Tag

irregularidades

Browsing

Una de las integrantes de la Asamblea de Vecinos de Epuyén, Claudia Sastre, se hizo eco de la denuncia por presuntas irregularidades en la implementación del Plan Calor en la zona.
En diálogo con AzM Radio y en relación a su propio caso , advirtió que figura en la lista de beneficiarios, pero que luego radicó una denuncia en la Oficina Anticorrupción porque jamás recibió ninguna ayuda de las partidas correspondientes a dicho plan, situación que también se habría repetido con varios vecinos.

“Nunca mandaron la mejor leña”

“Nos conocemos todos y todo es muy perseguido», sostuvo Sastre, agregando que “lo que está pasando es gravísimo, hay gente de mucha edad sin medios y los hacen ir 15 kilómetros a reclamar y después del segundo o tercer reclamo les mandaban un metro de leña; la mejor leña nunca la mandaron”.

“Al que pregunta lo persiguen”

Asimismo, la vecina de la localidad cordillerana hizo referencia a “la poca documentación que pudimos obtener del Concejo Deliberante de Epuyén y del director de Acción Social, que era el encargado en ese momento de administrar la información; pero la adjuntamos y la enviamos a la Oficina Anticorrupción para que investiguen, ya que hasta acá llegamos nosotros” y advirtió que “Epuyén es un pueblo chiquito y nos conocemos todos, entonces tenemos cierta confianza con la gente, mucha de la cual hace denuncias privadas ya que acá todo es muy perseguido y cuando alguien pregunta algo se convierte en ‘enemigo’ del Municipio”.

Vaya sorpresa

Asimismo, relató: “La gente nos decía ‘no nos llegó la leña y vemos los camiones salir’, lo que motivó que hiciéramos primeramente la presentación ante el Concejo, para que ellos mismos averigüen qué había pasado con las partidas, y al mismo tiempo lo trajeron al director de Acción Social para hablar con los vecinos, incluso él manifestó en el propio Concejo que no le llegaba la leña. Yo también soy una de las beneficiarias y pensé que me habrían sacado del listado, pero al verlo me percaté de que yo figuraba pero no recibí ni un palo de leña desde hacía dos años. Calculo que habrá sido por la militancia en la Asamblea de Vecinos o bien porque no pertenezco al círculo áurico del Intendente o del director de Acción Social”.

El Ministerio Público Fiscal informó que el próximo lunes 12 de abril está previsto el inicio de la causa principal por delitos en la administración pública provincial iniciada a partir del «sobre bomba» presentado en legislatura dando así el inicio de la investigación compleja denominada «Emergencia Climática» para posteriormente dar paso a las causas «Embrujo» y «Revelación».

Esta causa refiere a sobreprecios en la venta de elementos que adquirió el Gobierno Provincial y que fueron destinados a paliar las graves consecuencias de la emergencia climática caracterizada por fuertes lluvias, por la que atravesó Comodoro Rivadavia, entre fines de marzo y principios de abril del año 2017.

En total son doce los imputados por los presuntos sobreprecios en la compra de elementos como víveres y agua mineral. Dos de los imputados en este proceso ya fueron condenados en otras causas. Se trata de Diego Correa y Diego Luters. También se hallan imputados la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; los ex funcionarios de esa cartera, Marcelo Suárez y Cristian Orsi, además de Vanina Barale. Asimismo, se encuentran imputados quienes aparecían como proveedores del Estado, Estanislao Finiguerra, Marta Fracasso, Taurelli Chiribao Bruno Paolo, Williams Guillermo Adrian, Cecilia Sabada y César Hughes.

Ante la actual pandemia por Covid-19, las audiencias se llevarán a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Los jueces del debate serán Miguel Caviglia, de Comodoro Rivadavia, Fabio Monti, de Trelew y Jorge Novarino, de Sarmiento. Fueron sorteados como los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento para este debate.

Fuente: Ministerio Publico Fiscal Chubut

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que investigue y evalúe el inicio de un proceso penal por irregularidades cometidas por el gobierno de Mauricio Macri en la transferencia de recursos del Estado por fondos que rondan los 62 millones de dólares en el marco del programa denominado «3000 jardines».

