativo donde se llevan adelante los comicios, algo que se encuentra prohibido al regir la veda electoral.

Se trata de un local partidario del Frente de Todos, pero los carteles son de elecciones anteriores con candidatos que hoy no se presentan.

«Hemos visto algunas irregularidades: se denunciaron locales partidarios cercanos a escuelas que no tenían los carteles tapados; hay algunos faltantes de boletas y boletas rotas; también tuvimos que interferir en algunas escuelas donde no se quería entrar cada 10 personas a controlar el conteo de boletas», explicó la concejala y candidata suplente a diputada nacional por Juntos por el Cambio Chubut, María Eugenia Domínguez.

El próximo jueves 21 de octubre habrá elecciones internas en la ATECh, el principal sindicato de trabajadores estatales de Chubut. Tras ocho años de un extenso e irregular mandato encabezado por Santiago Goodman desde 2013 y confirmado definitivamente recién en junio de 2016, unos 7.500 docentes chubutenses podrán volver a las urnas para elegir a sus dirigentes provinciales y regionales en comicios que se vieron postergados durante más de un año por la pandemia. Con la mirada puesta en las elecciones legislativas del 14 de noviembre, no sorprendió el anuncio sobre la posible de intervención del gobierno nacional, quien se comprometió a gestionar fondos -a las apuradas y quizás antes del 21-para que el gobierno de Mariano Arcioni amplíe el aumento del 30% en tres cuotas hasta principios de 2022.

Dos listas competirán el jueves 21 de octubre por la conducción provincia de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh). La lista Celeste propone como secretaria general a la actual dirigente oficialista Marcela Capón, mientras que en la vereda de enfrente se coloca la Lista Lila, que impulsa al opositor Daniel Murphy para el principal cargo dentro de la dirigencia provincial.

Un largo y tortuoso camino ha transitado la ATECh desde los últimos comicios que se concretaron en octubre de 2013. En ese momento no se pudo determinar por «irregularidades» en el escrutinio quién había ganado la conducción del gremio docente en Chubut. La situación se terminó definiendo en junio del 2016 por un escaso margen de votos a favor de la lista que encabezaba Goodman.

Lo que debió ser un mandato de cuatro años que debió concluir en octubre de 2017 terminó transformándose en un período de ocho años «hasta que se vuelvan a abrir las urnas» para que finalmente los docentes puedan elegir a dirigentes sindicales que conduzcan al gremio más numeroso y potente de la provincia de Chubut.

Un poco de historia «irregular»

En octubre de 2013 se realizaron las elecciones en ATECh. Se enfrentaban las candidaturas de Goodman por la Lista Verde y la de Carlos Magno por la Lista Celeste, pero los comicios se tiñeron de denuncias y arbitrariedades.

El recuento de votos arrojó como ganador a Goodman por tan solo 11 votos, pero había 49 votos observados. Desde la Lila impugnaron el escrutinio argumentando «irregularidades» en varias mesas de Comodoro Rivadavia y otras ciudades; en las que se objetaron los escrutinios de cinco urnas.

La Verde se impuso en la Regional Este, la Noreste y Oeste; en tanto que la Violeta ganó en la Noroeste. La Lila se impuso por más de 700 votos en la Regional Sur y también ganó con comodidad en la Regional Suroeste.

Recién en junio de 2016 se convocó a elecciones nuevamente para definir el resultado de solamente dos de las cinco mesas que habían sido impugnadas. Además, se definiría quién se quedaba con el cargo de secretario general de la ATECh tras más dos años y medio de incertidumbre y mandato absolutamente precario e irregular.

Los pequeños comicios de las mesas 49 y 52 mostraron que solamente votaron 51 de los 55 docentes habilitados, de los cuales 34 votaron por Magno de la Lila y 17 por Goodman de la Verde.

Tras la anulación de dos mesas Goodman llegaba con 24 votos de ventaja sobre Magno y los resultados de las mesas donde se volvió a votar le dieron el triunfo provincial a la Lista Verde por tan solo 7 votos.

Afiliación, conflictos y participación

ATECh terminó siendo en los últimos años un sindicato reconstruido por la militancia, que buscó reafiliar a miles de docentes que se habían alejado del gremio o que se habían pasado al SiTraEd -que surgió con fuerza desde Puerto Madryn en 1999 ante la ausencia de una conducción clara que consideraran legítima los docentes de esa ciudad y el Valle-.

Durante los controvertidos comicios de 2013 y 2016 había cerca de 3.500 afiliados en condiciones de votar. En la actualidad se estima que son cerca de 7.500 los docentes y profesores que pueden acudir a las urnas para elegir la conducción del sindicato.

