El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Chubut, Eduardo Molina, cuestionó la iniciativa del gobierno nacional que amplía el patentamiento de fármacos.
Alertó sobre un posible monopolio, subas de precios y la desaparición de opciones más económicas. «El acceso al medicamento es un derecho y debe estar garantizado», afirmó. También señaló el impacto en la industria nacional y en los sectores más vulnerables.
La decisión del Gobierno nacional de avanzar en una flexibilización del régimen de patentes para determinados medicamentos abrió un fuerte debate en el sistema de salud. En Chubut, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Eduardo Molina, expresó su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en el acceso a los tratamientos y en el bolsillo de los pacientes.
El marco legal y el riesgo del monopolio
Según explicó, la iniciativa debe analizarse a la luz de la legislación vigente. «Hay una ley, la 24.481, que regula las patentes y que incluye a los medicamentos. Hasta ahora, no todos los medicamentos quedaban alcanzados por este esquema, justamente para garantizar la accesibilidad», señaló. El punto central del planteo radica en que, de ampliarse el alcance de las patentes, determinados fármacos podrían quedar bajo control exclusivo de un solo laboratorio durante varios años. «Cuando un medicamento es patentado, implica una potestad absoluta sobre ese producto por parte de un laboratorio. Eso significa que es el único que puede producirlo y comercializarlo», explicó Molina.
Adiós a los genéricos y menos opciones para los pacientes
Desde el sector farmacéutico advierten que este escenario podría derivar en un virtual monopoliopara ciertos tratamientos. «Eso reduce la competencia y concentra la oferta. Para un mismo tratamiento, pasaría a existir una sola opción disponible, lo que impacta directamente en el precio», sostuvo. Uno de los aspectos más sensibles es la posible desaparición o reducción de los medicamentos genéricos. Actualmente, el sistema permite que diferentes laboratorios produzcan una misma droga bajo distintas marcas, lo que genera competencia y, en muchos casos, opciones más económicas para los pacientes. «Hoy un farmacéutico puede ofrecer distintas alternativas con la misma monodroga, con precios variados. Eso permite elegir», explicó. Sin embargo, con un esquema de patentes más amplio, esa dinámica cambiaría. «Si el medicamento está patentado, no puede haber otro laboratorio que produzca lo mismo. Se pierde el genérico y, por ende, la posibilidad de elegir una opción más accesible», advirtió.
Un derecho en juego: el acceso a la salud
Molina remarcó que este cambio no solo tendría consecuencias económicas, sino también sanitarias. «Esto puede incidir directamente en la salud pública. El acceso al medicamento es un derecho y debe estar garantizado. Si los precios suben y hay menos opciones, ese acceso se ve limitado, sobre todo en los sectores más vulnerables», afirmó. Además, alertó sobre posibles efectos colaterales en el sistema judicial y en las obras sociales. «Cuando un tratamiento se encarece o no puede ser cubierto, aparecen los amparos de salud. Eso genera conflictos judiciales que terminan impactando en el Estado, en las obras sociales y en los propios pacientes», explicó.
El difícil contexto de las farmacias en la Patagonia
El dirigente también puso el foco en el contexto actual que atraviesan las farmacias en la provincia. «Estamos viviendo un momento muy complicado. Hay atrasos importantes en los pagos de obras sociales como PAMI o SEROS, lo que nos obliga a financiar gran parte del sistema», señaló. En paralelo, advirtió sobre un proceso de concentración en el sector. «Muchas farmacias pequeñas están cambiando de manos y las cadenas empiezan a ocupar cada vez más espacio. A eso se suma que nuestros costos en la Patagonia son más altos, pero el precio del medicamento es el mismo en todo el país», detalló.
El impacto en la industria nacional y el debate de fondo
Otro aspecto que genera preocupación es el impacto que esta política podría tener sobre la industria farmacéutica nacional. «Argentina es uno de los pocos países periféricos que tiene desarrollo propio de laboratorios. Este tipo de medidas puede afectar seriamente esa industria y favorecer a laboratorios extranjeros», indicó. En ese sentido, también mencionó prácticas que podrían extender el control de las patentes en el tiempo. «Hay mecanismos mediante los cuales se modifica levemente la composición de un medicamento para extender la patente por más años, manteniendo el mismo efecto terapéutico. Eso refuerza aún más el monopolio», advirtió.
Para Molina, el debate de fondo excede lo técnico y plantea una discusión de principios. «Hay que definir qué es el medicamento: si es un bien comercial o un bien social. Para nosotros es un bien social, y eso implica que debe haber acceso equitativo para toda la población», sostuvo. Finalmente, reiteró la preocupación del sector ante un posible escenario de precios en alza y menor disponibilidad de opciones. «Creemos que esto va a generar un incremento sostenido en los precios y va a afectar principalmente a los sectores más vulnerables. El riesgo es que la salud quede supeditada a una lógica puramente comercial», concluyó.