En un esfuerzo reciente por abordar la inseguridad persistente, el gobierno de Ignacio Torres lanzó un nuevo programa para capacitar a videovigiladores, buscando reforzar la vigilancia a través de monitores de seguridad. Esta medida, presentada con gran pompa, esta siendo criticada por que se considera más espectáculo que sustancia, aparentemente destinada a aplacar el descontento popular sin abordar las causas subyacentes de la inseguridad.
Críticos señalan que este curso podría ser un intento de disminuir las interacciones con el sistema judicial, sugiriendo que el gobierno busca evitar confrontaciones directas que podrían exigir una postura más firme contra irregularidades judiciales. Esto plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones del gobernador Torres, quien parece preferir la gestión de percepciones públicas sobre tomar acciones concretas contra la corrupción y el crimen.
La comunidad se pregunta si estas acciones son solo una cortina de humo para ocultar la falta de una política de seguridad más robusta y directa. ¿Está el gobernador evitando deliberadamente el enfrentamiento judicial necesario para una reforma genuina?