Ese aumento de afiliaciones fue impulsado esencialmente por la Lista Lila y en particular por algunos sectores de izquierda que militaron planillas en mano para que los trabajadores de la educación volvieran a confiar en su sindicato. El oficialismo no realizó ninguna campaña de afiliación masiva.

Los altos niveles de conflictividad transitados desde principios de la década pasada hicieron que los docentes se volcaran masivamente a la ATECh y volvieran a confiar en el gremio como una herramienta de representación.

No menos válido es que según los datos oficiales del gobierno en la provincia hay 18.000 docentes entre la planta permanente y la temporaria. Esos datos indican que en la actualidad solamente 41% de los trabajadores están afiliados a la ATECh.

Si se suman los 3.000 afiliados con que cuenta SiTraEd en Chubut, son 10.000 los docentes agremiados que representan a poco más de 58% de todos los trabajadores de la educación. Eso evidencia que queda una enorme porción de los docentes que no están sindicalizados; aunque protestan, se movilizan y reclaman por mejores condiciones salariales y edilicias.

En las elecciones de 2009 había participado solamente 60%. Para 2013 esa participación había ascendido al 80%. Habrá que ver ahora, tras ocho largos años de mandato «irregular», cuál es el nivel de asistencia de los docentes a las urnas en la elecciones de esta semana que se inicia.

Volver a las urnas

El jueves 21 de octubre ATECh volverá a someterse al mandato de sus 7.500 afiliados para elegir la conducción provincial y de las seis regionales en las 11 urnas distribuidas por la provincia.

Vale recordar que estos comicios sindicales iban a concretarse el 5 de mayo de 2020, pero la irrupción de la pandemia hizo que por la cuarentena se postergara el llamado a las urnas. Lo cierto es que todos aquellos docentes que se afiliaron después de esa fecha no podrán emitir su voto, ya que el padrón cerró el año pasado con 7.500 afiliados.

Marcela Capón por la Lista Celeste, actual secretaria de Hacienda en la conducción provincial a la que arribó perteneciendo a la Lista Verde, y Daniel Murphy por la Lista Lila -que actualmente comanda los destinos de la Regional Sur- se disputarán la conducción central de la ATECh.

La Celeste representa al oficialismo y lleva como candidata a secretaria general a Marcela Capón; como secretario adjunto a Tomás Montenegro y como secretario gremial a Santiago Goodman.

En tanto, la Lila propone a Daniel Murphy como secretario general, a Paula Quijano como secretaria adjunta y a Carlos Magno como secretario gremial.

Según publicó El Patagónico, el oficialismo estará representado en las seis regionales, mientras que la Lila solo tendrá participación en cuatro.

La Regional Sur (Comodoro Rivadavia y Rada Tilly) tendrá tres listas en competencia: la Celeste encabezada por Mónica Márquez; la Roja que propone a Margarita Ester Paredes como conductora y la Lila con María Alejandra Soto.

La regional Suroeste (que incluye a Sarmiento) tendrá dos listas: la Celeste con Sandra Valeria Sandoval como candidata a secretaria general y la Lila con Estela del Valle Juárez.

En la regional Noroeste (que abarca a toda la comarca andina) competirán dos listas: la Celeste, que encabeza Sandra Beatriz Boffa, y la Bordó con Viviana Marina Pitrelli como candidata.

En la regional Noreste (que incluye a Puerto Madryn y Puerto Pirámides) competirán Gabriela Viviana Vernucci por la Lista Celeste y Gabriela Verónica Sánchez por la Lista Negra «La Multi».

En la regional Oeste (que abarca a Esquel) serán tres las listas que buscarán conducir el gremio. La Lista Celeste lleva a Martín Nahuel Pena como candidato a secretario general; la Lila a Daniel Omar Rosales y la Bordó a Patricia Soncini.

En la regional Este (que incluye a todas las localidades del VIRCh y la meseta) también son tres las listas que se presentan este 21 de octubre: la Celeste propone a Gloria Noemí Barrera como secretaria General, la Azul y Blanca a Paulina Sánchez y la Lila a Raúl Atilio Allen.

¿Disputa entre peronismo vs. izquierda?

Durante los últimos años la interna de la ATECh se dirimió entre los sectores oficialistas que se mantenían cercanos al peronismo chubutense y los que están vinculados a la izquierda y sectores independientes.

Durante la década pasada el mapa político del gremio docente era bastante diferente. Previamente al desembarco de Goodman en la conducción provincial, la Lista Verde y la Lila tuvieron contactos para presentarse de manera unificada y desplazar al oficialismo de la Celeste.

Ese acuerdo no prosperó, pero Goodman sí logró desplazar a la Celeste, quedándose al frente de la ATECh. En tanto, la Lila se refugió en Comodoro Rivadavia y la zona Sur haciéndose fuerte desde allí como el principal sector opositor que nucleaba a los independientes y a los sectores de izquierda.

