El último reporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) demuestra una situación crítica del sector. Los inquilinos no pueden pagar y los dueños no pueden alquilar.
“El contexto de aceleración inflacionaria suma incertidumbre a la hora de tener que fijar valores que van a regir durante 12 meses”, detalló el último reporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), según publica Ámbito.
«Esto, que es un problema de la macroeconomía más allá de las condiciones contractuales, se viene traduciendo en altos valores de entrada que, si bien con los ritmos de inflación actuales se licúan rápidamente, constituyen una barrera significativa para ingresar en un nuevo alquiler», agregó.
Si bien se observa un aumento en el porcentaje de ofertas expresadas en dólares desde febrero de 2022, a partir de enero del 2023 ese valor alcanzó el 30%. En marzo de este año, el porcentaje alcanzó el 40%.
Los monoambientes ofertados en Capital Federal, por ejemplo, rondan los $110.000. Mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil de junio es de $87.987. O sea que cubre el 80% de un alquiler. Esta relación que había mejorado hacia mediados de 2020, bajó más de 20 puntos porcentuales con respecto a junio de 2022.
Según establece la ley vigente, los ajustes son anuales y se establecen a base al Índice para Contratos de Locación, que indica el Banco Central de la República Argentina considerando la inflación y los salarios.
Para la inflación, se utiliza el Índice de Precios al Consumidor que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. En salarios, se emplea la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables que publica la Secretaría de Seguridad Social cada mes.
