La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una solicitud urgente al Reino Unido para que reconsidere su plan de expulsar a migrantes hacia Ruanda. Esta petición se produce después de que el Parlamento británico aprobara un controvertido proyecto de ley que permite dicha medida.
Filippo Grandi, director de la Agencia de la ONU para los Refugiados, y Volker Turk, director de la Agencia de la ONU para los Derechos Humanos, han pedido al Gobierno británico que adopte medidas prácticas para abordar los flujos irregulares de refugiados y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto a la legislación internacional de derechos humanos.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, se ha sumado a esta petición, solicitando a Reino Unido que no deporte a migrantes hacia Ruanda, como lo autoriza la nueva ley. Según O’Flaherty, esta ley viola la independencia judicial y diversos tratados internacionales firmados por Londres.
En su comunicado, O’Flaherty señala que el Gobierno británico debería abstenerse de transferir personas y revertir la violación efectiva de la independencia judicial que contiene esta ley. Aunque el nuevo acuerdo con Ruanda incorpora ciertas disposiciones para prevenir la expulsión hacia los países de origen, el Tribunal Supremo ha destacado la necesidad de garantizar a las personas afectadas la posibilidad de solicitar un control judicial independiente para determinar si el país al que serán enviadas se considera «seguro».
Sin embargo, el problema radica en que la ley aprobada por el Parlamento británico priva a las personas afectadas de un verdadero recurso ante los tribunales británicos, ya que no se les permite analizar cualquier alegación sobre el hecho de que Ruanda no pueda cumplir con el tratado bilateral, vulnerando así los derechos de los refugiados protegidos por la ONU y los tratados internacionales.
La ONU, junto con el Consejo de Europa, insta encarecidamente al Reino Unido a reconsiderar esta medida y buscar alternativas que respeten los derechos humanos de los migrantes y refugiados. Se enfatiza la importancia de la cooperación internacional en la gestión de los flujos migratorios y se hace hincapié en la necesidad de garantizar la independencia judicial y el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.