Hoy la Lila ya no representa a todos los mismos sectores con los que se creó y desarrolló. Mientras la Verde se transformó en Celeste y responde a la CTA, la CTERA y es la más cercana a los sectores del peronismo kirchnerista; aunque también reapareció la Lista Azul y Blanca tradicionalmente peronista.

No se puede obviar el origen de algunos de los máximos dirigentes de la Lila, que se vinculan a la CCC y al PTP, dos organizaciones políticas que respaldan al gobierno nacional.

El corrimiento de la Lila hacia el centro y de la Verde al oficialismo Celeste, dejó a la izquierda afuera en su gran mayoría de las estructuras que existían hasta las últimas elecciones. Los partidos de izquierda han conformado sus propios agrupamientos con los independientes y presentan varias listas propias en diferentes regionales.

Sin agruparse como FIT-U (Frente de Izquierda Unidad) se presentarán como Lista Roja (PSTU, Democracia Obrera y PO Tendencia), la Lista Bordó (sectores independientes) y la Lista Multicolor (Partido Obrero con independientes).

Algunas no acompañan la candidatura de Murphy como contrincante de Capón, otros aún no se definieron y una porción de la izquierda que encarna el MST llama a votar a la Lila para ganarle al oficialismo, e inclusive forma parte de esa lista.

Irrupción nacional

Con este panorama no sorprende el anuncio efectuado el viernes sobre la posibilidad de intervención del Gobierno nacional, a través del ministro de Educación (Jaime Perczyk), quien se comprometió a gestionar -a las apuradas y posiblemente antes de las internas del 21- fondos para que el gobierno de Mariano Arcioni termine ampliando el aumento del 30% en tres cuotas hasta principios del año que viene.

La jugada apuntaría a garantizar por un lado el triunfo de la Celeste en la ATECh, pero también a bajar los decibeles de conflictividad estatal que van en aumento -y que se manifestaron claramente en las protestas y movilizaciones de la semana que concluye-. Eso sin dejar de tener la mirada puesta en los comicios del 14 de noviembre, donde el oficialismo arcionista y el propio peronismo la tienen muy difícil frente a Juntos por el Cambio en Chubut.

Lo cierto es que lo que suceda con la interna no es solamente una cuestión sindical del mayor gremio estatal de Chubut, sino que además se juegan los posicionamientos de los partidos más influyentes de la provincia y de una izquierda que -aunque se presenta dividida- busca consolidarse como alternativa electoral en el sindicato docente.

La disputa central por la conducción de ATECh provincial estará dada nuevamente por la Celeste y la Lila, con dos formatos diferenciados a la hora de conducir el gremio o expresarse en la lucha, pero con ciertos puntos de contacto a la hora de alinearse con la política.

A pesar de todo, el final está abierto. Ojalá la nueva conducción no vuelva a transitar nuevamente por procesos irregulares que desembocaron en los dos mandatos de Goodman al frente del sindicato.

Una investigación del medio digital patagónico «OPI Santa Cruz» da cuenta de «irregularidades administrativas» y «contrataciones sospechosas» del ministro de Turismo de Chubut, Néstor “Quique” García.

El Ente Oficial Regional de Turismo Patagonia Argentina está integrado por los Organismos Oficiales de Turismo de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Actualmente lo preside el ministro de Turismo de Chubut, Néstor «Quique» García y el medio patagónico «OPI Santa Cruz» lo señala en una investigación que realizó ante la denuncia de supuestas irregularidades.

«Se han cometido serias irregularidades administrativas, contrataciones sospechosas de estar enmarcada en hechos de corrupción, ocultamiento de fondos e información y discriminación explícita hacia la provincia de La Pampa, de parte del propio ministro de Turismo de Chubut», señala la publicación realizada el 5 de agosto.

El inicio de la investigación periodística remite a la asunción de García como presidente del Ente regional. El primer dato que se brinda es que «el mismo día que asumió el cargo pidió a todas las provincias integrantes del Ente aumentar el aporte».

El hecho parece no tener mucha relevancia hasta que uno se anoticia que la provincia mantenía una deuda y que la misma (junto a la de otros Estados provinciales) produjo un «desfinanciado durante todo el 2020, con lo cual y por declaraciones de la presidente saliente Adriana Romero (La Pampa), durante su gestión nunca contó con un ente saneado ni con fondos anticíclicos».

Trato peyorativo

La secretario de Turismo de La Pampa denunció a OPI Santa Cruz «lo que consideró un comentario peyorativo y discrminatorio de parte del actual Presidente Néstor García «. Al parecer, el ministro chubutense creyó que enviaba un mensaje de whatsapp a la directora ejecutiva del Ente, pero en realidad lo hizo al grupo del Ente Patagónico de Turismo.

