José Salvador Silva, expresidente de la Cooperativa Eléctrica y miembro del último Consejo de Administración, se refirió al estado actual de la entidad.
Según lo publicado por El Chubut, el ex consejero habló sobre la intervención y cuestionó al Poder Concedente por haber frenado los aumentos tarifarios.
En una entrevista con el programa Invencibles, José Salvador Silva, se refirió a la intervención ordenada judicialmente, y a la reciente solicitud del interventor de un aumento tarifario del 200%. Silva sostuvo que este aumento era necesario y fue solicitado también por el Consejo de Administración el año pasado, cuando los costos ya hacían insostenible la operación.
Silva lamentó las acusaciones de corrupción vertidas sobre el consejo, señalando que «se demostró que no era así». En su opinión, la intervención y el desplazamiento del Consejo responden a intereses políticos y sindicales, que según él consideraban al Consejo de Administración «una piedra en el zapato. Aparentemente, no queríamos hacer algunas cosas que ellos querían y, por eso, prepararon esta intervención», explicó Silva, añadiendo que cuando era presidente del Consejo, incluso solicitaron al gobernador una auditoría completa para demostrar que la cooperativa estaba en orden.
Silva subrayó que la solicitud de un aumento tarifario ya había sido planteada por el Consejo con la misma urgencia, y que el propio interventor ahora reconoce que sin un incremento del 200%, la cooperativa no podría sostenerse.
«El interventor no descubrió nada nuevo; solo está diciendo lo que el Consejo planteaba hace un año», comentó. Según Silva, resulta «contradictorio» que ahora se le otorgue al interventor el poder de solicitar este ajuste cuando el Consejo no recibió el mismo respaldo.
El costo de la intervención
Silva también criticó los gastos asociados a la intervención. Según sus declaraciones, el interventor y sus tres asistentes le cuestan a la cooperativa entre 45 y 50 millones de pesos mensuales, una cifra que calificó de excesiva comparada con el presupuesto del Consejo anterior. Silva explicó que estos gastos adicionales, entre sueldos y viáticos, representan una carga significativa para la cooperativa, que ya enfrenta una situación económica compleja. «En vez de ayudar, la intervención está generando un gasto innecesario que podría haberse evitado», sostuvo.
La deuda con Cammesa
Consultado sobre la situación financiera, Silva explicó que el Consejo saliente dejó en orden las cuentas con proveedores y sindicatos, incluyendo acuerdos para el pago de deudas con la AFIP. Sin embargo, apuntó que la deuda con la mayorista de energía, Cammesa, sigue siendo el desafío más grande para la cooperativa. Según él, sin el incremento tarifario, la cooperativa no podrá sostener sus obligaciones y el servicio podría deteriorarse.
Silva cerró la entrevista con un llamado a la reflexión sobre el rol del poder político y sindical en esta intervención, y subrayó que la situación actual de la cooperativa debe ser analizada con transparencia para evitar mayores perjuicios a los servicios que brinda.