«La denuncia está vinculada a manifiestas irregularidades dentro del plan 3000 jardines que impulsó en mayo del 2016 la gestión de Macri para que sea la Oficina Anticorrupción que, analizando la documentación presentada, evalúe avanzar en las denuncias penales pertinentes», afirmó Trotta en la conferencia de prensa en Casa Rosada que ofreció para comunicar los alcances de su presentación.

El funcionario señaló que existieron «actos de marcada irregularidad» en los procesos de licitación que la gestión de Cambiemos lanzó para la construcción de jardines de infantes en distintas provincias argentinas y advirtió que hubo «una connivencia por parte de funcionarios del Ministerio de Educación nacional».

Trotta señaló que existieron "actos de marcada irregularidad" en los procesos de licitación.

«De los 3000 jardines de infantes previstos, sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107», puntualizó Trotta en base a datos recabados desde su cartera a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos.

Según el relevamiento, se detectaron anomalías en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido «evidenciándose una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas».

El funcionario remarcó, además, que «el 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a la UTE Bahía Blanca Viviendas SRL-Escarabajal Ingeniería SRL a pensar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras».

«Habiendo recibido transferencias por un importe total de 61.920.462 dólares, sobre un total de 92.357.315 que abarcaban los cuatro contratos, ninguna de las 93 obras fue finalizada», remarcó.

Observó también que por entonces «el metro cuadrado fue calculado en 1498 dólares» cuando «en la actualidad, tomando casos testigos, el costo de metro cuadrado de obra nueva en recientes licitaciones públicas es de 870 dólares en la provincia de Buenos Aires, de 675 en Salta y de 708 en San Juan, lo que también genera dudas y sospechas».

Por otra parte, entre las irregularidades denunciadas mencionó al abandono de las obras, el deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes por vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia.

Para el funcionario, otro dato sobre el cual se puso el foco «se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional» dado que «el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra, anticipos sin tope a solicitud de la UTE».

«Todos estos elementos los hemos presentado ante la Oficina Anticorrupción y suman más de 10 mil fojas a partir de todo el trabajo llevado adelante por el área jurídica de nuestro ministerio», informó y dijo que esperan que sirva para «clarificar esta enorme sospecha sobre lo que fue el proceso de licitación del programa 3000 jardines».

En rigor, el plan fue una de las promesas electorales que hizo Macri en su campaña presidencial en 2015 y lo dio a conocer durante el debate de candidatos.

En ese marco, aseguró: “Me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, la mayoría están en la provincia de Buenos Aires para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 683.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades”.

Dos hechos sobresalieron ayer, miércoles 10 de febrero de 2021, en Chubut en relación con el Proyecto de Zonificación minera que impulsa el gobierno:

El rechazo de la Jueza Arbilla a la Medida Autosatisfactiva y la decisión de lxs vecinxs de apelar el fallo.
La presentación y denuncia de ENDEPA ante la CIDH por la no consulta a los pueblos originarios.
Por No a la mina

1- Medida Autosatisfactiva

La jueza Civil, Comercial y Laboral de Esquel, Dra. Alicia Arbilla, rechazó la Medida Autosatisfactiva promovida por lxs vecinxs contra la Provincia del Chubut, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, mediante la cual se solicitaba la nulidad de la incorporación del Proyecto de Ley N° 128/20 remitido por el Poder Ejecutivo a la Honorable Legislatura por flagrante inconstitucionalidad.

Arbilla había dispuesto la semana pasada una medida cautelar, pero ahora sostuvo que “las cuestiones vinculadas al proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes y su reglamentación, en principio resultan ajenas a las facultades jurisdiccionales de los jueces, por constituir una atribución propia de los poderes del estado encargados de ello”.

Con respecto a las irregularidades planteadas por lxs vecinxs (falta de consulta al mundo indígena, cuestionamientos en torno a los estudios de impacto ambiental, fraude electoral, etc.). la jueza señaló que “habiendo recepcionado y analizado la prueba presentada por los mismos actores, entiendo que los elementos aportados resultan insuficientes para hacer lugar a la medida autosatisfactiva en la forma pretendida”.