“En el mismo dice que no es necesario sumar los datos de La Pampa seguido con una risa, lo cual consta en las capturas de pantalla con el mensaje y otras capturas con el mensaje ya borrado”, explicó Romero en clara referencia a la disputa que hay sobre la pertenencia de esa provincia a la región patagónica.

Aumento de aportes

Una vez saldada la deuda que mantenía Chubut en el Ente, asumió como presidente del mismo el ministro García y una de sus primeras acciones fue aumentar el aporte de cada Estado provincial hacia el organismo patagónico. Su propuesta fue que pase de 800 mil pesos a 1.300.000 por provincial. La Pampa, según consta en la investigación periodística de OPI, respondió que no le era posible aumentar el aporte en esos términos.

“El Ente no contaba con recursos, sino con deudas. Se iba a lograr sostenerlo hasta marzo pagando los sueldos y el alquiler, porque Neuquén y Chubut no habían depositado su aporte” señaló la actual vicepresidenta del Ente Patagonia Argentina.

Contratación

«En la documentación de la rendición de gastos presentada por el Improtur ‘se contrató a un técnico de Chubut, un Sr. Bruscela, desconocido por la Presidencia, sin compulsa de precios ni presupuesto previo, y se le pagó. Es decir, se usó una metodología de “hechos consumado” sobre los cuales no se puede volver, ni se puede remediar el error, porque al técnico ya se la pagó”, explicó a OPI, la ex Presidente del Ente.

Como representante de La Pampa, Romero solicitó que se reforme el Estatuto y se establezca que la Dirección Ejecutiva no puede disponer, bajo ningún concepto, de los fondos del Ente, ordinarios y extraordinarios.

Freelanecer

Más allá de una serie de denuncias que realiza Romero respecto a la figura de la directora Ejecutiva del Ente, a quien señala como la persona que deberá dar explicaciones sobre el faltante de liquidación de fondos al Inprotur, o cómo se responderá al Consejo Federal de Turismo (CFT) por un el envío de un saldo; la relación entre esta persona y el ministro García es parte de las preguntas a responder.

«El Ente presidido por el Ministro García, al tiempo que eleva el aporte provincial, paga una suma fija por mes a una colaboradora “free lace” por servicios de prensa, una figura con la cual Romero dijo no estar de acuerdo», advierte el medio digital.

“He señalado que la figura del “free-lance” encubre precarización laboral y que no está autorizada por la legislación argentina», remarcó Romero al cronista de OPI Santa Cruz, al tiempo que ratificó que «en todas estas circunstancias considera que se ha incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público, deslealtad y desidia en el cuidado de los fondos aportados por las provincias».

“La Directora Ejecutiva del Ente guarda silencio, no brinda las explicaciones del caso; y la actual Presidencia (Ministro Néstor García de Chubut) da muestras de amistad y conformidad hacia su persona y su accionar, en un caso claro de encubrimiento”, aludió Romero al cierre del artículo.

El Ministerio Público Fiscal informó que el próximo lunes 12 de abril está previsto el inicio de la causa principal por delitos en la administración pública provincial iniciada a partir del «sobre bomba» presentado en legislatura dando así el inicio de la investigación compleja denominada «Emergencia Climática» para posteriormente dar paso a las causas «Embrujo» y «Revelación».

Esta causa refiere a sobreprecios en la venta de elementos que adquirió el Gobierno Provincial y que fueron destinados a paliar las graves consecuencias de la emergencia climática caracterizada por fuertes lluvias, por la que atravesó Comodoro Rivadavia, entre fines de marzo y principios de abril del año 2017.

En total son doce los imputados por los presuntos sobreprecios en la compra de elementos como víveres y agua mineral. Dos de los imputados en este proceso ya fueron condenados en otras causas. Se trata de Diego Correa y Diego Luters. También se hallan imputados la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; los ex funcionarios de esa cartera, Marcelo Suárez y Cristian Orsi, además de Vanina Barale. Asimismo, se encuentran imputados quienes aparecían como proveedores del Estado, Estanislao Finiguerra, Marta Fracasso, Taurelli Chiribao Bruno Paolo, Williams Guillermo Adrian, Cecilia Sabada y César Hughes.

Ante la actual pandemia por Covid-19, las audiencias se llevarán a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Los jueces del debate serán Miguel Caviglia, de Comodoro Rivadavia, Fabio Monti, de Trelew y Jorge Novarino, de Sarmiento. Fueron sorteados como los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento para este debate.

Fuente: Ministerio Publico Fiscal Chubut