El Gobierno reactivará en marzo la negociación por la Corte Suprema.
El Gobierno argentino retomará en marzo las negociaciones para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. Tienen previsto retomar en marzo las negociaciones políticas para cubrir las dos vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia. La decisión llega un año después de que el Senado rechazara los pliegos impulsados por la Casa Rosada y en un escenario en el que el oficialismo busca avanzar, además, con un amplio paquete de designaciones pendientes en el sistema judicial.
Según TN, la reactivación de estas negociaciones marcará uno de los ejes políticos centrales del primer trimestre legislativo de 2026.
Un año después del rechazo del Senado
Las conversaciones para definir los nuevos integrantes del máximo tribunal volverán a escena tras el rechazo, en 2025, de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Desde el Ejecutivo explican que la pausa fue una decisión directa del presidente Javier Milei, quien priorizó durante 2025 la aprobación del Presupuesto 2026 y el tratamiento de los proyectos incluidos en las sesiones extraordinarias.
Con la sanción del Presupuesto lograda en diciembre y un nuevo período extraordinario previsto para febrero, el oficialismo considera que están dadas las condiciones políticas para reabrir el diálogo con la oposición a partir de marzo.
Búsqueda de consensos con la oposición
El Gobierno apunta a avanzar de manera gradual en las negociaciones con los distintos bloques parlamentarios, incluso con aquellos más críticos de la gestión, como Unión por la Patria. El objetivo es conseguir los avales necesarios en el Senado para los pliegos que proponga el presidente.
Actualmente, la Corte Suprema está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y el Ejecutivo busca completar las dos vacantes restantes para fortalecer el funcionamiento del tribunal.
Nombres en análisis para la Corte
Por el momento, no hay definiciones oficiales sobre los candidatos. Desde el entorno del Gobierno admiten que existen varios nombres en evaluación y que la decisión final dependerá del Presidente. En el pasado reciente, tras el rechazo de los primeros pliegos, se analizaron los perfiles de Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y del exjuez federal Ricardo Rojas, quien también había sido considerado para la Procuración General del Tesoro.
Designaciones pendientes en todo el sistema judicial
Más allá de la Corte Suprema, el oficialismo tiene en carpeta avanzar con un volumen significativo de nombramientos. Según pudo saberse, el Gobierno ya tendría prácticamente definidos los concursos para cubrir 146 cargos de jueces federales, además de 37 fiscales y 45 defensores públicos que aún no fueron designados.
Estas incorporaciones permitirían cubrir más del 30% de las vacantes actuales en el sistema judicial argentino, un déficit que el Ejecutivo considera prioritario atender.
Negociaciones con gobernadores y límites políticos
En Casa Rosada no descartan negociar con gobernadores dialoguistas los cargos pendientes en juzgados federales, aprovechando el vínculo político construido durante el tratamiento de leyes clave en el Congreso. Sin embargo, desde el oficialismo aclaran que no se avanzará sin filtros: “No estamos dispuestos a designar malos jueces”, remarcan fuentes del Gobierno.
Cómo es el proceso de selección judicial
El mecanismo para cubrir vacantes contempla varias etapas. En primer lugar, los aspirantes deben presentarse a concursos. Luego, el Consejo de la Magistratura conforma ternas que, tras la aprobación del Plenario, son remitidas al Ministerio de Justicia.
Desde allí, el Poder Ejecutivo selecciona los nombres que finalmente envía al Senado, donde se define si los pliegos reciben o no el acuerdo correspondiente.
El Procurador General, sin cambios inmediatos
Por último, el Gobierno no prevé avanzar en el corto plazo con el reemplazo del Procurador General de la Nación, cargo que actualmente ocupa de manera interina Eduardo Casal. Desde el entorno presidencial señalan que esa definición no está en la agenda de marzo y quedará sujeta a una decisión futura de Javier Milei.
