El Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) expresó su firme rechazo a la última versión del proyecto de desregulación del transporte marítimo, fluvial y lacustre, advirtiendo que la iniciativa impulsada por el gobierno nacional implicaría una derogación encubierta de la Ley de Cabotaje.
Desde la conducción del gremio, encabezada por Mariano Vilar, denunciaron que «el Poder Ejecutivo Nacional, en lugar de adoptar medidas para eliminar las asimetrías en los costos operativos de los buques de bandera nacional frente a sus competidores regionales, impulsa un régimen de excepción que, en la práctica, representa la desaparición del cabotaje marítimo y fluvial argentino «.
Desde SICONARA, manifestaron un profundo repudio a esta intención del gobierno nacional, advirtiendo que la medida contenida en el proyecto de desregulación del transporte marítimo no solo pone en jaque la soberanía nacional, sino que también representa un grave riesgo para miles de puestos de trabajo, según publicó Pescare.
En lugar de implementar soluciones que permitan reducir las desigualdades en los costos operativos de los buques de bandera nacional, el Ejecutivo opta por establecer un régimen de excepción que, en términos concretos, significaría el desmantelamiento del cabotaje marítimo y fluvial en Argentina.
El sindicato manifestó su rechazo al proyecto de decreto promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al que calificaron como una medida «entreguista». En este sentido, Vilar aclaró que «hasta el momento, no hemos sido convocados a dialogar, a pesar de nuestra disposición para hacerlo «.
Asimismo, el dirigente gremial advirtió sobre los efectos negativos que generaría la desregulación en la legislación laboral, señalando que la medida «atenta contra la normativa vigente y beneficia a las empresas, otorgándoles amplias facultades para despedir trabajadores sin costo alguno «.
Entre los aspectos más críticos, mencionó que se prevé el pago de indemnizaciones equivalentes a solo diez días de salario básico y la posibilidad de otorgar licencias sin goce de sueldo por períodos de hasta diez años. «Básicamente, se busca despedir personal sin costo alguno para los empleadores «, enfatizó.
En este contexto, Vilar subrayó que el decreto también afecta el derecho a huelga y podría generar una pérdida masiva de puestos de trabajo. «Los primeros en ser perjudicados serán aquellos trabajadores que se encuentran en sus períodos de descanso «, advirtió.
Finalmente, el dirigente sindical instó a los trabajadores del sector a mantenerse unidos y a resistir las políticas del Ejecutivo nacional. «La ofensiva del gobierno sobre nuestros derechos exige una respuesta firme. No solo buscan despojarnos de nuestros derechos laborales, sino que también ponen en riesgo nuestras fuentes de empleo y los recursos naturales del país «, afirmó.
En este sentido, anunció que SICONARA trabaja en la presentación de un recurso de amparo judicial y que cuenta con el mandato de Asamblea para paralizar todas las actividades, incluida la pesca, en defensa de los puestos de trabajo, la soberanía nacional y la independencia económica del país.