El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, blanqueó que pagará con el bono AE38, que hoy cotiza un 50% bajo la par, una deuda de US$ 1.200 millones acumulada por el Estado por no pagar los costos de generación de energía y provisión de gas natural para usinas térmicas. Fuerte oposición de la mayoría de las petroleras y de empresas generadoras.
El escenario más temido por las grandes generadoras eléctricas y en menor medida por empresas petroleras se terminó de confirmar este jueves por la tarde cuando el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, blanqueó a unos 50 ejecutivos del sector energético que el gobierno pagará con un bono una deuda millonaria consolidada en Cammesa, la empresa que se encarga del despacho de energía, porque el Estado no pagó los costos de producción y transporte eléctrico durante los últimos cuatro meses.
Flanqueado por Diego Aduriz, jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, y por el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que pese a ser la autoridad de aplicación en la materia prácticamente no emitió opinión en la reunión, Caputo afirmó la intención de cancelar con el bono AE38, un título en dólares que hoy cotiza un 50% por debajo de la par, un pasivo de unos U$S 1200 millones acumulado por las empresas, tal como había adelantado el portal EconoJournal el 9 de marzo.
A su vez, a las generadoras que acumularon acreencias en pesos se les ofreció un bono tipo dólar linked, aunque por la mitad del valor nominal del pasivo. En ambos casos, lo que se deja traslucir es que el gobierno quiere que las empresas aceptan una quita del 50% del capital que deberían cobrar. Los intereses por el atraso de pago no llegaron ni siquiera a discutirse.
En una extraña interpretación, Aduriz señaló que como Cammesa no llegó a emitir las facturas de pago a las generadoras (cobran por la producción de energía) y a las petroleras (se les remunera la venta de gas para centrales termoeléctricas) no corresponde abonarlos. Caputo blanqueó ayer (jueves) que pretende que las empresas acepten una quinta del 50% de la deuda acumulada por el Estado.
Perjudicados
En la reunión se conversó únicamente por la cancelación de la deuda de Cammesa. Resta saber qué hará el gobierno con la deuda en poder de los productores por los incumplimientos en los pagos del Plan Gas, que explican un pasivo del Estado de otros US$ 900 millones. Se estima, sin embargo, que esa deuda —que, en rigor, que se viene acumulando desde 2022— se cancelará por la misma vía con una quita similar.
Si ese es el caso, el plan de la administración de Javier Milei consistiría en pagar con bonos que hoy tienen un valor de mercado de cerca de US$ 1000 millones una deuda total cercana a los US$ 2000 millones. En los hechos, implica que los privados acepten una reestructuración compulsiva de los contratos de venta de energía y provisión de combustible (gas natural) que están expresados en dólares.
Salvo excepciones, la mayoría de los directivos de las empresas productoras de gas —Tecpetrol, petrolera del grupo Techint, la francesa TotalEnergies, Pampa Energía, el holding que encabeza Marcelo Mindlin, Wintershall Dea, y las locales Pluspetrol y CGC, entre otras—,se mantuvieron en silencio durante el encuentro, aunque de un relevamiento realizado por ese medio especializado se desprende que la gran mayoría de las empresas se opone a lo formulado.
El dato tiene repercusión en Chubut porque la generadora Hidroeléctrica Ameghino (HASA) tuvo en abril dificultades para pagar los salarios de los trabajadores por primera vez en 20 años debido a la deuda que mantiene Cammesa con la empresa. La situación generó un planteo de los trabajadores afiliados al gremio de Luz y Fuerza, que reclamaron por el corte de la cadena de pagos que dispuso la gestión libertaria.
Las más perjudicadas a nivel nacional son las empresas generadoras como Pampa, Central Puerto, MSU Energy, Albanesi e YPF Luz, que tomaron deuda en dólares en el exterior para financiar la construcción de centrales termoeléctricas. Sus directivos tendrán la difícil tarea de explicar a los tenedores de sus bonos de deuda —en buena medida fondos de inversión a los que el gobierno debería convencer de que sigan prestando dinero para construir infraestructura en la Argentina— por qué un gobierno libertario como el del presidente Javier Milei desconoció la letra chica de acuerdos vigentes y forzó una reestructuración de contratos PPA de Cammesa por primera vez en 20 años.