Caputo reunió con Bullrich. La Casa Rosada mantuvo una cumbre de Seguridad para afinar detalles del operativo por la marcha de los jubilados de este miércoles, a la que asistirán sindicatos y movimientos sociales.
El Ejecutivo sostiene que hará controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y que mantendrá la tarea del Comando Unificado de Fuerzas Federales.
El asesor presidencial Santiago Caputo recibió a las 11 a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y al jefe de operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz. “Preparamos un esquema para reaccionar a la violencia, como el miércoles pasado”, expresan en Nación.
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, también formaron parte del encuentro en el despacho del consultor. En Balcarce 50 manifiestan que la se reunión se organizó para definir además la línea política del oficialismo sobre la movilización.
La Casa Rosada no espera que participen barrasbravas de la manifestación y mantiene la postura de que “es una marcha política que busca desestabilizar la gestión”. Preparan un operativo de más de 1000 agentes de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeoportuaria y Prefectura.
El Gobierno hará controles de acceso a la Ciudad con las fuerzas de seguridad y con la participación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Es por eso que formó parte del encuentro Mogetta, que regula los accesos viales, ferroviarios y aéreos.
El Ejecutivo sostiene que detendrá a todas las personas que “incurran en conductas que afecten la seguridad” y asegura que se respalda en el artículo 94 del Código Penal. Reconoce además que “es posible que la gente corte las calles si no entra en la plaza”.
La Casa Rosada ya le aplicó el derecho de admisión a 26 hinchas involucrados en los destrozos en la marcha de la semana pasada. Lo hizo a través de una resolución del Ministerio de Seguridad, que excluyó a dos extranjeros y a dos menores.
Nación denunció penalmente a los barras y militantes detenidos tras el enfrentamiento en el Congreso y solicitó también que se declare incompetente a la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Karina Andrade, que autorizó su liberación.