La abogada de los demandantes, Dra. Silvia de los Santos, afirmó que apelará el fallo y detalló sus argumentos: “La jueza entiende que los elementos que aportamos no son suficientes para concluir con certeza, que no cuenta en este estado con un pronunciamiento penal respecto de la falsedad ideológica documental denunciada por Guillermo Velázquez (CONICET) y tampoco si las consultas al mundo indígena cumplen o no con las exigencias de convenios y normas constitucionales”. Y agregó: “Vamos a apelar esta decisión por contradictoria. Como necesitaba mayor debate y prueba la jueza escindió el proceso en dos, en una medida cautelar de suspensión y en un proceso de fondo donde vendría la provincia a contestar la demanda, a ofrecer su propia prueba y dar tiempo. Sin embargo, cuatro días después vuelve sobre sus propios pasos, deja sin efecto este desdoblamiento procesal y resuelve la cuestión por cuestiones de forma”.

2- Denuncia ante la CIDH

La Coordinación Regional Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) informó que se realizó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, por el incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos por parte de la Provincia del Chubut y el Estado argentino, al ingresar el tratamiento del proyecto de ley provincial de zonificación minera violando el derecho a la consulta y participación de los pueblos originarios.

Fueron las Comunidades Mapuche Tehuelches “Los Pino”, “Mallin de los Cual” y “Chacay Oeste y Laguna Fría”, quienes denuncian las violaciones al Pacto de San José de Costa Rica y a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y solicitan al organismo internacional que adopte las medidas necesaria para poner fin a la violación de los derechos humanos del Pueblo Mapuche Tehuelche.

Transcribimos a continuación el Comunicado de Prensa

La Coordinación Regional Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) informa que el fin de semana pasado se ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos por parte de la Provincia del Chubut y el Estado argentino, al ingresar el tratamiento del proyecto de ley provincial de zonificación minera violando el derecho a la consulta y participación de los pueblos originarios.

La denuncia se ha realizado a petición de las Comunidades Mapuche Tehuelches “Los Pino”, “Mallin de los Cual” y “Chacay Oeste y Laguna Fría”, acompañando nota de dichas comunidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se detallan las violaciones al Pacto de San José de Costa Rica y a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, solicitándole a ese organismo internacional que adopte las medidas necesaria para poner fin a la violación de los derechos humanos del Pueblo Mapuche Tehuelche.

Exhortamos a las autoridades de la Provincia del Chubut, especialmente a la presidencia y los miembros de la Legislatura Provincial a cesar en su actitud violatoria de los derechos humanos, a fin de evitar ulteriores consecuencias graves tanto para el Pueblo Mapuche Tehuelche como para el Estado.

Gan Gan, meseta central norte, Provincia del Chubut, Argentina, 10 de febrero de 2021
Coordinacion Regional Sur
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
Teléfono de contacto: 54 9 280 437 8328 -Gabriela Cual

El director General de Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios, dependiente de la Secretaría de Trabajo del Chubut, Simón García, señaló que “desde que comenzó la pandemia, muchas personas comenzaron a realizar la mayoría de las compras a través de internet y aumentaron las denuncias”.

“Recibimos muchas denuncias, más de 1.500 vía correo electrónico, un número similar a través de ventanilla nacional y hay que sumar las que se toman personalmente en las oficinas y la mayoría son por compras online”, agregó García.

Asimismo, explicó que “estamos trabajando en conjunto con el Consejo Federal del Consumo, porque es algo similar que ocurre en todo el país, con compras online realizadas a cadenas conocidas y que el producto nunca llega al consumidor”.

Además, el funcionario señaló que otro de los reclamos también tiene que ver con el contexto de la pandemia: “recibimos muchas denuncias a empresas que prestan servicios de internet por el mal funcionamiento del mismo y que tiene que ver con la gran demanda que están teniendo y que no pueden cubrir”.

En cuanto a la atención al público, Simón García remarcó que “las oficinas trabajan con guardias mínimas y de igual forma los reclamos pueden realizar a través del correo electrónico [email protected]”.

Sobre el final del pago de la tercera tanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ANSES está revisando los requisitos dentro del bono de $ 10.000. Según advierten desde el organismo, si encuentran irregularidades en el cruce de datos hay beneficiarios que perderían el derecho y tendrían que devolver el bono de $ 10.000.

A través de la resolución resolución 16/2020 ANSES especificó que revisarán los requisitos para los menores de 25 años que perciben el bono. A partir de ahora, quienes tienen entre 18 y 24 años para seguir cobrando el bono tienen que firmar una declaración jurada afirmando que viven solos o que ninguno de sus convivientes tiene trabajo formal o jubilación. También se revisará el nivel de gastos de esas familias.

Hasta hoy viernes es posible completar la declaración jurada en la página de ANSES utilizando al clave de seguridad social.

«En los casos que el titular hubiese percibido sumas por haber falseado los datos consignados en la presente declaración, Anses procederá por las vías administrativas y legales al recupero de las sumas cobradas indebidamente», informó ANSES.

Con esto el organismo pone la lupa sobre 1,7 millón de jóvenes que se registraron como hogares «unipersonales» al solicitar el beneficio. Según un informe de ANSES, dentro de las 9 millones de personas que cobran el bono de $ 10.000, hay 4,1 millones de hogares formados por una sola persona.

De este modo, la proporción de los jóvenes dentro de los hogares unipersonales salta al 40%. El dato es llamativo ya que implica que hay 1,7 millón de jóvenes que mantienen un hogar por sí solos pese a no tener ingresos fijos ni percibir planes sociales.

Dentro del IFE hay 2,5 millones de beneficiarios que tienen entre 18 y 24 años, lo que representa el 28% del total. Esto hace que la mitad de los jóvenes del país de esas edades cobren el bono de $ 10.000.

Según las condiciones del IFE solo una persona por familia puede recibir el beneficio. Para poder cobrarlo es necesario que todos los integrantes de cada hogar cumplan con los requisitos: estar desocupado o tener trabajo informal y no percibir jubilación, pensión, planes sociales ni prestación por desempleo. La excepción son las trabajadoras domésticas, que están habilitadas para percibir el bono, al igual que las titulares del Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

 

El presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut, Antonio Cimadevilla, explicó que «nuestra prioridad fue el análisis de la obra pública, el control posterior al pago, y la declaración jurada de los funcionarios», y que a partir de esta revisión se decidió realizar una denuncia en la Oficina Anticorrupción por «presuntas irregularidades y delitos».

Entre las irregularidades encontradas, Cimadevilla indicó que hay obras que se ejecutaron por contratación directa cuando por el monto deberían haber sido licitadas o concursadas, que algunos certificados de ejecución de obra se pagaron más de una vez, y maniobras cuestionables cuando las comunas contratan al un representante técnico de la obra.

Cimadevilla apuntó que se trata de obras ejecutadas en el marco del BOCADE (Bono de Cancelación de Deudas), en varias comunas del interior durante 2016 al 2018, cuando el gobernador era Mario Das Neves, agregando que estas irregularidades «en el año 2016 eran 30 millones de pesos y hoy entre 70 y 90 millones de pesos».

«Cuando hablamos de obras, hablamos de plazas, de gimnasios, obras netamente para la población», explicó, y mencionó que para realizar los controles se cruzaron datos con diferentes organismos, entre ellos la AFIP.

Fuente: Actualidad 2.0

Se trata de productos cuya marca comercial fue usurpada, por lo que no se garantiza la calidad del producto. La Anmat prohibió la venta de dos alcoholes por irregularidades.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y venta en el país de dos alcoholes en gel y de un alcohol etílico, según se informó en el Boletín Oficial de la Nación.

Se prohibió la utilización y comercialización de todos los lotes, en todas sus presentaciones y contenidos netos del producto rotulado como «Átomo alcohol en gel- Ind. Argentina- Resol. Nº 337/92- Nº de Registro sanitario A.N.C.A.P.: 225/1381”.

Se argumenta la decisión de prohibir su venta y comercialización porque hay una denuncia realizada ante el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud por la empresa Laboratorios Imvi Sociedad Anónima, titular de diversos productos cosméticos inscriptos bajo la marca Atomo manifestó haber detectado en el canal comercial Mercado Libre la venta de un producto denominado Atomo Alcohol En Gel, el cual hace uso de su marca registrada Atomo, sin autorización, ni permiso, ni solicitud o pedido por parte de Laboratorios IMVI S.A.; además agregan en la denuncia que no fabrican ese tipo de producto y que no tienen ningún tipo de relación con la empresa que lo elaboró”.

También de todos los lotes y todas las presentaciones y contenidos netos de “El coloso alcohol etílico 96º” y “El coloso alcohol en gel» por una situación similar, ya que se informa que «la empresa Descartables Caromar S.A. reportó, a través del formulario de Cosmetovigilancia, que detectó la comercialización por la web de un producto cosmético ilegal usurpando su marca comercial y que dicho producto fue anunciado en el portal Marktplace de Facebook como alcohol en gel con el siguiente rótulo identificatorio: El Coloso alcohol etílico 96º, cuya consistencia es gel”.

Finalmente, se prohibió la venta en Argentina del aceite de oliva Los Olivos, establecimiento N° 13431962, La Rioja, RNE 2212-164394-29, RNPA 2212-6112-44.

Fueron dos locales comerciales que no cumplían o con las normas de higiene, o con la documentación necesaria para estar abiertos.

Los operativos de control en la ciudad continúan realizándose a diario. Este jueves por la mañana, el operativo de control, que fundamentalmente inspecciona medidas de seguridad, bromatológicas, y ahora, que no se provoquen aglomeraciones y se respete la distancia social y terminación de DNI en negocios, arrojó como resultado la clausura preventiva de dos comercios que no cumplían con los requisitos exigidos por los inspectores municipales.

Uno de los comercios clausurados fue una distribuidora céntrica que, por falta de documentación de obra para una ampliación efectuada en el local, debió procederse al cierre preventivo.

Por otra parte, se clausuró una carnicería de la zona oeste de la ciudad por falta de higiene. Días atrás, un comercio del mismo rubro había sido cerrado por los mismos motivos.

Reclamos

El coordinador de Inspecciones Generales, Héctor López, remarcó que «por el reclamo de los vecinos se detecta en algunos comercios el incumplimiento de algunos requerimientos esenciales para el funcionamiento de la actividad comercial», por lo que, «los controles se realizan de manera sorpresiva para corroborar la situación, y en caso de detectar alguna irregularidad se procede a la ejecución del acta de infracción o la clausura preventiva del local».

López remarcó que «el comerciante en general cumple con las medidas vigentes», y reiteró que «es de vital importancia respetar el protocolo aprobado para la habilitación de la actividad, mantener el distanciamiento social, el control de ingreso y la cantidad de clientes dentro del comercio, respetar la atención por terminación de DNI, la obligatoriedad del tapaboca y tener las medidas de higiene necesarias».

Responsabilidad Social

El responsable de la Coordinación de Control y Prevención Ciudadana, Cristian Peña, solicitó a la comunidad responsabilidad, y atento al fallecimiento de una persona con Covid-19, pidió «tomar conciencia sobre la importancia de tomar las medidas preventivas que se establecen para evitar más casos».

Además, el funcionario indicó que «la habilitación de los comercios tiene como premisa respetar los protocolos, ya que el Ejecutivo Municipal acompaña y apoya la actividad comercial pero se necesita la colaboración de todos para que todo marche bien y se garantice la salud de la comunidad».

Tras las denuncias públicas por sobreprecios en la compra de alimentos desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación, el diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres, acompañó junto a sus pares del bloque PRO un pedido de informes de carácter urgente, para que se indiquen todas las compras realizadas en el marco de la emergencia pandémica y fiscalizar así los procesos de compra y sus proveedores.

El precio que se detalló por los productos fue hasta 51% más alto que el que pagan los consumidores por primeras marcas en los supermercados, el propio ministro Daniel Arroyo admitió que “en el caso del azúcar y el aceite, los precios están por arriba de los precios de referencia que fijó la Sigen (…) decidimos con un informe técnico comprarlo igual en el marco de la emergencia. No llegamos a cubrir a cantidad de módulos”.

Al respecto Torres manifestó que “es realmente indignante, porque no se trata solo de cuidar la salud de los argentinos, sino de cuidar el trabajo y también el dinero público, que es la plata de los impuestos que pagamos todos” y agregó “estamos haciendo todos un esfuerzo por cumplir con el aislamiento, desde nuestro rol aportamos proyectos para complementar medidas que toma el ejecutivo, y estas acciones son un mal ejemplo que no necesitamos en un momento tan sensible”.

Finalmente, el diputado dijo que “estamos pidiendo un informe al ejecutivo no solo para fiscalizar los montos, las formas de contratación y los proveedores, sino también los productos en sí mismos, porque hay disposiciones de Anmat que prohíben la comercialización de distintos alimentos de marcas específicas que el Estado está adquiriendo”.